DEIA
Los partidos, sindicatos y colectivos que han participado en Nazio Eztabaida Gunea suscribieron ayer el "Acuerdo Democrático de Base para la Resolución del Conflicto" en el que se aboga por una solución en la que no haya "ni vencedores ni vencidos" que finalice en una consulta en la que esté presente "toda la ciudadanía".
El acuerdo firmado por EA, Batasuna, Aralar, AB, ANV y Zutik plantea que el pueblo vasco "vive inmerso en un conflicto histórico no resuelto" que es de "naturaleza política" y que necesita una solución de carácter político en forma de un acuerdo "integrador e inclusivo entre todos los agentes políticos que conviven en el pueblo vasco" por lo que la superación del conflicto vendrá de un proceso de "diálogo y negociación política sin exclusiones". El acuerdo, que también ha sido suscrito por los sindicatos ELA, LAB , EHNE, Stee-Eilas, ESK, HIRU y ELB, plantea que "el pueblo vasco es un pueblo con identidad propia".
Según explicó Txutxi Ariznabarreta, que ejerció como portavoz, en la gestación de este acuerdo también han tomado parte el sacerdote irlandés Alec Reid y el ex gobernador republicano de Idaho, Pete Zenarruza, que han actuado como fedatarios del mismo, así como cuatro observadores internacionales encargados de garantizar «la transparencia y el carácter participativo y democrático del proceso».
El acuerdo cuenta ya con el apoyo de los colectivos ABK, Anai Artea, Askatasuna, Bai Euskal Herriari, Bilgune Feminista, EPPK, Esait, Etxerat, Euskal Herrian Euskaraz, Herria 2000 Eliza, Matalas y TAT, siendo uno de sus objetivos prioritarios la adhesión de nuevos firmantes.
En la presentación del documento estuvieron los líderes de los partidos y sindicatos firmantes Begoña Errazti, Arnaldo Otegi, Patxi Zabaleta, José Elorrieta y Rafa Díez, entre otros. La presidenta de EA consideró que con este acuerdo su formación expresa su «compromiso con la normalización y la paz» en el País Vasco al tiempo que aseguraba que con él «podemos estar a las puertas de un proceso de paz» porque «este es el momento de la política».
Otegi destacó el hecho de la firma realizada «entre agentes políticos, sindicales y sociales que pensamos diferente», que sirve para «poner en marcha» la mesa de diálogo y negociación propuesta en Anoeta, y se mostró convencido de que «dará sus frutos».
Por su parte Patxi Zabaleta consideró este acuerdo positivo a pesar de la ausencia de agentes «significativos, tanto abertzales -en referencia al PNV- como el Partido Socialista o Izquierda Unida».
6 de marzo de 2005
3 de marzo de 2005
Las lenguas
Javier Ortiz
Leo que la representación del Estado español boicoteará la celebración de un acto de la UE porque la documentación preparatoria que ha llegado a sus integrantes no está en castellano. Parece que no se trata de ninguna pijotería, sino de un episodio enmarcado dentro de la lucha que se está librando en la UE contra el intento más o menos soterrado de convertir en idiomas preferentes el inglés, el francés y el alemán, reduciendo a una segunda categoría de facto al resto de las lenguas teóricamente oficiales.
Ha tenido lugar ese incidente a las pocas horas de otro a raíz del cual Manuel Marín decidió prohibir que en la tribuna del Congreso de los Diputados español, que él preside, se produzcan intervenciones en cualquiera de las lenguas oficiales distintas del castellano. Aduce Marín que él había decidido permitir que se hablara en otras lenguas de manera más o menos testimonial, brevemente y con traducción rápida, pero que algunos diputados se estaban aprovechando de esa tolerancia para hacer intervenciones cada vez más largas y sin traducir.
En estos asuntos –en ambos– hay que distinguir entre lo que son cuestiones jurídico- formales, de un lado, y lo que son asuntos de fondo, de otro.
Es muy posible que, en términos estrictamente jurídicos, tengan razón tanto los delegados españoles en Bruselas como Marín. Los primeros, porque no hay ninguna norma comunitaria que les obligue a saber inglés, alemán o francés, y menos todavía con el grado de perfección que se requiere para debatir y acordar asuntos que pueden acabar resultando trascendentales. También cabe que tenga razón Marín porque quienes se oponen al uso del catalán, el gallego y el euskara en la tribuna del Congreso pueden protestar alegando que no entienden lo que se ha dicho y que, en consecuencia, no pueden debatirlo, y él está obligado a darles amparo, de acuerdo con el reglamento en vigor.
