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18 de mayo de 2006

Navarra y la Transitoria Cuarta

Carlos Garaikoetxea Urriza
Mucho se viene hablando últimamente de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución que establece el procedimiento a seguir en Navarra para la eventual participación en una autonomía común con el resto del País Vasco, pero, seguramente, serán muchos los que desconocen la forma en que se pactó esta disposición en el período constituyente de la transición y la razones que justificaron aquel difícil acuerdo que hoy quieren romper, especialmente UPN y PP (también el PSN ha tenido sus veleidades), partidos que se consideran herederos de quienes participaron en aquel consenso. Como es sabido, la famosa disposición, en síntesis, establece que la eventual participación de Navarra en un marco de autogobierno vasco común deberá ser refrendada por la mayoría de los navarros en referéndum, a propuesta del Organo Foral Competente.

Bastaría, precisamente, el tenor literal de la disposición para desmentir ese alarmismo que arteramente se está creando en torno a una posible negociación a espaldas de Navarra, porque nada podría negociarse contra la voluntad de la mayoría de los navarros y de sus máximos representantes, según dispone la Transitoria Cuarta, que además señala que tal iniciativa sólo podrá plantearse transcurridos períodos mínimos de cinco años (de ahí que se trate de una transitoriedad sui géneris, de vocación duradera, que quizá habría merecido una mejor sistemática legislativa).

Pero me parece especialmente importante subrayar aquí dos aspectos que deben tenerse en cuenta, a la vista de esa obsesión de la derecha por hacer desaparecer una disposición que se limita a remitirse a la voluntad democrática de los navarros para decidir sobre una cuestión en la que, guste o no guste, en Navarra coexisten dos opciones legítimas contrapuestas: la de los que quieren una Navarra organizada políticamente de forma diferenciada de otros territorios vascos, y la de los que pensamos que Navarra es, precisamente, el territorio histórico con mayor carácter y rango histórico e institucional para encabezar un marco político común de todos los vascos, la Vasconia primigenia.

Para quien considere irrelevantes estas dos visiones de Navarra, repito, legítimas, merece la pena recordar que vienen de antiguo. Ya en 1868 era la Diputación navarra la que se dirigía en mensaje solemne a las diputaciones vascongadas, instándoles a «asociarse en la más íntima unión» invocando razones de tradición, cultura, idioma, etc...; y cada vez que se ha planteado un marco de autogobierno en el último siglo, han comparecido ambas tendencias. En el Estatuto de Estella de 1931 triunfaba la opción «pro-vasquista», posteriormente derrotada en la controvertida Asamblea del Teatro Gayarre, tras las modificaciones exigidas por la República. Cuando, tras la dictadura, se vuelve a plantear la cuestión del Estatuto vasco, se reproduce en Navarra esa doble opción, que inicialmente aparece equilibrada cuando el PSN (entonces integrado en el PSE) firma, incluso, el llamado Compromiso Autonómico para un Estatuto Común con los nacionalistas vascos, y pierde por poco las primeras elecciones en Navarra (la habitual clarividencia del autodenominado MLNV contribuyó a la victoria de la de-recha con su ausencia en las urnas, y su repudio de la única opción realista para un estatuto común, en la reciente historia).

Pero con el cambio del PSOE o sin él (también la derecha cambió en 1932), con una mayoría exigua o más amplia, como la actual, de la opción favorable a una autonomía diferenciada de Navarra, la realidad política de Navarra requería que un sector minoritario, pero no irrelevante, no podía quedar sin vías legales expeditas para poder defender democráticamente su opción «vasquista», y esto fue resuelto racionalmente en una de las más difíciles negociaciones a las que he podido asistir. Se trata de un importante consenso que hoy se quiere romper, y en el otro aspecto que deseaba subrayar.

