El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, ha afirmado que ´lo fundamental es querer abordar un problema político no resuelto y al que el nuevo Estatuto de la Comunidad de Euskadi pretende dar respuesta´. Una respuesta que, a su juicio, precisa de ´voluntad´ y ´flexibilidad democrática´ para alcanzar ´un acuerdo que dé a las partes una satisfacción aceptable´. Según manifestó, esa voluntad es la que posibilitará también dotar a la Administración de Justicia de una organización moderna y de una adecuada descentralización en lo administrativo, lo jurisdiccional y lo gubernativo, algo con lo que ´ganará la Justicia y ganaremos todos´.
Azkarraga ha participado esta mañana junto a los consejeros de Justicia de Andalucía, Catalunya y Valencia en una mesa redonda organizada por la Escuela de Verano del Poder Judicial en el Pazo de Mariñán (A Coruña) bajo el título ´Las competencias de las CCAA: la deficiente e insatisfactoria regulación; recursos humanos y medios materiales´.
El consejero vasco trasladó de primera mano las pautas que, en materia de Justicia, recoge la Propuesta de Nuevo Estatuto, después de recordar, como ´prueba del fraude de ley al que se ha sometido al Estatuto de Gernika´, el hecho de que jamás se haya llevado a la práctica la subrogación en la CAPV de las competencias que corresponden al Estado, recogida en el texto estatutario.
Así, destacó que la nueva propuesta política impulsada por los tres partidos que conforman el Gobierno Vasco configura un Poder Judicial que, junto con el Poder Ejecutivo y Legislativo complete los tres poderes de nuestro autogobierno. ´La descentralización estaba coja y se debe completar´, sentenció Azkarraga, quien explicó que ello supone ´disponer de un Poder Judicial en el que se agoten todas las instancias judiciales en Euskadi y la sustitución del Estado en la Administración de Justicia en nuestra Comunidad, sin más limitación que la aplicación de los mismos principios procesales y los derechos fundamentales que rigen en el Estado y con el diseño de un marco de coordinación y cooperación con el ámbito estatal y europeo´.
Por ello, dijo entender como lógica la discrepancia respecto a su contenido, pero rechazó las descalificaciones absolutas que se le han dirigido, porque a su juicio, no hay ruptura alguna del principio de unidad jurisdiccional. ´El Gobierno Vasco parte con su propuesta de la legalidad actual y pretende moverse dentro de ella´, según Azkarraga, para quien ´no estamos en un escenario de ruptura sino en un debate para un acuerdo sobre un nuevo pacto de convivencia´, y ´el Derecho no es obstáculo para los cambios sino un instrumento para facilitarlos´, concluyó.
Azkarraga afirmó que, pese a que la Comunidad Autónoma Vasca se ha volcado en los trabajos que durante años han desarrollado las comunidades con competencias en materia de Justicia, gran parte de los diagnósticos y aportaciones compartidas para poner a la Administración de Justicia al servicio de los ciudadanos no se han tenido en cuenta y desde Madrid se ha optado por una política de hechos consumados que consolidan un modelo denunciado. En opinión de Azkarraga, no es hora de lamentos, pero sí de ´enmendar una trayectoria que sólo genera preocupación e insatisfacciones´.
El consejero recordó que el Gobierno Vasco recibió en 1987 la transferencia de medios materiales y se comprometió a invertir para convertirla en un servicio público de primera magnitud, una apuesta estratégica que ´se ha mantenido inalterable hasta convertir hoy a la CAV en una referencia´. ´Nueve años después llegó el traspaso de los medios personales, pero la inquietante regulación del Estatuto Jurídico del Personal al Servicio de la Administración de Justicia, que afianza un sistema de interferencia competencial, se transforma en amenaza real para el ejercicio eficaz de la competencia´, según subrayó.
Azkarraga hizo un repaso de lo realizado por el Departamento que dirige. Así, citó la finalización del Plan de Sedes, que ha supuesto la renovación de infraestructuras en todos los partidos judiciales con una inversión de casi 180 millones de euros, y la ambiciosa renovación tecnológica acometida, con una completa informatización en la que se han invertido ya más de 48 millones de euros. Asimismo, recordó que se han generalizado los servicios comunes y las oficinas de información al público con experiencias de mejora de calidad en 15 juzgados; el Instituto Vasco de Medicina Legal es ya una realidad; y la normalización lingüística se concretó en un Decreto regulador impugnado por el Ministerio ante el Tribunal Constitucional.
Según señaló, se han afianzado y desarrollado las políticas más avanzadas en materia de Derechos Humanos y se están ejecutando, de forma ejemplar, los programas de justicia juvenil, además de poner en marcha iniciativas de difusión de valores y acercamiento de la Justicia al ciudadano por medio de itinerarios didácticos para escolares, estudiantes de Derecho y edición de catálogos y guías de derechos de los ciudadanos. Junto a todo ello, está en marcha el Observatorio Vasco de la Justicia como foro de estudios, debate, documentación y análisis de la Administración de Justicia en la CAV.
Respecto al futuro, y en términos generales, abogó entre otras cuestiones por una nueva definición conceptual y organizativa de la oficina judicial; las competencias directas de las Comunidades Autónomas sobre el personal transferido; una racionalización y modernización de los métodos de trabajo; y la urgente Normalización Lingüística con un bilingüismo real, no meramente formal o enunciativo.
publicado en:
www.euskoalkartasuna.org
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