Aberri Eguna e Independentismo Cívico
Acabamos de celebrar el Aberri Eguna, fecha en la que a través de diversas convocatorias, discursos y manifiestos, los grupos y partidos abertzales formulan propuestas en torno a nuestras reivindicaciones nacionales.
A las tradicionales convocatorias partidistas ha habido que añadir los llamamientos de una Udalbiltza lamentablemente dividida, y la reunión del Nazio Eztabaidagunea o Foro Facional de Debate, plataforma en la que diversas organizaciones y personas han tratado de elevar propuestas para superar la situación de bloqueo en que se encuentra la solución del conflicto vasco, tras la ruptura de la tregua por parte de ETA y las negativas consecuencias políticas que esa ruptura ha acarreado, particularmente en el ámbito de la violación de los derechos humanos y la aplicación de la llamada Ley de Partidos.
Creo que cuando se aborda un posicionamiento de cara al Aberri Eguna, se ha de combinar la teoría básica sobre la cuestión nacional con la adecuación de este discurso –y hoy cada día más, en este mundo cambiante-, a la realidad de la ciudadanía a la que se dirige. Muchas veces prima más lo primero que lo segundo, y eso no es bueno para quienes defendemos un independentismo aggiornato, cívico, inclusivo, moderno, que tiene en cuenta las necesidades ciudadanas. Que, por poner un ejemplo, deje de hablar de los jóvenes en términos retóricos y paternalistas, y diga a las claras que los jóvenes de hoy, ya sea en Euskadi o en España, son nuestros chicanos particulares, sometidos a contratos laborales indecentes y encadenados a hipotecas de por vida para pagar viviendas a precios de escándalo. Al lado de estos jóvenes desfilando por inmobiliarias para buscar unos metros cuadrados a precios exorbitados, parecen un mal chiste aquellos mineros obligados a comprar en los supermercados de los amos.
Hay que hablar más de los problemas de nuestras gentes. De los valores que queremos defender para nuestra sociedad. De las desigualdades de todo tipo. Del pacifismo militante. De los derechos humanos de todos y para todos. Es escandaloso que ETA, al margen de lo intolerable de su actuación, declare una tregua para Catalunya, discriminando personas y territorios arrogándose no se sabe qué derecho. Pero, salvando las distancias, vivimos en un mundo en el que la discriminación de territorios y personas en cuanto a derechos humanos sucede todos los días, en medio del silencio cómplice de muchos.
Tras el 11 de Marzo en Madrid, creo que todos, independientemente del territorio en que vivimos, más allá de las diferencias que sostenemos con respecto al y del Estado español, tenemos una oportunidad mayor para profundizar en nuestros discursos basados en el respeto mutuo, el diálogo, la paz, los derechos humanos y la primacía de la voluntad popular, cuestión esta última que no la quiero referir solamente a la reclamación de un ámbito de decisión para la ciudadanía de Euskadi, sino que va más allá. Si algo ha quedado claro tras el 11-M y lo que se vió en todos los rincones del Estado, es que una de las reformas constitucionales urgentes es la referida al derecho de consulta o referéndum por parte de los ciudadanos y las ciudadanas. Es urgente dar el paso, ya, de una democracia únicamente representativa, hacia una democracia representativa y participativa.
No es cierto el cliché que se ha pretendido vender -durante la época Aznar, por cierto, como nunca-, del nacionalismo vasco esencialista, etnicista, insolidario. Basta con darse una vuelta por Euskadi para distinguir los talantes y actitudes de nuestra ciudadanía, sea cual sea su sentimiento de pertenencia y su más o menos declarada adscripción nacional, de lo que se ha dicho y se dice desde las tribunas políticas de Madrid y determinados altavoces mediáticos. Porque es muy distinta, aun con todas sus limitaciones discursivas, la realidad del nacionalismo vasco de la que se pretende trasladar desde los altavoces mediáticos del nacionalismo español.
En este sentido, en los años venideros, creo que vamos a asistir a fenómenos interesantes en el seno del independentismo vasco. En un escenario de no-violencia, se dará, sin duda, pero no sin dificultades -y por ello quizás se precisen algunos años-, una recomposición de los espacios a la izquierda del nacionalismo tradicional. Y ello va a abrir, consiguientemente, la ventana a nuevas relaciones políticas y combinaciones electorales, lo que implica, lógicamente, una dialéctica política alejada de discursos monolíticos, para dar paso a una práctica política basada en una nueva visión superadora del nacionalismo tradicional.
Es preciso abordar esta tarea de construcción de un nuevo discurso que aglutine el espacio a la izquierda del nacionalismo tradicional. Un espacio en el que, además de la formulación básica de nuestro independentismo, que ya se nos supone, primemos los valores ciudadanos, democráticos y participativos; de compromiso inequívoco con los derechos de todos y para todos que decimos defender, aunque muchas veces solamente de boquilla. Un discurso que subraye los valores que impulsen el cambio de esta sociedad injusta hacia una sociedad económica, social y medioambientalmente sostenible.
