Lenguas ‘‘de uso’’ en Europa

Deia
La aprobación por unanimidad del euskera, catalán (valenciano) y gallego como ‘‘lenguas de uso’’ en las instituciones europeas representa un paso importante, pero insuficiente, en el reconocimiento de estos idiomas que en el Estado español tienen el carácter de cooficiales, junto con el castellano.
La aceptación de estas lenguas minoritarias, habladas por casi doce millones de personas -que supone la aproximación a una realidad social que hasta ahora no habían tenido en cuenta-, se produce-, aunque sea por azar, en el oportuno momento en el que el triunfo del ‘‘no’’ en los referendums de Francia y Holanda pone de manifiesto el distanciamiento abismal entre las cúpulas dirigentes europeas y la sociedad. Esta consideración hacia las lenguas vernáculas puede servir de modelo en el necesario cambio de estrategia política para acercar las instituciones europeas a los ciudadanos.

El acuerdo, pese a quedarse corto, permitirá, por ejemplo, que los vascos puedan dirigirse en euskera a la Unión Europea, pero deberán hacerlo a través de un organismo que se encargará de la traducción de sus demandas. También sus representantes políticos podrían hablarlo en el Parlamento de Estrasburgo o en las reuniones de otros órganos comunitarios, pero tendrán que comunicarlo previamente para que se contrate puntualmente a un intérprete. Habrá versiones de textos oficiales en esos idiomas, pero las mismas carecerán de valor legal. Una serie de limitaciones que dejan el proceso hacia el definitivo y pleno reconocimiento oficial a la mitad de un camino que habrá que recorrer en un futuro inmediato, pese a la resistencia de algunos. En cualquier caso, significa un avance que el Gobierno de Zapatero presenta como un éxito de su gestión diplomática; atribución hasta cierto punto justa, porque ha demostrado mucha más diligencia que el PP durante la época de Aznar en atender las demandas de las comunidades autónomas interesadas. De todas formas, resulta paradójico que mientras el euskera, catalán y gallego se abren paso en las instituciones europeas, en el Estado español sigue sin concretarse la normalización lingüística que permita su utilización en el Congreso y en el Senado. O que la promoción y enseñanza de los mismos, sobre todo del euskera, sea tema recurrente, como arma arrojadiza, de los partidos centralistas en las campañas electorales; como se vio en la del 17-A.