En lo que hay contradicción entre ambas posturas es en cuanto a los argumentos de fondo que están utilizando quienes creen que autorizar el uso de todas las lenguas oficiales del Estado en el Parlamento de Madrid crearía una situación «de torre de Babel», «muy poco práctica», etcétera, y quienes alegan que la UE debe tratar con idéntico respeto y consideración todas las lenguas oficiales de los estados que la componen, las hablen tantos o cuantos. De hecho, los problemas prácticos que plantearía que algunos diputados en Cortes intervinieran en catalán, en gallego o en euskara serían mínimos comparados con los que representa que toda la actividad de la UE deba realizarse en todas las lenguas oficiales. El argumento según el cual el caso del Estado español es diferente, porque aquí todos los ciudadanos se expresan perfectamente en castellano, no vale. Hay diputados a los que se les nota que no se expresan en castellano con la misma fluidez que en su lengua materna, y sus derechos lingüísticos –que son reflejo de los derechos de quienes le han confiado su representación política– merecen tanto respeto como los de cualquier otro.
Una cosa es que pueblos distintos –de distintas culturas, de diferentes tamaños– decidan coordinarse para cubrir en común determinadas necesidades y otra es que opten por su disolución como tales pueblos. La variedad cultural no es sólo enriquecedora; también es trabajosa. No me parece razonable que haya gente que se eche las manos a la cabeza cuando se habla del uso igualitario del catalán, del gallego o del euskara en las instituciones del Estado español y que, en cambio, esté reclamando que sean tratadas en plano de igualdad las lenguas oficiales de todos los estados de la UE, lo cual incluye –por ejemplo– al maltés, variedad del árabe magrebí hablada por una proporción realmente mínima de la población comunitaria.
Más problemático que todo esto es decidir qué hacemos con los parlamentarios que se expresan horriblemente en castellano... y que no conocen ninguna otra lengua. Tampoco.
Leo que la representación del Estado español boicoteará la celebración de un acto de la UE porque la documentación preparatoria que ha llegado a sus integrantes no está en castellano. Parece que no se trata de ninguna pijotería, sino de un episodio enmarcado dentro de la lucha que se está librando en la UE contra el intento más o menos soterrado de convertir en idiomas preferentes el inglés, el francés y el alemán, reduciendo a una segunda categoría de facto al resto de las lenguas teóricamente oficiales.
Ha tenido lugar ese incidente a las pocas horas de otro a raíz del cual Manuel Marín decidió prohibir que en la tribuna del Congreso de los Diputados español, que él preside, se produzcan intervenciones en cualquiera de las lenguas oficiales distintas del castellano. Aduce Marín que él había decidido permitir que se hablara en otras lenguas de manera más o menos testimonial, brevemente y con traducción rápida, pero que algunos diputados se estaban aprovechando de esa tolerancia para hacer intervenciones cada vez más largas y sin traducir.
En estos asuntos –en ambos– hay que distinguir entre lo que son cuestiones jurídico- formales, de un lado, y lo que son asuntos de fondo, de otro.
Es muy posible que, en términos estrictamente jurídicos, tengan razón tanto los delegados españoles en Bruselas como Marín. Los primeros, porque no hay ninguna norma comunitaria que les obligue a saber inglés, alemán o francés, y menos todavía con el grado de perfección que se requiere para debatir y acordar asuntos que pueden acabar resultando trascendentales. También cabe que tenga razón Marín porque quienes se oponen al uso del catalán, el gallego y el euskara en la tribuna del Congreso pueden protestar alegando que no entienden lo que se ha dicho y que, en consecuencia, no pueden debatirlo, y él está obligado a darles amparo, de acuerdo con el reglamento en vigor.
En lo que hay contradicción entre ambas posturas es en cuanto a los argumentos de fondo que están utilizando quienes creen que autorizar el uso de todas las lenguas oficiales del Estado en el Parlamento de Madrid crearía una situación «de torre de Babel», «muy poco práctica», etcétera, y quienes alegan que la UE debe tratar con idéntico respeto y consideración todas las lenguas oficiales de los estados que la componen, las hablen tantos o cuantos. De hecho, los problemas prácticos que plantearía que algunos diputados en Cortes intervinieran en catalán, en gallego o en euskara serían mínimos comparados con los que representa que toda la actividad de la UE deba realizarse en todas las lenguas oficiales. El argumento según el cual el caso del Estado español es diferente, porque aquí todos los ciudadanos se expresan perfectamente en castellano, no vale. Hay diputados a los que se les nota que no se expresan en castellano con la misma fluidez que en su lengua materna, y sus derechos lingüísticos –que son reflejo de los derechos de quienes le han confiado su representación política– merecen tanto respeto como los de cualquier otro.
Una cosa es que pueblos distintos –de distintas culturas, de diferentes tamaños– decidan coordinarse para cubrir en común determinadas necesidades y otra es que opten por su disolución como tales pueblos. La variedad cultural no es sólo enriquecedora; también es trabajosa. No me parece razonable que haya gente que se eche las manos a la cabeza cuando se habla del uso igualitario del catalán, del gallego o del euskara en las instituciones del Estado español y que, en cambio, esté reclamando que sean tratadas en plano de igualdad las lenguas oficiales de todos los estados de la UE, lo cual incluye –por ejemplo– al maltés, variedad del árabe magrebí hablada por una proporción realmente mínima de la población comunitaria.
Más problemático que todo esto es decidir qué hacemos con los parlamentarios que se expresan horriblemente en castellano... y que no conocen ninguna otra lengua. Tampoco.