Es la hora del independentismo cívico, que plantee la recomposición del espacio abertzale progresista cada vez más confluyente en Euskal Herria y que se puede identificar con propuestas y discursos como los de Carod-Rovira o Rubert de Ventós, por ejemplo. Un independentismo cívico contrapuesto al nacionalismo -cualquiera que sea su demarcación, incluido el español- que se asienta en valores y visiones del pasado y no en los valores universales de los derechos humanos, incluidos los colectivos, y de la ciudadanía.
Gorka Knörr
Militante de Eusko Alkartasuna.
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18 de abril de 2004
14 de abril de 2004
Del «Consejo de contenciosos» a la orden de detención europea
Bart Staes - Europarlamentario (*)
Gara, 15/04/04
Poco tiempo después de que el Parlamento belga ratificara la ley que instaura «la orden de detención europea» (el 12 de diciembre del 2003), la justicia española demanda de nuevo la extradición de la pareja vasca Moreno-García, que vive desde hace 12 años en nuestro país. El juez de instrucción y la Corte de Apelación sin embargo han rechazado la solicitud española, bajo el motivo de que se trata de un informe «viejo».
El procurador sin embargo ha recurrido ante el Tribunal de Casación.
Conviene subrayar la poca solidez de fondo de este informe, sobre todo por el hecho de que las acusaciones contra la pareja Moreno-García están basadas en declaraciones obtenidas bajo tortura. Las mismas autoridades españolas han reconocido estos hechos en 1996, anter el Relator Especial de Naciones Unidas, Monsieur Kooijmans, volviendo así sobre declaraciones anteriores que los negaban.
Para recordar, según las normas internacionales, las declaraciones obtenidas bajo tortura no tienen ningún valor jurídico.
Incluso sin considerar la suerte de la pareja Moreno-García, los firmantes de este texto estimamos que no es deseable introducir la orden de detención europea en nuestra legislación, porque eso vendría a introducir prácticas propias de regímenes totalitarios. Ciudadanos belgas pueden ser igualmente víctimas.
Es necesario examinar con más atención la situación en España. La política llevada por Madrid para con el País Vasco recuerda las prácticas de la Inquisición y del «Consejo de Contenciosos» español que, en el pasado castigó sin consideración en nuestro país.
En el siglo XVI, los Países Bajos pasaron un periodo agitado de su historia. Seguido de la crisis económica y de las injusticias de la Iglesia, que fueron criticadas por Erasmo en su "Laus stultitiae", surgieron nuevas opiniones sobre los asuntos religiosos y políticos. La invención de la imprenta hizo que el protestantismo alcanzara a un vasto público. Los príncipes locales (tales como los condes de Egmont y Hoorn) seguirían fieles al catolicismo pero se mostraron tolerantes con los heterodoxos. Ellos pidieron que se moderara la Inquisición que Carlos V (Carlos I de España) había endurecido en 1529. (En los Países Bajos del Sur cerca de 3.000 personas fueron ejecutadas por «delitos religiosos»). Esta iniciativa les costaría cara, porque el rey español Felipe II les hizo condenar a muerte por «alta traición». Por este hecho, fue creado un tribunal especial, el «Consejo de Contenciosos» (o «Consejo de Sangre»); que condenó a muerte a lo largo de su existencia a cerca de 18.000 personas. El 5 de junio de 1568, Egmont y Hoorn fueron decapitados en la Grand Place de Bruselas.
Esto parece increíble, pero en la España actual la tortura y la persecución ideológica y política, que fueron la marca de la Inquisición y del Consejo de Con- tenciosos de Felipe II, continúan practicándose. Esto destaca del reporte muy reciente (5 de febrero) del Relator Especial de Naciones Unidas, Theo Van Boven. Las autoridades españolas legitiman su política refiriéndose a la lucha antiterrorista. No obstante, Van Boven alega que la prohibición de la tortura «es absoluta e imperativa y que no se puede en ninguna circunstancia someter o estar subordinada a otros intereses, políticos o prácticos; esto incluye la necesidad legítima de anticipar atentados terroristas o juzgar a quienes los financian, planifican, apoyan o cometen tales atentados».
Después de tener conocimiento de numerosos testimonios «de interlocutores fiables del mundo judicial y académico y de la sociedad civil del País Vasco», así como de personas que han sido detenidas e interrogadas por las fuerzas policiales y de seguridad del Estado, el Relator Especial concluye que «agentes de la seguridad y policías, particularmente dentro de los servicios de la lucha contra el terrorismo, han recurrido regularmente a la práctica de la tortura y a otras formas de tratamiento inhumanas y humillantes».
Las declaraciones de víctimas de tales prácticas mencionan malos tratos tales como golpes, ejercicios físicos forzados y extenuantes, la asfixia con bolsas de plástico y vejaciones sexuales. Teniendo en cuenta la confirmación de los diversos testimonios, su coherencia y la precisión de detalles anticipados, el Relator Especial tiene la convicción de que «no puede tratarse de falsas declaraciones».
