considera que la decisión del subprefecto de Baiona, en el Departamento de los Pirineos Atlánticos, en el Estado Francés, afecta a l@s vasc@s que viven en Iparralde, y a todos aquellos que, residiendo allí, pretenden ejercer su derecho a aprender la lengua vasca, el Euskara. El aludido funcionario ha argumentado que resulta de aplicación, en el presente, una antigua ley francesa, de 1850, por la cual el dinero público no puede aportarse a instituciones privadas; y como el estado francés no incorpora la enseñanza del euskera en las escuelas públicas, y a quienes deseen aprender solamente les queda la posibilidad de organizar instituciones educativas no estatales, denominadas ikastolas, para garantizar la educación normalizada en euskera, que se ven obligadas a ser consideradas escuelas privadas, porque el estado francés no reconoce al euskera como lengua oficial o cooficial en Iparralde.
también expone su desagrado por la decisión del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, al denegar la autorización para que los ciudadan@s puedan tener a su disposición radio y televisión en euskera, en tanto ha vuelto a dejar sin licencia a Euskalerria Irratia.
Cabe añadir que el propio Consejo de Europa ha sido claro en cuanto a tal derecho, en el marco de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales.
En un mundo en el cual se viene declamando y reconociendo el valor de promover la supervivencia de las lenguas, como manifestación de pluralismo cultural y contra visiones hegemónicas, monopólicas o autoritarias de la cultura, la decisión referida atenta contra los derechos de los ciudadan@s a su lengua, cercenando el pluralismo y recurriendo -en un caso- al pasado para sostener un ataque al derecho a la identidad y a la libre expresión, confundiendo lo público con lo estadual; y en el otro, desconociendo las recomendaciones de la propia Unión Europea.
Marta Abarrategui Ricardo M. Basterra Ruiz
Idazkaria Lehendakaria