En 1978 mantuvieron en la Presidencia del Gobierno una maratoniana negociación, una representación del máximo nivel del Gobierno Español y su partido UCD encabezada por el Vicepresidente Abril Martorell, con Lavilla, Herrero de Miñón, etc., y la participación cualificada de Navarra, entre otros por Del Burgo; otra representación del PSOE, encabezada por Enrique Múgica, (a la sazón miembro de la troika dirigente con Felipe y Guerra), junto con Benegas, Urralburu etc.; y otra representación del nacionalismo vasco que yo mismo compartí con Ajuriaguerra y Aguirre. La pretensión inicial del partido del Gobierno, evidentemente a instancias de la representación navarra, fue que se necesitara una mayoría en referéndum de tres cuartas partes de los votantes navarros, mayoría que pronto redujeron a dos tercios, para optar por un estatuto vasco común. Tras interminables discusiones en las que hicimos ver lo irracional de pretender que un 34% de la población tuviera a raya al 66% de la misma, se aceptó nuestra propuesta de un referéndum de la mayoría de los votos válidos emitidos. El último obstáculo vino constituido por la pretensión de UCD y PSOE de que la consulta sólo se pudiera realizar una vez y para siempre. Finalmente se acordó que sólo se pudiera replantear en períodos razonables mínimos de cinco años.

Este fue uno de los consensos más laboriosos que me correspondió negociar con los dos partidos hegemónicos españoles de la época, con sus representantes navarros incluidos. Naturalmente fue repudiado por los extremismos de ambos lados. Pero, al margen de constituir una salida racional, democrática y, ante todo, respetuosa con la voluntad de los navarros, para una opción alternativa de autogobierno, (la única que históricamente se ha venido planteando), la ruptura de aquel consenso plasmado en la Transitoria Cuarta y el llamado «blindaje», es decir, el cierre de una vía democrática a una aspiración permanente de un sector importante de la población navarra, constituiría una tropelía de consecuencias imprevisibles, sólo subsanable y mejorable, claro está, por un reconocimiento inequívoco de la capacidad de los navarros para optar libremente por cualquier forma de organizar su autogobierno en el futuro, solos o acompañados por quien deseen. -

1 comentario:

Anónimo dijo...

Esta web reproduce la carta de Garaikoetxea y la respuesta que Onintza Lasa da a la respuesta de Aoiz a Garaikoetxea, pero no se cita la carta de Aoiz, que está en
http://www.gara.net/idatzia/20060522/art165435.php y dice lo siguiente:

Floren Aoiz - Escritor
Transitorias, transiciones, transacciones...


Qué puede empujar a un ex lehendakari de la CAV, fundador y presidente durante mucho tiempo de Eusko Alkartasuna a alabar el comportamiento del Partido Nacionalista Vasco durante los primeros y decisivos años de la transición? ¿A quién interesa hacer el boca a boca a la nefasta estrategia de la anexión-integración, gran coartada del navarrismo españolista? ¿Quién añora los tiempos del consenso entre el PNV y la UCD de Jaime Ignacio Del Burgo?

Confieso que me ha sorprendido el artículo de Carlos Garaikoetxea alabando la Transitoria Cuarta, o mejor dicho alabándose a sí mismo como artífice de aquella formidable farsa. No tanto porque diga algo nuevo, sino por la vehemencia con la que alza esta bandera en un momento político tan interesante y esperanzador como el actual. Como navarro que nunca ha podido decidir sobre el status de Navarra, me indigna esta defensa a ultranza del entramado jurídico y político que ha impuesto y asentado la división territorial del país.

Todo el mundo sabe que la idea de integración en la CAV es rechazada en Navarra, comenzando por la mayor parte de los abertzales, que no queremos ni oír hablar de que Navarra gire alrededor de nadie. Y esa es, precisamente, la vía que Garaikoetxea defiende ahora. La Transitoria Cuarta estipula un procedimiento complejo, lleno de obstáculos y nada democrático para materializar esa integración, expresión clara del papel que tiene Navarra en el modelo de país del PNV y, según parece, también en el de algunos dirigentes o ex dirigentes de EA.

La Transitoria Cuarta forma parte de la Constitución española actualmente vigente. Afirmar que esta disposición garantiza la libertad de decisión de los navarros es proclamar que la Constitución española garantiza la libertad de decisión de los navarros. Y eso es falso. La prueba es sencilla: en casi treinta años de vigencia de esta norma, lo único que ha garantizado es que los navarros tengamos un estatuto de autonomía que nunca hemos votado.