El Relator Especial de Naciones Unidas expresa su preocupación ante el hecho de que la ley que rige la medida de detención llamada de «incomunicación» (por la que los detenidos no tienen derecho a consultar con un abogado o un médico, o de tener cualquier contacto con su familia) ha sido modificada con el fin de extender al máximo los días de detención previstos, pasando así de 5 a 13 días, (noviembre del 2003), y esto a pesar de las opiniones previas de Naciones Unidas.
Según M. Van Boven, es en efecto durante este «periodo de incomunicación», en el transucrso del cual toda posibilidad de control está excluida, que el detenido corre el mayor riesgo de sufrir la tortura. Esta medida crea pues las condiciones en las que la tortura pueda ser practicada.
El sistema judicial español, en la práctica, no distingue entre la participación en la realización de un atentado y la simpatía por un proyecto político de un País Vasco independiente. Esta confusión no se aplica únicamente en el caso de Luis Moreno y Rakel García.
En el País Vasco se dan violaciones cada vez más inquietantes. Estos últimos años, dos periódicos, "Egin" (con una tirada de 60.000 ejemplares) y "Egunkaria" (con una tirada de 40.000 ejemplares, periódico totalmente en euskara) han sido prohibidos. El director de este periódico, Martxelo Otamendi, ha sido torturado. Sin embargo, el hecho de que él dirija un periódico próximo políticamente a miles de nacionalistas no significa que él sea el portavoz de ETA. Cuando denunció las prácticas de las que había sido víctima, la justicia española le ha inculpado junto a otros tres periodistas, por «colaboración con banda armada» (ETA) y falsas declaraciones sobre la tortura de la que él ha sido objeto, considerando que las denuncias relativas a la tortura no son más que una estrategia de ETA con vistas a desacreditar las instituciones democráticas españolas. Las asociaciones de defensa de los Derechos Humanos del País Vasco, que han denunciado la tortura de la que han sido víctimas diversos detenidos, han sido igualmente acusadas de «desestabilizar las instituciones democráticas».
A la luz de estos hechos parece más que nunca indispensable que las garantías legales sean puestas en marcha, con el fin de que la orden de detención europea no sea utilizada con fines políticos.
La orden de detención europea se basa sobre el principio de que todos los estados de la UE respeten estrictamente los Derechos Humanos. En este contexto, nada se opone a que la extradición sea cuasi automática. Pero como nosotros hemos visto, éste no es desgraciadamente el caso. Incluso en el seno de la Unión Europea hay estados que violan los prinicipios más elementales de los Derechos Humanos.
Es posible que la solicitud de extradición de Luis Moreno y Rakel Garcia sea rechazada, porque haya prescrito. Pero en el futuro es evidente que será diferente.
La lógica quisiera que la construcción de la Unión Europea contribuya a la difusión del respeto de los principios más elementales de los Derechos Humanos. Desgraciadamente, fuerza constatar que asistimos a lo contrario, y las prácticas totalitarias, dignas de otra época, tienen el riesgo de ser importadas a un país de tradición democrática como el nuestro.
Debemos igualmente atraer la atención sobre el hecho de que todo ciudadano belga que se conduzca mal a los ojos de las autoridades españolas puede ser igualmente automáticamente extraditado.
Es por todas estas razones que los firmantes de este texto apoyamos explícitamente la proposición de la asociación Advocaten voor de Wereld (Abogados del Mundo) de introducir un recurso ante el Tribunal de Arbitraje, para solicitar la suspensión de la ley relativa a la « orden de detención europea». La orden de detención europea no puede ser una secuela tardía del «Consejo de Contenciosos». -
(*) Firman este escrito, entre otros: Bernard Daelemans y Paul Van Cappellen (miembros de Anai Artea, grupo flamenco de solidaridad con Euskal Herria), Jan Loones y Kris Van Dijck (miembros del Parlamento flamenco), Lionel Vandenberghe (Senador), Christian Dutoit (Redactor de la revista "Meervoud") y Anne Morrelli (Profesora de la Universidad Libre de Bruselas)
Bart Staes - Europarlamentario (*)
Gara, 15/04/04
Poco tiempo después de que el Parlamento belga ratificara la ley que instaura «la orden de detención europea» (el 12 de diciembre del 2003), la justicia española demanda de nuevo la extradición de la pareja vasca Moreno-García, que vive desde hace 12 años en nuestro país. El juez de instrucción y la Corte de Apelación sin embargo han rechazado la solicitud española, bajo el motivo de que se trata de un informe «viejo».
El procurador sin embargo ha recurrido ante el Tribunal de Casación.
Conviene subrayar la poca solidez de fondo de este informe, sobre todo por el hecho de que las acusaciones contra la pareja Moreno-García están basadas en declaraciones obtenidas bajo tortura. Las mismas autoridades españolas han reconocido estos hechos en 1996, anter el Relator Especial de Naciones Unidas, Monsieur Kooijmans, volviendo así sobre declaraciones anteriores que los negaban.
Para recordar, según las normas internacionales, las declaraciones obtenidas bajo tortura no tienen ningún valor jurídico.
