. El juez Claudio Bonadío rechazó el pedido de extradición a España del ciudadano vasco Josú Lariz Iriondo, quien era requerido por el juez Baltasar Garzón, imputado de haber atentado contra la vida de tres policías mediante la colocación de un explosivo al paso de un patrullero.
En una sentencia plasmada en más de 70 carillas y leída esta tarde por el propio magistrado, Bonadío consideró que los delitos por los que la justicia española requería al supuesto "etarra" estaban prescriptos
El fiscal federal Eduardo Freiler había considerado en su alegato que los cargos por tentativa de homicidio y participación en una banda armada habían quedado prescriptos.
De esta manera, el supuesto etarra quedará libre mañana, tras abonar una caución de 10 mil pesos, según dispuso la Justicia.Tras el juicio, Lariz Iriondo fue trasladado nuevamente a su lugar de detención, en la unidad antiterrorista de la Policía Federal, desde donde quedará libre mañana, según se explicó en los tribunales de Comodoro Py 2002.
La acusación
El juez español Baltasar Garzón acusó a Lariz Iriondo (47) de haber participado en un atentado contra un patrullero en la localidad de Eibar, ocurrido el 9 de octubre de 1984, donde resultaron heridos tres agentes.
Pero Lariz Iriondo fue declarado prófugo hasta que fue localizado en Montevideo, donde en 1988 se había casado con una ciudadana de ese país y trabajaba como chef en un prestigioso restaurante de cocina vasca.
La justicia uruguaya rechazó los pedidos de extradición efectuados por España, pero Lariz Iriondo fue arrestado; el 22 de noviembre de 2003 fue arrestado por agentes de Interpol sobre la base de una orden impartida por la jueza María Servini de Cubría, y quedó alojado en la División Antiterrorista de la Policía Federal.
El martes 8 de junio Bonadío inició el proceso y Lariz Iriondo advirtió que no es de la ETA ni tiene "nada que ver con lo que se lo acusa". También le preguntó al juez: "¿Cómo va a extraditarme a un país donde se tortura a los presos vascos?".
Al día siguiente, el Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, pidió que el vasco se convierta en un "refugiado político".
La Fiscalía, en representación del estado español, requirió la extradición del imputado pero sólo por el delito de "estragos", ya que los otros delitos habían quedado prescriptos, a 12 años de la imputación.
La defensa no sólo insistió en la prescripción, sino que aseguró que el tema había sido "cosa juzgada" en Uruguay, resaltó los peligros de que sea remitido a España y reclamó que, en caso de que el pedido del fiscal prospere, su cliente sea liberado porque el delito imputado es excarcelable.
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