26 de febrero de 2005
Larreina, Azkarraga y Ziarreta cabezas de lista de Eusko Alkartasuna a las elecciones del 17 de abril
La Asamblea Nacional de Eusko Alkartasuna, reunida el viernes en Gasteiz, aprobó la propuesta de la Ejecutiva Nacional de la formación de que sean Rafael Larreina, actual portavoz parlamentario y secretario de Organización; Joseba Azkarraga, consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social y miembro de la Ejecutiva Nacional, y Unai Ziarreta, secretario general, quienes encabecen las listas de la formación en las próximas elecciones del 17 de abril por Araba, Bizkaia y Gipuzkoa respectivamente. Rafa Larreina y Onintza Lasa han presentado las listas afirmando que se trata de “un equipo de trabajo serio, potente y valioso que debe responder a una coyuntura política muy importante, una legislatura para decidir y seguir dando respuesta en los diferentes ámbitos sectoriales de la vida cotidiana: medioambiente, sociedad, cultura, educación...” Eusko Alkartasuna considera que la que comienza será “una legislatura para decidir, para llevar a la práctica la decisión tom! ada sobre la Propuesta para un nuevo Estatuto Político”.
Larreina y Lasa han explicado que para la confección de las listas se ha partido del actual grupo parlamentario, del que siguen cuatro personas. Entre las incorporaciones, han destacado la vuelta de Juan Porres a la política activa y la entrada del secretario general, Unai Ziarreta, en la lista.
Completan la lista que encabeza Rafa Larreina por Araba Santiago Merino, Estibaliz Ibáñez de Gauna, Imanol Barrutia, Begoña Duque, Patxi Martínez de Albeniz, Idoia Cuadra y Rosa Kortabarria.
Karmele Antxustegi, Marcos Cucó, Begoña Landa, Jon Ander Garate, Edurne Gumuzio y Harritokieta Zulaika siguen a Joseba Azkarraga en la lista de Bizkaia. Y tras Unai Ziarreta en la de Gipuzkoa están Onintza Lasa, Juan Porres, Nekane Alzelai, Mikel Santiago, Belén Maiza, Ikerne Badiola, Alberto Unamunzaga y Jesús Mari Agirrezabala.
24 de febrero de 2005
¿Justicia independiente?
Gorka Knörr
Realmente, ha sido una sorpresa mayúscula ver cómo se ha reabierto la causa contra los Miembros de la Mesa del Parlamento, Juan Mari Atutxa, Kontxi Bilbao y yo mismo. No era esperable, en efecto, que tras el desistimiento del Fiscal General del Estado –recuérdese que la querella contra nosotros partió de aquella Fiscalía- el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) retomara la causa. Y lo ha hecho tras admitir el recurso presentado por “Manos Limpias” (sic), lo cual hace la cuestión doblemente sorprendente.
He tenido los hígados suficientes para leer el escrito del TSJPV, cosa que, créanme, encuentro muy necesaria (me refiero a lo de los hígados suficientes), pues es un tal cúmulo de afirmaciones inverosímiles, de hechos alterados, de descalificaciones personales a la juez instructora y de estilística arrogante, que resulta difícilmente digerible. Por no hablar de los propios límites que cabía esperar, por ejemplo, cuando se pretendiera corregir el resultado de una instrucción previa, corrección que debe resultar en principio algo normal en este tipo de procedimientos, pero que en este caso resulta ciertamente inusitada.
Inusitada tanto en la forma utilizada para acotar el auto de sobreseimiento previo de Nekane Bolado –rebate de tal manera a la juez instructora que uno acaba concluyendo que “un poco más, y empuran también a la juez”-, y en la reiteración de la fórmula “pregunta/respuesta” sobre lo que la Sala estima cuestiones clave para nuestra incriminación, que se responde sistemáticamente con un ROTUNDAMENTE NO (así, en mayúsculas), como por el propio fondo, puesto que personas poco sospechosas de inclinación de parte, incluído un conocido magistrado, han afirmado que el auto tiene más bien la forma de una sentencia definitiva. Vamos, que queda claro para los señores de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV que, si fuera por ellos, no habría necesidad alguna de ir al juicio oral.
Hay algunos detalles que resultan francamente hirientes. Que en nuestro Estado de derecho(?) se recoja generosamente el ejercicio de la acción popular pudiera resultar, en principio, un avance democrático. Pero algún límite debería contemplarse a tal instrumento; por ejemplo, que quienes ejercen esa acción sean personas con un mínimo de afectabilidad en la causa. Debe recordarse a este respecto que al propio Parlamento Vasco no se le permitió personarse en la causa de la ilegalización de Batasuna, por ejemplo. Si según el Tribunal Supremo, hay tanta seguridad de identidad partido/grupo parlamentario –algo desmentido por la jurisprudencia constitucional-, hubiera habido no uno, sino doble motivo para que se nos permitiera personarnos, no?
