Deia
A nadie escapa que las próximas elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca tendrán un marcado carácter plebiscitario en torno a la Propuesta de nuevo Estatuto Político aprobada el pasado 30 de diciembre en el Parlamento de Vitoria, y lo que es más importante, en torno a la voluntad de la mayoría de un pueblo de decidir su futuro político y sus relaciones con el Estado español.
Las próximas elecciones, preludio de esa consulta que necesariamente ha de realizarse en esta parte del país, deben servir para aclarar la situación a la que nos aboca el rechazo en el Congreso de los Diputados del texto aprobado en Gasteiz. Un respaldo ampliamente mayoritario al proyecto debería llevar a PP y PSOE a recapacitar sobre su postura intransigente y cerrada a toda negociación, e incluso al debate mismo de los contenidos de la propuesta.
Hicimos nuestro trabajo y elaboramos una iniciativa que da respuesta al compromiso electoral asumido en mayo de 2001, al concurrir con un programa electoral que, a instancias de Eusko Alkartasuna, recogía de forma expresa el reconocimiento del derecho de autodeterminación, y que obtuvo el respaldo de más de 600.000 votos en unos comicios con una tasa de participación del 80%.
La iniciativa ha seguido todos los cauces institucionales y ha tenido un recorrido social y político extenso, también en el tiempo (casi tres años), lo suficiente para que PP y PSE, desde la oposición parlamentaria, plantearan sus propias aportaciones y enmiendas. Pero lo cierto es que estos partidos han preferido no participar en el debate e imponer su mayoría en el Congreso de los Diputados, una institución lejana a la realidad de este país, sobre la mayoría del Parlamento de Vitoria.
El texto aprobado es una propuesta de reforma estatutaria que, partiendo del marco jurídico-político actual y la legalidad vigente, propone su superación mediante una relación de libre asociación con el Estado español basada en la voluntariedad y el acuerdo entre iguales (conforme al trato bilateral que rige las relaciones con las comunidades históricas), que hunde sus raíces en los derechos históricos reconocidos en la Constitución española a los cuatro territorios forales: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.
Aborda algunos de los aspectos centrales y más peliagudos del conflicto político, como la territorialidad o el derecho de autodeterminación, desde una perspectiva posibilista y totalmente respetuosa con la voluntad y capacidad de decisión de las ciudadanías de las distintas realidades político-administrativas en que hoy se divide nuestro país (Navarra, CAV e Iparralde), y encauza, en lo fundamental, las aspiraciones históricas del pueblo vasco, además, por la vía institucional, proponiendo de forma articulada un avance hacia la soberanía por medios exclusivamente pacíficos, políticos y democráticos.
Para Eusko Alkartasuna la propuesta afronta los retos más importantes del país actualmente, y por eso hemos trabajado concienzudamente en su elaboración, en su debate y en su defensa pública, haciendo aportaciones propias y planteando iniciativas, la última la campaña informativa que estamos desarrollando a lo largo y ancho de Euskal Herria.
La cerrazón absoluta con que esta propuesta ha sido recibida por parte del Gobierno socialista, y la visceralidad con que ha sido juzgada, repudiada y combatida desde el ámbito político y mediático centralista, recurriendo incluso a la mentira y la distorsión malintencionada de su contenido, revela la hipocresía de quienes, de cara a la galería, aceptan la premisa de que todos los proyectos son legítimos en democracia si se defienden por vías políticas, pero cuando este principio lo pone en práctica el adversario ideológico inventan todo tipo de patrañas procedimentales y argumentos demagógicos para impedir que se materialice.
Afirmar, como se ha hecho, que la Propuesta establece ciudadanos ‘‘de primera y de segunda’’, que supone una injerencia en las competencias de Navarra, una ‘‘usurpación de su soberanía’’ (según el presidente del Parlamento Foral Rafael Gurrea), es mentir descaradamente y a sabiendas con el propósito de desprestigiar la iniciativa y turbar la serenidad necesaria para afrontar la negociación que la lógica política demanda, y la propia Constitución española establece, tal y como pusimos de manifiesto al solicitar su análisis previo en una comisión bilateral, antes de remitirla al Congreso, y como argumentamos en el recurso de amparo presentado ante el Constitucional.
Como siempre, el hijo conductor de la compleja y enmarañada situación de nuestro país sigue siendo la confrontación de fondo entre un nacionalismo, el vasco, que aspira a autoafirmarse legítimamente en defensa de las señas de identidad y los derechos políticos de un pueblo; y un nacionalismo, el español, que no está dispuesto a aceptar autoafirmación identitaria, política y jurídica ajena a la suya propia, y recurre a todo tipo de artimañas y poderes para tratar de desacreditar y actuar en contra de los planteamientos de fondo de quienes por mayoría hoy representamos al pueblo vasco en las instituciones de la CAV.
La aprobación de la Propuesta de nuevo Estatuto es un paso adelante irrenunciable para el conjunto del país, aunque su materialización afecte, por el momento únicamente a Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. Y nuestra capacidad para llevarla a la práctica dependerá, en buena medida, de la amplitud del respaldo electoral que las formaciones impulsoras de este proyecto obtengamos en esta próxima cita electoral, a la que concurrimos con fecha para el referéndum. Si fortalecemos posiciones aquí el señor Rodríguez Zapatero deberá demostrar si más allá de talante tiene además convicciones democráticas profundas, y está dispuesto a respetar, además del diálogo, la palabra del pueblo vasco.
Begoña Errazti es presidenta de Eusko Alkartasuna
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