Incluso sin considerar la suerte de la pareja Moreno-García, los firmantes de este texto estimamos que no es deseable introducir la orden de detención europea en nuestra legislación, porque eso vendría a introducir prácticas propias de regímenes totalitarios. Ciudadanos belgas pueden ser igualmente víctimas.
Es necesario examinar con más atención la situación en España. La política llevada por Madrid para con el País Vasco recuerda las prácticas de la Inquisición y del «Consejo de Contenciosos» español que, en el pasado castigó sin consideración en nuestro país.
En el siglo XVI, los Países Bajos pasaron un periodo agitado de su historia. Seguido de la crisis económica y de las injusticias de la Iglesia, que fueron criticadas por Erasmo en su "Laus stultitiae", surgieron nuevas opiniones sobre los asuntos religiosos y políticos. La invención de la imprenta hizo que el protestantismo alcanzara a un vasto público. Los príncipes locales (tales como los condes de Egmont y Hoorn) seguirían fieles al catolicismo pero se mostraron tolerantes con los heterodoxos. Ellos pidieron que se moderara la Inquisición que Carlos V (Carlos I de España) había endurecido en 1529. (En los Países Bajos del Sur cerca de 3.000 personas fueron ejecutadas por «delitos religiosos»). Esta iniciativa les costaría cara, porque el rey español Felipe II les hizo condenar a muerte por «alta traición». Por este hecho, fue creado un tribunal especial, el «Consejo de Contenciosos» (o «Consejo de Sangre»); que condenó a muerte a lo largo de su existencia a cerca de 18.000 personas. El 5 de junio de 1568, Egmont y Hoorn fueron decapitados en la Grand Place de Bruselas.
Esto parece increíble, pero en la España actual la tortura y la persecución ideológica y política, que fueron la marca de la Inquisición y del Consejo de Con- tenciosos de Felipe II, continúan practicándose. Esto destaca del reporte muy reciente (5 de febrero) del Relator Especial de Naciones Unidas, Theo Van Boven. Las autoridades españolas legitiman su política refiriéndose a la lucha antiterrorista. No obstante, Van Boven alega que la prohibición de la tortura «es absoluta e imperativa y que no se puede en ninguna circunstancia someter o estar subordinada a otros intereses, políticos o prácticos; esto incluye la necesidad legítima de anticipar atentados terroristas o juzgar a quienes los financian, planifican, apoyan o cometen tales atentados».
Después de tener conocimiento de numerosos testimonios «de interlocutores fiables del mundo judicial y académico y de la sociedad civil del País Vasco», así como de personas que han sido detenidas e interrogadas por las fuerzas policiales y de seguridad del Estado, el Relator Especial concluye que «agentes de la seguridad y policías, particularmente dentro de los servicios de la lucha contra el terrorismo, han recurrido regularmente a la práctica de la tortura y a otras formas de tratamiento inhumanas y humillantes».
Las declaraciones de víctimas de tales prácticas mencionan malos tratos tales como golpes, ejercicios físicos forzados y extenuantes, la asfixia con bolsas de plástico y vejaciones sexuales. Teniendo en cuenta la confirmación de los diversos testimonios, su coherencia y la precisión de detalles anticipados, el Relator Especial tiene la convicción de que «no puede tratarse de falsas declaraciones».
El Relator Especial de Naciones Unidas expresa su preocupación ante el hecho de que la ley que rige la medida de detención llamada de «incomunicación» (por la que los detenidos no tienen derecho a consultar con un abogado o un médico, o de tener cualquier contacto con su familia) ha sido modificada con el fin de extender al máximo los días de detención previstos, pasando así de 5 a 13 días, (noviembre del 2003), y esto a pesar de las opiniones previas de Naciones Unidas.
Según M. Van Boven, es en efecto durante este «periodo de incomunicación», en el transucrso del cual toda posibilidad de control está excluida, que el detenido corre el mayor riesgo de sufrir la tortura. Esta medida crea pues las condiciones en las que la tortura pueda ser practicada.
El sistema judicial español, en la práctica, no distingue entre la participación en la realización de un atentado y la simpatía por un proyecto político de un País Vasco independiente. Esta confusión no se aplica únicamente en el caso de Luis Moreno y Rakel García.
En el País Vasco se dan violaciones cada vez más inquietantes. Estos últimos años, dos periódicos, "Egin" (con una tirada de 60.000 ejemplares) y "Egunkaria" (con una tirada de 40.000 ejemplares, periódico totalmente en euskara) han sido prohibidos. El director de este periódico, Martxelo Otamendi, ha sido torturado. Sin embargo, el hecho de que él dirija un periódico próximo políticamente a miles de nacionalistas no significa que él sea el portavoz de ETA. Cuando denunció las prácticas de las que había sido víctima, la justicia española le ha inculpado junto a otros tres periodistas, por «colaboración con banda armada» (ETA) y falsas declaraciones sobre la tortura de la que él ha sido objeto, considerando que las denuncias relativas a la tortura no son más que una estrategia de ETA con vistas a desacreditar las instituciones democráticas españolas. Las asociaciones de defensa de los Derechos Humanos del País Vasco, que han denunciado la tortura de la que han sido víctimas diversos detenidos, han sido igualmente acusadas de «desestabilizar las instituciones democráticas».