Sin embargo, se admite el recurso de Manos Limpias(?), conocido sindicato ultraderechista, y la propia Sala comienza su auto glosando algunas de las razones esgrimidas por tan peculiar sindicato, entre ellas, por no poner sino dos ejemplos, la actuación de los servicios jurídicos del Parlamento Vasco, y lo sucedido en la Junta de Portavoces, en el momento en que el Presidente Atutxa llevó a ese ámbito parlamentario su Resolución de Presidencia al objeto de poder, en su caso, llevar a cabo el auto del Tribunal Supremo.
Resulta escandaloso que la Sala glose, en este sentido, afirmaciones del sindicato ultraderechista en las que se dice de los servicios jurídicos del Parlamento Vasco que emiten informes “ad hoc” y que actúan “a la carta” (algunos, al parecer, deben tener este concepto de sus servicios). Se trata de los mismos servicios jurídicos de nuestro Parlamento, de los que dijo el PP que eran “abogados de ETA”, afirmación compartida por algunos socialistas, que en aquellos tiempos tenían algo más que miedo escénico a separarse un milímetro del PP en lo referente a Euskadi.
¿Y qué decir de la Junta de Portavoces? La Sala, que en el auto, más adelante, también recoge de manos del Supremo la misma y peregrina interpretación, también glosa la particular versión de Manos Limpias (¿). Más que particular, falsa versión de lo que en aquella Junta sucedió, diciendo que se permitió votar en la misma, y en el momento de tratarse del asunto de la disolución de su grupo parlamentario, al representante de Batasuna, para hacer prosperar la negativa a la Resolución de la Presidencia (obsérvese que en todo momento se parte del prejuicio de que todo estaba preparado para ese fin).
Pero se les olvida un pequeño detalle. Que no solamente no se vota en la Junta de Portavoces -como por otra parte es conocido, pues nunca se vota, sino que se escucha el parecer de los grupos-, sino que el tripartito PNV-EA-Ezker Batua no necesitaba, en todo caso de ese supuesto voto de Batasuna para alcanzar una posición mayoritaria frente al PP y el PSOE, pues los partidos del tripartito sumaban 36 votos frente a 32 de la oposición socialista-popular.
También se detiene la Sala en otro argumento de Manos Limpias(?), referido a que la juez instructora haya utilizado el criterio manifestado en informe por la Fiscalia General del estado con fecha de 28 de Noviembre de 2002, sosteniendo la referida Fiscalía que partido político y grupo parlamentario eran realidades jurídicas distintas. Manos Limpias(?) sostiene, y la Sala no le corrige, que “nadie había pedido que se hiciese mención a aquel informe de la Fiscalía”. ¿Cómo que no? En nuestra declaración ante la Sala nos referimos varias veces a nuestra coincidencia de criterio con aquel informe, que avalaba, indudablemente, lo que nosotros pensábamos sobre el fondo de la causa. ¿Cómo se puede afirmar tal cosa, y, lo que es peor, cómo es posible que la Sala lo ratifique?
Dejo para otra ocasión glosar otras perlas del auto del TSJPV, no sin dejar de comentar que durante su lectura tuve la sensación de que era tal el grado de descalificación, rozando lo insultante, contra la juez instructora Nekane Bolado, que pensé que no era descartable que también ella fuera objeto de querella por parte de estos caballeros.
Dicho lo cual, se comprenderá que cada día seamos más los que no solo pensemos, sino que afirmemos que estos estamentos judiciales son todo lo que se quiera, menos independientes.
Realmente, ha sido una sorpresa mayúscula ver cómo se ha reabierto la causa contra los Miembros de la Mesa del Parlamento, Juan Mari Atutxa, Kontxi Bilbao y yo mismo. No era esperable, en efecto, que tras el desistimiento del Fiscal General del Estado –recuérdese que la querella contra nosotros partió de aquella Fiscalía- el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) retomara la causa. Y lo ha hecho tras admitir el recurso presentado por “Manos Limpias” (sic), lo cual hace la cuestión doblemente sorprendente.
He tenido los hígados suficientes para leer el escrito del TSJPV, cosa que, créanme, encuentro muy necesaria (me refiero a lo de los hígados suficientes), pues es un tal cúmulo de afirmaciones inverosímiles, de hechos alterados, de descalificaciones personales a la juez instructora y de estilística arrogante, que resulta difícilmente digerible. Por no hablar de los propios límites que cabía esperar, por ejemplo, cuando se pretendiera corregir el resultado de una instrucción previa, corrección que debe resultar en principio algo normal en este tipo de procedimientos, pero que en este caso resulta ciertamente inusitada.
Inusitada tanto en la forma utilizada para acotar el auto de sobreseimiento previo de Nekane Bolado –rebate de tal manera a la juez instructora que uno acaba concluyendo que “un poco más, y empuran también a la juez”-, y en la reiteración de la fórmula “pregunta/respuesta” sobre lo que la Sala estima cuestiones clave para nuestra incriminación, que se responde sistemáticamente con un ROTUNDAMENTE NO (así, en mayúsculas), como por el propio fondo, puesto que personas poco sospechosas de inclinación de parte, incluído un conocido magistrado, han afirmado que el auto tiene más bien la forma de una sentencia definitiva. Vamos, que queda claro para los señores de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV que, si fuera por ellos, no habría necesidad alguna de ir al juicio oral.
