Lo urgente y lo importante

DEIA
Gorka Knörr / Juanjo Martínez Leunda
Al hacer balance de 25 años del Estatuto de Gernika señalábamos que las coordenadas de aquel Estatuto había que encontrarlas unos meses antes, en el fracaso de las conversaciones de Xiberta en Iparralde, además de la conversión de la alternativa democrática al franquismo, en la denominaba ruptura pactada, con los efectos inherentes sobre los aparatos del Estado. Por eso hemos hablado de la llamada segunda transición, con más sentido ahora, tras la ruptura del criterio de bilateralidad por parte del Estado, el agotamiento estatutario y por nuestra propia necesidad de legislar, no en función de transferencias, sino en función de las necesidades de nuestro pueblo.

Ello no significa minusvalorar lo andado y conseguido, en términos de bienestar, de avances lingüísticos, de presencia internacional, de mayores lazos con Iparralde, de dinámicas como la de Batera. Y eso nos debe llevar a reflexionar en positivo de cara al futuro.

Por el contrario, el sufrimiento acumulado, la repercusiones de la dinámica de acción-represión-acción sobre nuestro pueblo, han dejado una enorme fractura social, innumerables víctimas, de uno y de otro lado, heridas profundas que nuestra sociedad deberá, deberemos, cicatrizar. A modo de ejemplo, el que 65 años después del Alzamiento Nacional y 29 años después de la muerte de Franco se haya constituido a nivel de Estado una Comisión Interministerial para abordar las víctimas de la guerra y del franquismo, algo nos debe de enseñar.

Con aciertos y con errores, Lizarra-Garazi fue un acuerdo capaz de poner en marcha un tren direccionado hacia la paz, y nos atrevemos a decir en clave soberanista, pero quedó en vía muerta, en un cruce ferroviario como el de Altsasu, como consecuencia de la ruptura de la tregua, lo que generó enorme dolor y sufrimiento y una situación a la que respondió nuestra ciudadanía, la de la CAPV, votando ocho de cada diez personas de forma madura y serena.

Seis años más tarde tenemos una nueva oportunidad para la paz, una oportunidad que se basa, hoy por hoy, en proclamas; una oportunidad que inevitablemente deberá ir acompañada de gestos multidireccionales en clave de defensa de los derechos humanos y que desde ahora requiere un pronunciamiento claro y expreso de ETA, dando paso a las vías pacíficas y democráticas.

Lo urgente y lo importante

Ha llegado el momento, en nuestra opinión, de diseccionar lo urgente y lo importante. No vale una buena intención, si no es aplicada, es decir, lo que vulgarmente se denomina pasar de la teoría a la práctica.

A nuestro juicio, lo urgente para la consecución de un proceso de paz definitivo, en Euskalherria, como en cualquier lugar del mundo, debe estar relacionado con el buen hacer de una diplomacia discreta y eficaz. No dejemos correr el tiempo; una Comisión formada por personas de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos debe acudir a las prisiones y hablar con los interlocutores de ETA, para tratar de la desmilitarización, de presos, deportados y refugiados, y, cómo no, de víctimas. ¿No lo hizo John Mayor con el IRA? ¿Perdió por ello su condición de demócrata? ¿Afectó su actuación a la estabilidad democrática del Reino Unido o benefició al proceso de paz en Irlanda? Que cada ciudadano y cada responsable de la Res Pública se responda, nos respondamos sobre dichas interrogantes.

A nuestro juicio, sólo un irresponsable, políticamente hablando, no percibiría esto y solamente alguien, todavía más irresponsable, no lo percibiría como urgente.