A la luz de estos hechos parece más que nunca indispensable que las garantías legales sean puestas en marcha, con el fin de que la orden de detención europea no sea utilizada con fines políticos.
La orden de detención europea se basa sobre el principio de que todos los estados de la UE respeten estrictamente los Derechos Humanos. En este contexto, nada se opone a que la extradición sea cuasi automática. Pero como nosotros hemos visto, éste no es desgraciadamente el caso. Incluso en el seno de la Unión Europea hay estados que violan los prinicipios más elementales de los Derechos Humanos.
Es posible que la solicitud de extradición de Luis Moreno y Rakel Garcia sea rechazada, porque haya prescrito. Pero en el futuro es evidente que será diferente.
La lógica quisiera que la construcción de la Unión Europea contribuya a la difusión del respeto de los principios más elementales de los Derechos Humanos. Desgraciadamente, fuerza constatar que asistimos a lo contrario, y las prácticas totalitarias, dignas de otra época, tienen el riesgo de ser importadas a un país de tradición democrática como el nuestro.
Debemos igualmente atraer la atención sobre el hecho de que todo ciudadano belga que se conduzca mal a los ojos de las autoridades españolas puede ser igualmente automáticamente extraditado.
Es por todas estas razones que los firmantes de este texto apoyamos explícitamente la proposición de la asociación Advocaten voor de Wereld (Abogados del Mundo) de introducir un recurso ante el Tribunal de Arbitraje, para solicitar la suspensión de la ley relativa a la « orden de detención europea». La orden de detención europea no puede ser una secuela tardía del «Consejo de Contenciosos». -
(*) Firman este escrito, entre otros: Bernard Daelemans y Paul Van Cappellen (miembros de Anai Artea, grupo flamenco de solidaridad con Euskal Herria), Jan Loones y Kris Van Dijck (miembros del Parlamento flamenco), Lionel Vandenberghe (Senador), Christian Dutoit (Redactor de la revista "Meervoud") y Anne Morrelli (Profesora de la Universidad Libre de Bruselas)
11 de abril de 2004
EA Argentina: ABERRI EGUNA 2004
Al celebrarse un nuevo Día de la Patria Vasca, Eusko Alkartasuna de Argentina reafirma los compromisos asumidos en su Acta Fundacional, a saber: sostener los principios partidarios de la agrupación política del país Vasco Eusko Alkartasuna; reivindicar los imprescriptibles Principios Históricos del Pueblo Vasco; difundir nuestras ideas y objetivos rompiendo el bloqueo informativo que ha buscado estigmatizar nuestra Causa Nacional; propender a la unidad en la tarea de la Construcción Nacional, defendiendo principios irrenunciables como el diálogo, el respeto a los derechos humanos y el repudio a la violencia como herramienta para dirimir conflictos políticos; y finalmente, trabajar en la superación del actualmente fragmentado marco político vasco (que nos mantiene separados entre la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra e Iparralde), en la búsqueda de mayores cuotas de autogobierno, sin perder de vista el objetivo final de nuestra acción política: LA INDEPENDENCIA DE EUSKALHERRIA.
Destacando el rol que desde la diáspora se cumple en pos de estos compromisos, enviamos un fraternal abrazo a todos los abertzales, que desde distintos puntos del mundo trabajan para recuperar la cultura, la unidad y la soberanía, ideales que golpean el pecho de numerosas generaciones de vascos, vascas y de sus descendientes en tierras más o menos lejanas.
GORA EUSKALHERRIA ASKATUTA!
AURRERA!
Argentina, 11 de abril de 2004
Al celebrarse un nuevo Día de la Patria Vasca, Eusko Alkartasuna de Argentina reafirma los compromisos asumidos en su Acta Fundacional, a saber: sostener los principios partidarios de la agrupación política del país Vasco Eusko Alkartasuna; reivindicar los imprescriptibles Principios Históricos del Pueblo Vasco; difundir nuestras ideas y objetivos rompiendo el bloqueo informativo que ha buscado estigmatizar nuestra Causa Nacional; propender a la unidad en la tarea de la Construcción Nacional, defendiendo principios irrenunciables como el diálogo, el respeto a los derechos humanos y el repudio a la violencia como herramienta para dirimir conflictos políticos; y finalmente, trabajar en la superación del actualmente fragmentado marco político vasco (que nos mantiene separados entre la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra e Iparralde), en la búsqueda de mayores cuotas de autogobierno, sin perder de vista el objetivo final de nuestra acción política: LA INDEPENDENCIA DE EUSKALHERRIA.
Destacando el rol que desde la diáspora se cumple en pos de estos compromisos, enviamos un fraternal abrazo a todos los abertzales, que desde distintos puntos del mundo trabajan para recuperar la cultura, la unidad y la soberanía, ideales que golpean el pecho de numerosas generaciones de vascos, vascas y de sus descendientes en tierras más o menos lejanas.