Hay algunos detalles que resultan francamente hirientes. Que en nuestro Estado de derecho(?) se recoja generosamente el ejercicio de la acción popular pudiera resultar, en principio, un avance democrático. Pero algún límite debería contemplarse a tal instrumento; por ejemplo, que quienes ejercen esa acción sean personas con un mínimo de afectabilidad en la causa. Debe recordarse a este respecto que al propio Parlamento Vasco no se le permitió personarse en la causa de la ilegalización de Batasuna, por ejemplo. Si según el Tribunal Supremo, hay tanta seguridad de identidad partido/grupo parlamentario –algo desmentido por la jurisprudencia constitucional-, hubiera habido no uno, sino doble motivo para que se nos permitiera personarnos, no?
Sin embargo, se admite el recurso de Manos Limpias(?), conocido sindicato ultraderechista, y la propia Sala comienza su auto glosando algunas de las razones esgrimidas por tan peculiar sindicato, entre ellas, por no poner sino dos ejemplos, la actuación de los servicios jurídicos del Parlamento Vasco, y lo sucedido en la Junta de Portavoces, en el momento en que el Presidente Atutxa llevó a ese ámbito parlamentario su Resolución de Presidencia al objeto de poder, en su caso, llevar a cabo el auto del Tribunal Supremo.
Resulta escandaloso que la Sala glose, en este sentido, afirmaciones del sindicato ultraderechista en las que se dice de los servicios jurídicos del Parlamento Vasco que emiten informes “ad hoc” y que actúan “a la carta” (algunos, al parecer, deben tener este concepto de sus servicios). Se trata de los mismos servicios jurídicos de nuestro Parlamento, de los que dijo el PP que eran “abogados de ETA”, afirmación compartida por algunos socialistas, que en aquellos tiempos tenían algo más que miedo escénico a separarse un milímetro del PP en lo referente a Euskadi.
¿Y qué decir de la Junta de Portavoces? La Sala, que en el auto, más adelante, también recoge de manos del Supremo la misma y peregrina interpretación, también glosa la particular versión de Manos Limpias (¿). Más que particular, falsa versión de lo que en aquella Junta sucedió, diciendo que se permitió votar en la misma, y en el momento de tratarse del asunto de la disolución de su grupo parlamentario, al representante de Batasuna, para hacer prosperar la negativa a la Resolución de la Presidencia (obsérvese que en todo momento se parte del prejuicio de que todo estaba preparado para ese fin).
Pero se les olvida un pequeño detalle. Que no solamente no se vota en la Junta de Portavoces -como por otra parte es conocido, pues nunca se vota, sino que se escucha el parecer de los grupos-, sino que el tripartito PNV-EA-Ezker Batua no necesitaba, en todo caso de ese supuesto voto de Batasuna para alcanzar una posición mayoritaria frente al PP y el PSOE, pues los partidos del tripartito sumaban 36 votos frente a 32 de la oposición socialista-popular.
También se detiene la Sala en otro argumento de Manos Limpias(?), referido a que la juez instructora haya utilizado el criterio manifestado en informe por la Fiscalia General del estado con fecha de 28 de Noviembre de 2002, sosteniendo la referida Fiscalía que partido político y grupo parlamentario eran realidades jurídicas distintas. Manos Limpias(?) sostiene, y la Sala no le corrige, que “nadie había pedido que se hiciese mención a aquel informe de la Fiscalía”. ¿Cómo que no? En nuestra declaración ante la Sala nos referimos varias veces a nuestra coincidencia de criterio con aquel informe, que avalaba, indudablemente, lo que nosotros pensábamos sobre el fondo de la causa. ¿Cómo se puede afirmar tal cosa, y, lo que es peor, cómo es posible que la Sala lo ratifique?
Dejo para otra ocasión glosar otras perlas del auto del TSJPV, no sin dejar de comentar que durante su lectura tuve la sensación de que era tal el grado de descalificación, rozando lo insultante, contra la juez instructora Nekane Bolado, que pensé que no era descartable que también ella fuera objeto de querella por parte de estos caballeros.
Dicho lo cual, se comprenderá que cada día seamos más los que no solo pensemos, sino que afirmemos que estos estamentos judiciales son todo lo que se quiera, menos independientes.
El Consejero de Justicia acusa al CGPJ de ejercer como contrapoder político bajo el control del PP
El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, acusó hoy al Consejo general del Poder Judicial por haberse consolidado como el órgano político que, bajo el control del PP, ejerce de contrapoder y se constituye en grupo de oposición a las instituciones democráticas vascas. Azkarraga acusa además al CGPJ de degradar su función "a la de mero administrador de los intereses de la derecha más refractaria a la práctica democrática".
