Gorka Knörr
Si bien no parece abrirse debate alguno en las fuerzas políticas mayoritarias del Estado español –al contrario de lo que está sucediendo, sin ir más lejos, en el Partido Socialista francés-, ya se nos está emplazando a los nacionalistas vascos a dar un sí a eso que llaman Constitución europea.
Antes que nada, nos negamos a llamar Constitución al “Tratado por el que se instituye una Constitución Europea”. Sería el primer caso en la historia de la democracia que se aprobaría un texto constitucional sin pasar por un parlamento. Pero esto les debe parecer un tema menor a los mentores de un proceso que se ha hecho, por mucho que se haya intentando vestirlo de otra forma, sin contar ni con la ciudadanía ni con los pueblos de Europa.
Es cierto que tanto el nacimiento de la CEE como el posterior desarrollo de la llamada “integración europea”, son procesos singulares, sin parangón en la escena mundial, y que, por lo tanto, configuran la construcción de un espacio económico, político y cultural supraestatal de indudable alcance e importancia. Es, por lo tanto, un proceso al que en principio resultaría no aplicable un método de construcción y de cambios estructurales como el que se aplicaría a escalas estatales. Así ha sido durante décadas. Debemos ser conscientes de ello. Pero no hasta el punto de aceptar una suerte de determinismo o fatalismo europeísta que pretende convencernos de que esto es lo que hay y que, como aquello de la democracia, no hay otro modelo mejor, y, por lo tanto, procede aceptarlo, sin más explicaciones.
Nosotros, sin embargo, sí creemos que hay otra forma de hacer las cosas. De hecho, se ha pasado –teóricamente, por lo que hemos visto al final-, de un modelo de cambios en los Tratados vía “Conferencia Intergubernamental (CIG)”, a un método “Convencional”, algo que representa un cambio sustancial. Tras el fracaso de Niza, fue el Parlamento Europeo quien propuso por amplia mayoría el que se aplicara el mismo método –la Convención- que se había seguido para la elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Lamentablemente, y tal como lo han denunciado miembros de la propia Convención Europea, el debate de la Convención ha estado gravemente condicionado por las presiones gubernamentales y el texto fue sensiblemente amputado cuando llegó a las manos de los responsables de los Estados miembros, que son, a la postre, quienes han redactado y aprobado la propuesta final. En cuanto al procedimiento, por lo tanto, sería aplicable aquel aserto de “que todo cambie para que nada cambie”.
Hay más, en cuanto a la forma de hacer las cosas, al procedimiento. Palabras bonitas de participación ciudadana, de sindicatos, de ONGs, etc.., para, al final, no tener en cuenta las opiniones de la llamada sociedad civil –es que hay otra?-. Y, en lo que respecta a los llamados entes intraestatales –regiones, naciones sin Estado, etc...-, el caso es aún más sangrante. Ahí están las resoluciones de parlamentos intraestatales, de la Regleg, de la Calre, de la ARE (Asamblea de Regiones de Europa), incluso del descafeinado Comité de las Regiones... Prácticamente, ninguna de sus resoluciones ha sido tenida en cuenta por una Convención que no creyó de interés crear un Grupo de Trabajo específico sobre el llamado “aspecto regional” de la construcción europea. Se llenan la boca hablando de “Unidad en la diversidad”, pero ni siquiera nos invitan a hablar en los foros de discusión. Es cierto que los primeros borradores del Nuevo Tratado incluían la palabra “federal” y hablaban del valor de la pluralidad regional y de los pueblos europeos. El texto final lo tacha de un plumazo. Un texto que certifica, hoy y aquí, que la Europa institucional sigue sin reconocer su pluralidad nacional y regional interna. Los vascos, como otros pueblos europeos, éramos invisibles para los Estados, en nuestro caso los estados español y el francés, como nación europea. Ahora, los jefes de Estado europeos nos suben los galones. Ahora seremos invisibles también en el que pretende ser el primer texto constitucional europeo.
Pero hablamos también de contenidos, y de contenidos sociales progresistas. Para algunos, es suficiente con que los contenidos vocacionales de orden social y medio-ambiental, por ejemplo, se citen en el preámbulo del Nuevo Tratado. Pudiéramos estar de acuerdo si este hubiera sido el caso de un texto que se limitara, al estilo constitucional clásico, a ser una ley fundamental que establece un marco de división de poderes, de derechos y obligaciones, sobre todo teniendo en cuenta lo que sucede con muchos textos constitucionales, llenos de bellas proclamas que parecen llamadas a no cumplirse jamás (derecho a la vivienda digna, en el Estado español?, respeto a la diversidad, en Francia?). Pero esta mal llamada Constitución , en su Parte III va mucho más allá, estableciendo hasta 35 políticas comunes de la Unión, cuyo sesgo neo-liberal es algo más que una insinuación. Como decía recientemente un compañero de militancia de Eusko Alkartasuna en la Argentina, “el modelo de Estado de Bienestar, del que Europa Occidental fue un fiel exponente, seguramente ya no puede ser el mismo, pero ello no implica tirar el agua de la bañera junto con el niño. La independencia del Banco Central, la libertad de movimiento de los capitales financieros, los servicios públicos sometidos a las llamadas “reglas del mercado”, son políticas que tienen más que ver con las necesidades del poder económico que de los pueblos”. Sobre todas esas cuestiones se explaya el Nuevo Tratado, tan mudo para otras cuestiones, o tan guardián del derecho de veto para cuestiones de primer orden en la justicia social, como el de la armonización fiscal, por ejemplo.
La Europa del compromiso social que reclamamos no es solamente una necesidad para nuestros ciudadanos y nuestros pueblos; es también la esperanza para muchos otros pueblos en el mundo. Es la necesaria contrabalanza para ganar la batalla a quienes desde la perspectiva ultraliberal quieren imponer su orden en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural.
Nosotros vamos a votar no en el referendum de Febrero del 2005. Porque no nos podemos resignar a razonamientos del estilo “es mejor que lo que había”. Faltaría más. Así se vendía la Constitución española del 78, que ya nos parecía inaceptable entonces, y que tras 25 años, parece haberse convertido en tabla de ley inamovible incluso para quienes de buena fe la aceptaron a regañadientes como punto de partida de las libertades. No decimos que no se hayan dado pasos adelante y positivos en la integración europea, sino que entendemos un deber denunciar posiciones y textos que “pasan” notoriamente de la ciudadanía y de los pueblos europeos, e instauran con todo lujo de detalles un modelo social que cuando menos, como se decía de las fincas de los señoritos, es manifiestamente mejorable.
Entendemos que es una obligación moral dar un toque de atención con nuestro voto. Un toque de atención, además, que ponga sobre el mapa europeo, una vez más, nuestra legítima reclamación de querer ser como nación en Europa un agente europeo en pié de igualdad con quienes se arrogan la representación para construir ese futuro en común. Diremos, como lo hemos dicho durante décadas, una vez más sí a Europa. Esta vez votando no.
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