GORA EUSKALHERRIA ASKATUTA!
AURRERA!
Argentina, 11 de abril de 2004
Documento de Aberri Eguna 2004
Celebramos el Aberri Eguna del 2004 tras un año repleto de acontecimientos, en el que se han producido cambios tanto en Euskal Herria como en el resto del mundo. Actos brutales como el perpetrado el 11 de Marzo en Madrid y el rechazo en las urnas a la política de confrontación y recorte de libertades llevado a cabo por el Partido Popular, muestran de forma clara la necesidad de abordar los problemas desde la raíz y a través del diálogo, aquí, en el mundo y, especialmente en el estado español.
Ha sido éste un año de convulsiones. En lo que a Euskal Herria se refiere, la persistencia de la violencia de ETA y su pretensión de erigirse en defensora de los derechos de nuestro pueblo, ha supuesto la continuidad en la vulneración de los derechos humanos. En contraposición, la inmensa mayoría de la sociedad ha mostrado frontal y nítidamente su rechazo ante esta estrategia de utilización de la violencia, y apuesta de manera y firme por el diálogo y el entedimiento basado en el respeto a los legítimos y diversos posicionamientos políticos.
De otro lado, la violencia, también ha sido usada como justificación para llevar un proceso de retroceso democrático y menoscabo de derechos y avances que creíamos consolidados. Este proceso involutivo ha tenido su reflejo en las políticas y medidas que ha ido adoptando el Gobierno de Madrid, siguiendo los esquemas de una concepción del orden mundial maniqueo, donde existen un eje del bien y un eje del mal. El establecimiento del pensamiento único ha desembocado en una política de confrontación y criminalización de todas aquellas ideas que, como los postulados de Eusko Alkartasuna, defienden la existencia de un país independiente, con su propia identidad y su derecho a organizarse jurídica y políticamente .
Nos encontramos, pues, en un momento crucial, ante unos meses fundamentales en torno al debate en el Parlamento Vasco de la propuesta legítima del Gobierno Vasco, así como otros que favorezcan las vías de comunicación y entendimiento entre las diversas fuerzas políticas y agentes sociales.
Dentro de las diversas consultas electorales que han tenido lugar en neustro país, tanto en Hegoalde como en Iparralde, merece una atención especial el resultado electoral arrojado el pasado 14 de marzo, en el que el Partido Popular ha perdido el Gobierno del estado español. Durante los cuatro próximos años el Partido Socialista Obrero Español deberá demostrar su talante en materia de derechos individuales y colectivos, sobre las libertades, el pluralismo el diálogo, etc. Desde Eusko Alkartasuna entendemos que serán necesarias una voluntad y una actitud claras y evidentes, tendentes a recuperar el espacio que mediante pactos y modificaciones legislativas se ha ido cercenando al sistema democrático.
Son momentos de incertidumbre, pero para Eusko Alkartasuna también son momentos de esperanza y de una apuesta clara hacia el avance soberanista. Es el momento para seguir trabajando en la defensa de los valores de democracia, de la paz y del respeto de los derechos individuales y colectivos.
Por todo ello, con motivo del ´Aberri Eguna´ de este año 2004 desde Eusko Alkartasuna:
1.- Proclamamos nuestro compromiso en constituirnos en aval y garantía de la defensa clara, firme y activa de los derechos en este período de cambios, y exigimos con rotundidad y sin ambages, el derecho a poder ejercer nuestra capacidad de decisión sobre nuestro futuro, esto es, a poder ejercer el derecho de autodeterminación. El resultado de dicho ejercicio será en todo caso aceptado por Eusko Alkartasuna , al tiempo que trabajaremos con el objetivo de lograr apoyos a lo que es nuestra aspiración política última de una Euskal Herria independiente integrado en Europa.
2.- Reivindicamos, exigimos y creemos que ´otro mundo es posible´, un mundo mejor, basado en el cumplimiento de todos los derechos humanos, individuales y colectivos para lograr una sociedad basada en la igualdad de oportunidades para todas las personas a fin de garantizar una calidad de vida digna en todos los aspectos: social, cultural, político, educativo, deportivo, lingüístico, medio ambiental, etc.
3.- Mostramos nuestra solidaridad y apoyo con todos aquellos países, que como el nuestro trabajan para que les sean reconocidos sus derechos como pueblo y apuestan por acometer esta labor desde la única vía que puede solucionar los conflictos: el diálogo y el respeto a los derechos humanos.
Son muchas las naciones sin Estado que reivindican un lugar en pie de igualdad al resto de los Estados en la Unión Europea. Euskal Herria es un país, y como tal le corresponde tener un lugar, voz y voto en todos los organismos supranacionales. La ampliación de la Unión Europa integrará a nuevos países;por ello, desde Eusko Alkartasuna apostamos por la creación de una Europa de los pueblos, para trabajar desde una defensa clara de nuestro país y nuestra ciudadanía, desde una concepción solidaria con el resto de países y personas, en la consecución de una Euskal Herria mejor, de una Europa mejor, de un mundo mejor para todas las personas. Gora Euskadi askatuta!