La decisión adoptada ayer por el Consejo General del Poder Judicial, al rechazar la terna de candidatos propuesta por el Parlamento Vasco supone para Azkarraga "un desprecio en toda regla a la institución proponente, en la que reside la soberanía popular, y una prueba clara de que los intereses que dirime, en nada responden al buen funcionamiento de la Justicia".
En nombre del Ejecutivo Ibarretxe, el consejero dice que "la mayoría conservadora del CGPJ atendió ayer a los antidemocráticos criterios establecidos desde las filas del PP y, según los cuales, hay que evitar a toda costa que quienes no son beligerantes contra las instituciones democráticas vascas puedan acceder al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco".
El consejero vasco de Justicia denuncia que el rechazo a la terna propuesta por el Parlamento no se ha basado en criterios técnicos "sino en una pura actitud política, o mejor dicho, partidista, que preconiza la expulsión institucional, judicial en este caso, de todo aquella persona que, desde el prisma de esta especie de neoinquisición, pueda presuntamente sentirse respetuosa con las instituciones democráticas vascas". Apunta, asimismo, que la decisión adoptada por el Consejo del poder Judicial, en su reunión del miércoles 23-F, supone de facto un “golpe” a los principios de imparcialidad e independencia.
Para Joseba Azkarraga "no es una casualidad" que se haya decidido rechazar la terna cuando la nominación afecta de forma directa a la Sala de lo Civil y Penal encargada de juzgar a los tres miembros de la Mesa del Parlamento Vasco. "Como tampoco es fortuito -añade- que el magistrado designado anteriormente como miembro de esta misma Sala, fuera, de entre los de la terna propuesta, precisamente aquél que menos votos había recabado, aunque eso sí, esos votos eran los de los representantes del PP".
Se confirma, según Azkarraga, que lo que debería ser el Gobierno de los Jueces "no es sino el vehículo e instrumento para que el partido que perdió el poder en unas elecciones dirima la política judicial y continúe marcando la judicialización de la política que algunos venimos denunciando desde hace tiempo". "El gravísimo conflicto institucional que el Tribunal Supremo abrió contra el Parlamento Vasco y la posterior querella contra los miembros de la Mesa del legislativo ha tenido en el Consejo General del Poder Judicial un conveniente aliado".
El consejero, en nombre del Gobierno vasco, traslada su apoyo y solidaridad a los tres electos encausados, Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, y expresa, "desde el respeto a las resoluciones judiciales, su honda preocupación ante el hecho de que la Sala de lo Civil y Penal del TSPV justifique en este grupúsculo ultraderechista su decisión de que sean juzgados los tres parlamentarios aludidos, en contra del criterio de la jueza instructora y del propio fiscal general del Estado".
El consejero considera que la independencia e imparcialidad del Poder Judicial se cuestionan con actuaciones como las de ayer del Consejo y por lo tanto, "no debe causar extrañeza que ante este ya largo cúmulo de decisiones contrarias a una Justicia verdaderamente democrática, reafirmemos nuestra convicción en que un Consejo Judicial Vasco, al abrigo de la interferencia partidista, contribuiría de forma decisiva a restituir el crédito ciudadano en los órganos del Poder Judicial".
Joseba Azkarraga concluye su comunicado señalando que si las Cortes dijeron "no" a la decisión tomada por mayoría en el Parlamento Vasco, "el CGPJ dice ahora NO a la decisión adoptada por mayoría y de forma igualmente legítima y democrática".
Izaronews
La decisión adoptada ayer por el Consejo General del Poder Judicial, al rechazar la terna de candidatos propuesta por el Parlamento Vasco supone para Azkarraga "un desprecio en toda regla a la institución proponente, en la que reside la soberanía popular, y una prueba clara de que los intereses que dirime, en nada responden al buen funcionamiento de la Justicia".
En nombre del Ejecutivo Ibarretxe, el consejero dice que "la mayoría conservadora del CGPJ atendió ayer a los antidemocráticos criterios establecidos desde las filas del PP y, según los cuales, hay que evitar a toda costa que quienes no son beligerantes contra las instituciones democráticas vascas puedan acceder al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco".
El consejero vasco de Justicia denuncia que el rechazo a la terna propuesta por el Parlamento no se ha basado en criterios técnicos "sino en una pura actitud política, o mejor dicho, partidista, que preconiza la expulsión institucional, judicial en este caso, de todo aquella persona que, desde el prisma de esta especie de neoinquisición, pueda presuntamente sentirse respetuosa con las instituciones democráticas vascas". Apunta, asimismo, que la decisión adoptada por el Consejo del poder Judicial, en su reunión del miércoles 23-F, supone de facto un “golpe” a los principios de imparcialidad e independencia.
Para Joseba Azkarraga "no es una casualidad" que se haya decidido rechazar la terna cuando la nominación afecta de forma directa a la Sala de lo Civil y Penal encargada de juzgar a los tres miembros de la Mesa del Parlamento Vasco. "Como tampoco es fortuito -añade- que el magistrado designado anteriormente como miembro de esta misma Sala, fuera, de entre los de la terna propuesta, precisamente aquél que menos votos había recabado, aunque eso sí, esos votos eran los de los representantes del PP".
