La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó este martes la extradición pedida por España de Jesús María Lariz Iriondo, acusado de pertenecer a la organización armada vasca ETA, al considerar que el hecho que se le imputa ya prescribió para la legislación argentina.
Al avalar lo resuelto en el juicio de extradición realizado en junio pasado por el juez federal Claudio Bonadío, la Corte Suprema destacó además que no existe un "desarrollo progresivo suficiente en el derecho internacional que permita concluir que todos y cada uno de los actos que a partir de tratados internacionales pasan a ser calificados como actos de terrorismo, puedan reputarse, tan sólo por esa circunstancia, como delitos de lesa humanidad". También los jueces afirmaron que las circunstancias de este caso no eran análogas a las del caso "Arancibia Clavel", donde la Corte consideró que el asesinato del general chileno Carlos Prats, en los años '70, no estaba prescripto.
Lariz Iriondo, de 48 años, residió desde 1985 en Montevideo, donde instaló un restaurante. En noviembre de 2002 fue expulsado de Uruguay durante un operativo que fue denunciado por sus abogados como irregular.
Una juez uruguaya negó la extradición a España y decretó la libertad de Lariz Iriondo, quien niega ser miembro de ETA, aunque sí admitió pertenecer a sindicatos y organizaciones nacionalistas vascos. En lugar de dejarlo en libertad, el entonces presidente uruguayo, Jorge Batlle, dispuso por decreto su expulsión del país. Apenas llegó a la capital argentina, Lariz Iriondo fue detenido por miembros de la Interpol, ya que tenía orden de detención internacional expedida por el juez Garzón, quien lo acusa de intento de homicidio. Lariz Iriondo, quien estuvo preso en Buenos Aires hasta que el año pasado se dispuso su libertad, restringida, ha pedido que se le conceda el estatus de refugiado político.
El juez Claudio Bonadio, a instancias del fiscal, rechazó su extradición a España por considerar prescripta la causa, además de tomar en cuenta un informe en el que se aseguraba que en las prisiones españoles se violaban los derechos humanos.
Su abogado defensor, Eduardo Soares, dijo a AFP que espera que el gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vázquez derogue el decreto de expulsión que firmó Jorge Battle y abra la posibilidad de que su cliente retorne a ese país donde vivió dos décadas. El defensor recordó que existe un criterio internacional de que "los delitos de lesa humanidad solamente pueden ser cometidos por los estados".
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