Celebramos el Aberri Eguna del 2004 tras un año repleto de acontecimientos, en el que se han producido cambios tanto en Euskal Herria como en el resto del mundo. Actos brutales como el perpetrado el 11 de Marzo en Madrid y el rechazo en las urnas a la política de confrontación y recorte de libertades llevado a cabo por el Partido Popular, muestran de forma clara la necesidad de abordar los problemas desde la raíz y a través del diálogo, aquí, en el mundo y, especialmente en el estado español.
Ha sido éste un año de convulsiones. En lo que a Euskal Herria se refiere, la persistencia de la violencia de ETA y su pretensión de erigirse en defensora de los derechos de nuestro pueblo, ha supuesto la continuidad en la vulneración de los derechos humanos. En contraposición, la inmensa mayoría de la sociedad ha mostrado frontal y nítidamente su rechazo ante esta estrategia de utilización de la violencia, y apuesta de manera y firme por el diálogo y el entedimiento basado en el respeto a los legítimos y diversos posicionamientos políticos.
De otro lado, la violencia, también ha sido usada como justificación para llevar un proceso de retroceso democrático y menoscabo de derechos y avances que creíamos consolidados. Este proceso involutivo ha tenido su reflejo en las políticas y medidas que ha ido adoptando el Gobierno de Madrid, siguiendo los esquemas de una concepción del orden mundial maniqueo, donde existen un eje del bien y un eje del mal. El establecimiento del pensamiento único ha desembocado en una política de confrontación y criminalización de todas aquellas ideas que, como los postulados de Eusko Alkartasuna, defienden la existencia de un país independiente, con su propia identidad y su derecho a organizarse jurídica y políticamente .
Nos encontramos, pues, en un momento crucial, ante unos meses fundamentales en torno al debate en el Parlamento Vasco de la propuesta legítima del Gobierno Vasco, así como otros que favorezcan las vías de comunicación y entendimiento entre las diversas fuerzas políticas y agentes sociales.
Dentro de las diversas consultas electorales que han tenido lugar en neustro país, tanto en Hegoalde como en Iparralde, merece una atención especial el resultado electoral arrojado el pasado 14 de marzo, en el que el Partido Popular ha perdido el Gobierno del estado español. Durante los cuatro próximos años el Partido Socialista Obrero Español deberá demostrar su talante en materia de derechos individuales y colectivos, sobre las libertades, el pluralismo el diálogo, etc. Desde Eusko Alkartasuna entendemos que serán necesarias una voluntad y una actitud claras y evidentes, tendentes a recuperar el espacio que mediante pactos y modificaciones legislativas se ha ido cercenando al sistema democrático.
Son momentos de incertidumbre, pero para Eusko Alkartasuna también son momentos de esperanza y de una apuesta clara hacia el avance soberanista. Es el momento para seguir trabajando en la defensa de los valores de democracia, de la paz y del respeto de los derechos individuales y colectivos.
Por todo ello, con motivo del ´Aberri Eguna´ de este año 2004 desde Eusko Alkartasuna:
1.- Proclamamos nuestro compromiso en constituirnos en aval y garantía de la defensa clara, firme y activa de los derechos en este período de cambios, y exigimos con rotundidad y sin ambages, el derecho a poder ejercer nuestra capacidad de decisión sobre nuestro futuro, esto es, a poder ejercer el derecho de autodeterminación. El resultado de dicho ejercicio será en todo caso aceptado por Eusko Alkartasuna , al tiempo que trabajaremos con el objetivo de lograr apoyos a lo que es nuestra aspiración política última de una Euskal Herria independiente integrado en Europa.
2.- Reivindicamos, exigimos y creemos que ´otro mundo es posible´, un mundo mejor, basado en el cumplimiento de todos los derechos humanos, individuales y colectivos para lograr una sociedad basada en la igualdad de oportunidades para todas las personas a fin de garantizar una calidad de vida digna en todos los aspectos: social, cultural, político, educativo, deportivo, lingüístico, medio ambiental, etc.
3.- Mostramos nuestra solidaridad y apoyo con todos aquellos países, que como el nuestro trabajan para que les sean reconocidos sus derechos como pueblo y apuestan por acometer esta labor desde la única vía que puede solucionar los conflictos: el diálogo y el respeto a los derechos humanos.
Son muchas las naciones sin Estado que reivindican un lugar en pie de igualdad al resto de los Estados en la Unión Europea. Euskal Herria es un país, y como tal le corresponde tener un lugar, voz y voto en todos los organismos supranacionales. La ampliación de la Unión Europa integrará a nuevos países;por ello, desde Eusko Alkartasuna apostamos por la creación de una Europa de los pueblos, para trabajar desde una defensa clara de nuestro país y nuestra ciudadanía, desde una concepción solidaria con el resto de países y personas, en la consecución de una Euskal Herria mejor, de una Europa mejor, de un mundo mejor para todas las personas. Gora Euskadi askatuta!