Se confirma, según Azkarraga, que lo que debería ser el Gobierno de los Jueces "no es sino el vehículo e instrumento para que el partido que perdió el poder en unas elecciones dirima la política judicial y continúe marcando la judicialización de la política que algunos venimos denunciando desde hace tiempo". "El gravísimo conflicto institucional que el Tribunal Supremo abrió contra el Parlamento Vasco y la posterior querella contra los miembros de la Mesa del legislativo ha tenido en el Consejo General del Poder Judicial un conveniente aliado".
El consejero, en nombre del Gobierno vasco, traslada su apoyo y solidaridad a los tres electos encausados, Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, y expresa, "desde el respeto a las resoluciones judiciales, su honda preocupación ante el hecho de que la Sala de lo Civil y Penal del TSPV justifique en este grupúsculo ultraderechista su decisión de que sean juzgados los tres parlamentarios aludidos, en contra del criterio de la jueza instructora y del propio fiscal general del Estado".
El consejero considera que la independencia e imparcialidad del Poder Judicial se cuestionan con actuaciones como las de ayer del Consejo y por lo tanto, "no debe causar extrañeza que ante este ya largo cúmulo de decisiones contrarias a una Justicia verdaderamente democrática, reafirmemos nuestra convicción en que un Consejo Judicial Vasco, al abrigo de la interferencia partidista, contribuiría de forma decisiva a restituir el crédito ciudadano en los órganos del Poder Judicial".
Joseba Azkarraga concluye su comunicado señalando que si las Cortes dijeron "no" a la decisión tomada por mayoría en el Parlamento Vasco, "el CGPJ dice ahora NO a la decisión adoptada por mayoría y de forma igualmente legítima y democrática".
Izaronews
22 de febrero de 2005
El TSJPV estima el recurso de Manos Limpias y ordena que siga el caso Atutxa
EITBEl Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado el recurso de apelación de Manos Limpias y ha ordenado que continúe la causa del denominado caso Atutxa por la no disolución del grupo Sozialista Abertzaleak (SA) en el Parlamento vasco, según establece un auto dictado hoy. En el auto, se rebaten "de forma exhaustiva y detallada los argumentos" por los que la instructora del caso, Nekane Bolado, decretó el archivo del mismo el pasado mes de diciembre.
La Sala de lo Penal del TSJPV, compuesta por su presidente Fernando Ruiz Piñeiro y por los magistrados Antonio García Martínez y Roberto Saiz Fernández, ordena que continúe el procedimiento contra los miembros de la Mesa del Parlamento Juan María Atutxa (PNV), Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB-IU) al considerar que existen contra ellos "indicios racionales de responsabilidad criminal por un posible delito de desobediencia". Sin embargo decreta el sobreseimiento de la causa respecto a los miembros de las Junta de Portavoces Rafael Larreina (EA), Joseba Egibar (PNV) y Antón Morcillo (Batasuna), que estuvieron de acuerdo con la decisión de la Mesa de no disolver SA, y ordena la devolución de las actuaciones a la instructora para que de traslado de las actuaciones a las partes y presenten, en su caso, escrito de acusación.
En la argumentación jurídica, el tribunal recuerda que la instructora archivó el caso al considerar que la orden del Tribunal Supremo de disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak suponía la "vulneración" de "derechos fundamentales" de este grupo. Según consta en el auto difundido hoy "los querellados no pueden erigirse en defensores de derechos fundamentales ajenos" a la vez que se estima "inaceptable que el órgano instructor pretenda cuestionar lo decidido por el Tribunal Supremo: el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes".
Recurso de Atutxa
El presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras conocer la decisión de la Sala Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en la que se estima el recurso presentado por Manos Limpias.
Tras conocer la decisión del TSJPV, Atutxa ha criticado en Vitoria-Gasteiz la filtración a los medios de comunicación del auto, antes de que se diera a conocer a las partes y ha anunciado que se agotarán todas las vías jurídicas ante esta revocación.
"Utilizaremos todos los cauces que la propia legislación vigente nos proporcione, y entre ellos, hablando hace unos instantes con los servicios jurídicos de la Cámara, el de la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, respecto de este auto del Tribunal Superior de Justicia", ha manifestado.
21 de febrero de 2005
ESCASO APOYO A LA CONSTITUCION EUROPEA
La presidenta de EA, Begoña Errazti, ha subrayado que la Propuesta de Nuevo Estatuto para la Comunidad de Euskadi se aprobó con una mayoría más alta que la que ha obtenido la Constitución Europea. Sin embargo, ha dicho que el Tratado Constitucional se va a aplicar, mientras que "nos fueron negadas las nuevas relaciones con el Estado Español con argumentos de cifras de mayorías", a pesar de que fueron aprobadas "legal y legítimamente con una mayoría absoluta" el pasado 30 de diciembre."El apoyo a este Tratado Constitucional ni siquiera llega ni de cerca al 50 por ciento del censo, aunque será legal y de aplicación", ha indicado, al mismo tiempo que se ha preguntado que "de qué consenso van a hablar los partidos españolistas, cuando el Tratado Constitucional ha obtenido menos de la mitad del apoyo que obtuvo la Propuesta de Nuevo Estatuto".