Tras casi tres décadas de partición sin consultar a la sociedad navarra, afirmar que el problema «fue resuelto racionalmente» y que aquel consenso «naturalmente fue repudiado por los extremismos de ambos lados» es una desfachatez. Fue una respuesta conveniente para los intereses del PNV, pero no para la sociedad navarra, que quedó en manos de la derecha cavernícola y un PSOE plegado a la razón de estado y dominado por las ambiciones personales.

La gran trampa de la transición en Navarra fue la idea de que mientras la eventual unidad con Araba, Bizkaia y Gipuzkoa requería una decisión explícita de las instituciones y la sociedad, la pervivencia de la Navarra foral y española no precisaba ratificación. La Transitoria Cuarta fue, simplemente, una manera de facilitar al PNV su venta de Navarra, haciendo que pareciera que no la había vendido del todo. Prueba de ello es que, significativamente, esa Constitución que Garaikoetxea ahora alaba prohíbe la federación de comunidades autónomas.

La obsesión por inventar una trayectoria personal ajena a la realidad llega al esperpento en la acusación a la izquierda abertzale de facilitar la victoria de la derecha en las elecciones de 1977. En aquellos comicios, el PNV pudo presentarse sin problemas mientras las fuerzas realmente comprometidas en la lucha antifranquista en Nafarroa eran ilegales o se veían obligadas a renunciar a sus siglas. Los jeltzales estaban convencidos de que iban a obtener unos resultados extraordinarios, pero la realidad fue muy diferente y el PNV comprendió inmediatamente que sus intereses hegemonistas corrían peligro en una comunidad de cuatro territorios, así que decidió dejar Navarra al margen. La alabanza que Garaikoetxea hace del consenso con Del Burgo es, aunque involuntaria, toda una confesión de quién se alió en aquellos años con la derecha reaccionaria.

Ahora bien, tiene razón Garaikoetxea en llamar la atención sobre las elecciones de 1977, porque fue entonces cuando UCD, con menos del 30% de los votos (y menos del 25% del censo) pudo decidir el futuro de Navarra gracias al procedimiento acordado por PSOE y PNV. Navarra quedó fuera del preautonómico y el PNV ni pestañeó. A partir de ese momento quedó claro que habría dos velocidades y que Navarra sólo podría sumarse a la comunidad que conformarían Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Volviendo a la actualidad, llama la atención que en torno a esta cuestión Imaz y Garaikoetxea defiendan exactamente las mismas posiciones. Ambos, aunque por razones que supongo distintas, necesitan que se juzgue como un acierto la actitud del PNV en la transición y se condene a la izquierda abertzale.

No hace falta ser un lince para observar la relación entre el modelo de la Transitoria Cuarta y la idea de varias mesas separadas para el proceso a abrir en Euskal Herria. Hay agentes interesados en reproducir la lógica de la partición desde el principio, para repetir el esquema de la transición. Si al PNV no le interesaba la unidad territorial hace treinta años, no le conviene más ahora. De ahí que la irrupción de Garaikoetxea en el debate tenga aires de pulso a la dirección de su propio partido, que se enfrenta en Navarra a una decisión histórica: actuar como satélite del PNV o establecer su propia estrategia. La marejada en Nafarroa Bai no es ajena a este dilema, y la complicidad de Aralar, Batzarre y algunos dirigentes y ex dirigentes de EA con los planes de Sabin Etxea está generando una pinza cada día más incómoda para la dirección de EA.

Sin embargo, el futuro de Navarra no puede quedar hipotecado por intereses partidistas ni por necesidades autobiográficas. La integración de Navarra en una CAV regida por el estatuto de la Moncloa no era «la única opción realista para un estatuto común, en la reciente historia». Había otra, hay otras, y ahora se están discutiendo, gracias a que hubo quien tuvo la clarividencia de no someterse al dictado de los franquistas y su reforma. Por suerte, Euskal Herria no gira alrededor del PNV, ni de ninguno de sus líderes ni ex líderes. -