El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social inaugura en Vitoria una jornada sobre Renta Básica

El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, ha afirmado hoy que la acción de su Departamento y del Gobierno Vasco tiene como punto de partida irrenunciable “la lucha política por la construcción de una sociedad más solidaria, donde la protección de los derechos sociales se convierta en el eje prioritario de nuestras políticas sociales”.

Azkarraga ha inaugurado esta mañana en Vitoria-Gasteiz una jornada sobre Renta Básica y procesos de inserción organizada por el Departamento que dirige, cuyo objetivo es “reflexionar sobre uno de los capítulos que centra nuestra atención preferente y prioritaria: las políticas sociales referentes a la protección social y procesos de inserción”, para “testar si nuestras políticas en materia social realmente repercuten de forma eficaz en la cohesión de nuestra sociedad”. “Siempre he defendido que una construcción nacional sin el reverso indispensable de la construcción social quedaría absolutamente coja”, aseguró Azkarraga, quien apostó por hacer país desde políticas basadas en la justicia social y en la solidaridad.

Según el consejero, hay gastos que, en ningún caso, deben supeditarse a la ley de la oferta y la demanda, ni a las coyunturas de bonanza económica, sino que han de ser garantizados por los propios gobiernos; es decir, que “es preciso hacer política social de bienestar social, no de asistencia social”. Criticó asimismo que haya quien esté interesado en propagar que la única forma de globalización es desmantelar el Estado de bienestar. “Eso no es así: existe, y es posible, otra forma más racional y más justa de hacer las cosas”, añadió. Para Azkarraga, la creación de empleo, y a partir de ahí el mantenimiento del sistema de bienestar social, contemplados desde la perspectiva europea, pasa por “creer en la dimensión humana de la economía, por apostar por las personas; pasa por la participación de todos en el entramado político y social: de los actuales Estados y también de los Pueblos sin Estado; y pasa por materializar también este entendimiento desde el diálogo y el acuerdo”.

A pesar de constatar, con datos, que en Euskadi las políticas sociales van muy por delante del resto del Estado, Azkarraga dijo huir de la autocomplacencia y señaló que prefiere mirar hacia quienes están mejor que nosotros. Sin embargo, matizó que “sería más fácil acercarnos a la situación de esos países punteros, si de una vez por todas contáramos con todos los instrumentos de autogobierno necesarios, empezando por aquellos que estatutariamente nos corresponden, pero se nos han hurtado hasta la fecha”, entre los que citó la gestión directa de la Seguridad Social, la puesta en marcha de un modelo moderno y progresista de protección social y la transferencia de las políticas de empleo en su globalidad.

No obstante, advirtió que su Departamento hará lo que esté en su mano para compensar ese hándicap impuesto desde los sucesivos gobiernos del Estado. Así, recordó que el presupuesto del Departamento contempla 62 millones de euros para abordar materias de propia competencia pero que no han sido transferidas.

Destacó, igualmente, que en las cuentas de su área el capítulo social es el que acapara la mayor parte del gasto. Fundamentalmente, en el marco del Plan Vasco de Inserción 2003-2005, que pretende garantizar desde la solidaridad los ingresos mínimos necesarios para el desarrollo de una vida digna y autónoma, y conseguir la inclusión social en el mercado normalizado de trabajo de quienes se encuentran en una situación de exclusión social (Renta Básica, AES, políticas de formación y empleo…). Aludió además a la protección social de las familias, capítulo en el que se pretende seguir mejorando y aumentando el esfuerzo del Gobierno Vasco, que en 2003 se tradujo en ayudas por valor de 53 millones y medio de euros.

Otro de los asuntos a analizar es, en palabras de Azkarraga, el fenómeno de la llegada de trabajadores y trabajadoras de otros lugares, ante el que “todos deberemos hacer grandes esfuerzos de planificación y de integración”. En este capítulo, mostró su esperanza en que la nueva legislación española y europea “sustituya la explotación, la discriminación y la inhumanidad, por criterios más realistas y más solidarios basados en la justicia y en la igualdad, esto es: empleo con derechos”.

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