Errazti ha dicho que al igual que se va a aplicar el Tratado Constitucional, "nuestro Pueblo tiene todo el derecho legítimo, desde la legalidad que nos ampara, para exigir el mismo respeto a las decisiones que democráticamente hemos tomado aquí, en el sentido de que queremos relacionarnos con el Estado de otra manera".
Abstención
Por otro lado, ha destacado que la abstención ha sido "altísima" en Euskadi y en el Estado Español, lo que, en su opinión, demuestra que ha habido un "castigo" a la campaña del Gobierno Zapatero "absolutamente desinformadora y tendente al voto del sí".
Además, Errazti ha considerado que los resultados del referéndum reflejan el "fracaso" del presidente del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, que "ha querido utilizar este referéndum para buscarse un sitio en Europa y la ciudadanía le ha dicho que no, vía la abstención o vía el no".
La máxima dirigente de EA ha recalcado que "mayoritariamente", en Euskadi se ha dicho que no a la Constitución Europea, por lo que, a su juicio, "queda claro que Euskal Herria es una sociedad diferenciada y una realidad sociológica distinta, con criterios propios y de pueblo, que tendrá que tener en cuenta cualquier Gobierno central desde el respeto que se merece esta sociedad".
19 de febrero de 2005
Egunkaria: A dos años de su cierre
Al cumplirse dos años de la clausura del diario en euskera Euskaldunon Egunkaria, por parte de la justicia española, Eusko Alakartasuna de Argentina manifiesta su rechazo a la persecución que se viene haciendo a los ámbitos de difusión de la cultura y el idioma de los vascos al amparo de la llamada legislación antiterrorista.Por ello, además, queremos destacar la figura de nuestro compañero Martín Ugalde, intelectual y defensor de los derechos y la cultura del pueblo vasco, quien falleciera siendo víctima de interesadas acusaciones de apoyatura al terrorismo por ser Presidente de Honor del proyecto periodístico Egunkaria.
La persecución selectiva a medios de prensa vascos tiene ya un importante historial en la nueva etapa democrática del Estado español, sus consecuencias son de amplio alcance, sin embargo los fundamentos jurídicos son bastante pobres.
Desde Argentina nuestro saludo a todos los trabajadores de prensa perseguidos por sus ideas.
18 de febrero de 2005
Visita de Azkarraga a La Plata
El Día
El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, sostuvo que, si bien la administación que integra obtuvo importantes logros económicos en sus cuatro años de gestión, el tema de terminar con la violencia de ETA es una "asignatura pendiente".
En su paso por nuestra ciudad, Azkarraga calificó de "no democrática" la posición del gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero, de rechazar el Plan Ibarretxe (propuesta política que contempla la autodeterminación, la libre asociación y la soberanía compartida del País Vasco), y destacó que, en definitiva, lo que se está rechazando es la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca expresada en su Parlamento. En cuanto al impedimento de votar del proscripto partido político Batasuna, el funcionario vasco afirmó que "no nos convence que se diga que una agrupación política como Batasuna no puede presentarse a las elecciones porque no critica o no condena la violencia de ETA. Esta actitud puede considerarse como cobardía pero no es delito, y por tanto no debe ser tipificado como tal impidiendo la presencia electoral".
Sobre las elecciones del 17 de abril, el Consejero vasco se mostró optimista con renovar el respaldo del pueblo vasco, al marcar logros en materia social, económica, cultural, además de política. Precisó que el índice de desempleo pasó del 14 al 7%, con dos puntos menos de desocupación que en España y una tasa de empleo del 65%.
El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, sostuvo que, si bien la administación que integra obtuvo importantes logros económicos en sus cuatro años de gestión, el tema de terminar con la violencia de ETA es una "asignatura pendiente".
En su paso por nuestra ciudad, Azkarraga calificó de "no democrática" la posición del gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero, de rechazar el Plan Ibarretxe (propuesta política que contempla la autodeterminación, la libre asociación y la soberanía compartida del País Vasco), y destacó que, en definitiva, lo que se está rechazando es la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca expresada en su Parlamento. En cuanto al impedimento de votar del proscripto partido político Batasuna, el funcionario vasco afirmó que "no nos convence que se diga que una agrupación política como Batasuna no puede presentarse a las elecciones porque no critica o no condena la violencia de ETA. Esta actitud puede considerarse como cobardía pero no es delito, y por tanto no debe ser tipificado como tal impidiendo la presencia electoral".
Sobre las elecciones del 17 de abril, el Consejero vasco se mostró optimista con renovar el respaldo del pueblo vasco, al marcar logros en materia social, económica, cultural, además de política. Precisó que el índice de desempleo pasó del 14 al 7%, con dos puntos menos de desocupación que en España y una tasa de empleo del 65%.
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