Con independencia de lo anterior, no es posible desconocer la violación de múltiples derechos humanos en Euskadi, las múltiples torturas, la de quienes viven sometidos bajo la estricta vigilancia de un escolta, o la de quienes viven, también de forma dramática, la incomunicación y la tortura con motivo de una detención (muchos de ellos, además, saliendo libres sin cargos). No debe pasar ni un minuto más sin que los derechos de esos ciudadanos sean respetados. Por una parte, diciendo y proclamando ETA, que el respeto a la pluralidad implica que sobre ningún ciudadano vasco puede pender la amenaza de un atentado que pueda afectar a su vida o libertad de movimientos. Y el Estado, por su parte, con el Gobierno del PSOE, su Ministro de Interior (por cierto juez de profesión encargado de velar por los derechos de la ciudadanía) y sus delegados en la CAPV, debe de garantizar que en las comisarías se cumple escrupulosamente la legislación internacional contra la tortura y tener la valentía de asumir el reto de empujar un proceso de paz, con todas las garantías, y en ausencia de todas las violencias. Todos los servidores del orden público deben ajustarse a dicho código.

Sin embargo, lo urgente no nos debe llevar a dejar de trabajar ni desviarnos de lo importante. Los siete compromisos esbozados por Batasuna, leídos con detenimiento, significan un reconocimiento de las vías políticas pacíficas y democráticas, de la realidad social y jurídica, de la pluralidad, de las identidades diversas.

Se abre, una vez más, una etapa de esperanza, seis años largos después de aquel 16 de septiembre de 1998, donde se anunciaba en la BBC que ‘‘ojalá no haya otra nueva generación de jóvenes vascos que tenga que coger las armas’’. Hay, después de aquel experimento, mucha incredulidad, y por ello se precisan señales firmes, claras, que van más allá de una declaración de tregua y, sin duda, desde el día siguiente, una disposición de todos a trabajar por la senda del proceso de paz, un proceso que seguramente tendrá altibajos y requerirá de paciencia, constancia y dedicación y, cómo no, firmeza en los principios y flexibilidad en el diálogo, el acuerdo y la consulta social.

Tras la ruptura del Pacto de Legislatura con Euskal Herritarrok en 1999, como resultado de la ruptura de la tregua (no exenta de sobresaltos derivados de lo que se dio en denominar kale borroka) han pasado muchos días y muchas noches, se han desvanecido muchos sueños, pero los resultados de las pasadas elecciones autonómicas en la CAPV o las celebradas en Nafarroa, con una representación abertzale recuperada tras 25 años, encendieron señales positivas, e implicaron nuevos compromisos. Hoy, en los distintos ámbitos del País, en la CAV, en Nafarroa y en Iparralde, existen propuestas y dinámicas que no podemos pasar por alto y que son parte de lo importante. Y todo ello se da, además, en un contexto estatal distinto, abierto también desde Cataluña, en el que la presencia de Esquerra Republicana de Catalunya ha resultado determinante a la hora de que se hable de un estado plural en términos nacionales, culturales y lingüísticos.

Uno de esos compromisos es el denominado Plan Ibarretxe, que puede y debe ser mejorado, pero cuyo núcleo estriba en una consulta, para que la ciudadanía, de acuerdo a su historia y a la realidad actual, exprese el grado de autogobierno que precisa, las relaciones con los demás territorios vascos, y en definitiva, el reconocimiento y ejercicio de su voluntad.

La paz no se erige sobre un esquema de vencedores y vencidos, ni sobre la marginación de una parte de la sociedad. Todas las opciones deben poder concurrir y defender sus proyectos, respetando la pluralidad. En el proceso hacia la paz, la humanización de las consecuencias derivadas de tantos años de sufrimiento, en primer lugar de las víctimas y del resto a continuación, se nos antoja determinante.

El proceso intencional que se inicia, aplicado, será prolongado, y evitar que lo urgente nos impida hacer lo importante y viceversa es nuestro reto. Asumamos con valentía el nuevo proceso, sin imprudencias ni descalificaciones derivadas del fundamentalismo de unos y de las prisas de otros. Algunos hemos conocido el franquismo y sus consecuencias, y también las violencias derivadas de un proceso inacabado hace 27 años.

Ello nos obliga a una defensa inquebrantable de los derechos humanos individuales y colectivos, de todos los ciudadanos sin excepción, a la defensa de los derechos de los pueblos aquí, en Europa y en el mundo, y a la solidaridad entre los mismos.