6 de abril de 2004
Por una segunda transición democrática y plurinacional
Josep Lluís Carod Rovira, Begoña Errazti y Bizen Fuster
Veinticinco años después de la aprobación de la actual Constitución española, con la mayoría absoluta del Partido Popular hemos asistido a un momento que podemos calificar como de clara involución en lo relativo al autogobierno para las comunidades autónomas, de restricción de libertades ciudadanas y de descrédito de las instituciones democráticas, una triple amenaza al marco constitucional que nos debe conducir a todos la al reflexión ya la aportación constructiva. En este contexto, los partidos políticos que los firmantes tenemos el honor de dirigir, fuerzas que, desde la izquierda democrática, representamos a nuestras nacionalidades, queremos trasladar a la sociedad un análisis compartido y la esperanza de que en esta próxima legislatura general nuestra posición decisiva en el Congreso de los Diputados y la pérdida de mayoría por los partidos mayoritarios en el Estado permitan la cobertura de una nueva etapa que corrija los malos derroteros del último periodo. Queremos expresar nuestra voluntad de participar en la que debe ser una segunda transición que refuerce las libertades y los derechos sociales, que regenere el sistema democrático y que avance decididamente hacia el reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado.
La reforma política que dio a luz el actual marco constitucional, denominada transición democrática, permitió, en las circunstancias particulares del final de la dictadura, un desarrollo democrático razonable respecto a los derechos y libertades individuales, pero no se pudo desvincular de las inercias y condicionantes del pasado. Un cuarto de siglo después, la derecha conservadora, retomando la tradición más autoritaria y centralista, recuperó el Gobierno del Estado, democrática y legítimamente, eso sí, lo que le permitió aplicar de forma restrictiva el ya de por sí limitado marco legal existente de libertades, derechos sociales y pluralidad nacional.
Si bien el bloque constituyente entendía España como un Estado plurinacional y compuesto, que permitía, aunque con limitaciones de partida, ejercer el derecho al autogobierno a sus componentes, la realidad no ha pasado de ser sólo una descentralización administrativa y del gasto, al renunciarse, a cualquier medida de acercamiento real a la estructura propia de los Estados federales o compuestos. Los sucesivos Gobiernos centrales han abusado de las leyes de bases y de la aplicación de directivas europeas para invadir competencias autonómicas, con el respaldo del Tribunal Constitucional que ha realizado habitualmente una relectura centralista, al igual que otros órganos generales del Estado cuya composición no refleja la realidad plural. La mayoría absoluta del Partido Popular en la pasada legislatura puso en marcha una febril actividad legislativa para recortar incluso, con la excusa de la coordinación de las comunidades autónomas y su tutela, las competencias que acababan de transferirse, a la vez que negó furibundamente cualquier participación autonómica en las instituciones europeas, como vienen haciendo con toda naturalidad otros Estados compuestos. Todo ello, aderezado con un rancio discurso nacionalista español que, disfrazado de patriotismo constitucional, ha pretendido fosilizar ese marco legal una vez vaciado de contenidos, vulnerando en la práctica, repetidamente, la letra y el espíritu más progresista y plural del bloque constituyente.
De la misma forma, a pesar de que los derechos fundamentales y las libertades públicas están razonablemente reconocidas, existen diversos ámbitos donde éstas se han venido restringiendo (menoscabo del papel del Parlamento en el control al Gobierno o en la entrada en una guerra, concentración del poder mediático y falta de pluralismo informativo en los medios públicos, negación de libertades en la legislación de extranjería, mal funcionamiento y lentitud de la Administración de justicia,)
La obsesión por fortalecer a los partidos tras el franquismo justificó unas reglas de juego propias se una partitocracia bipolar e introdujo notables obstáculos el ejercicio de la democracia participativa (referéndum de ámbito local, nacional o estatal o diversas iniciativas ciudadanas), lo que contradice por cierto la Carta de Derechos Fundamentales de la UE que consagra los derechos de petición, participación activa, etc.
Por otra parte, frente a los derechos a la salud y a la educación, que son universales y encabezan hoy los avances del Estado del bienestar, aunque aún por debajo del nivel europeo de prestaciones, otros derechos sociales consagrados en la Constitución se han quedado en pura retórica. Son los llamados derechos de tercera generación que necesitan un nuevo despliegue: el derecho al trabajo, una vivienda digna, una protección social y económica de la familia, al medio ambiente, e incluso la libertad de empresa (cuando se favorece la concentración, privatización y centralización de antiguas empresas públicas en detrimento de la libre competencia y del servicio de calidad a los usuarios). Ante estos déficits sociales, la obsesión del PP por el déficit cero y su política fiscal basada en la imposición indirecta y regresiva ha puesto en riesgo el Estado del bienestar, encaminándonos hacia una ruptura de la cohesión social y el aumento de la exclusión.
En cuanto a la credibilidad del sistema democrático, los escándalos de transfuguismo y corrupción que involucran a cargos políticos han venido a contribuir al creciente desprestigio de la actividad política.
Por otro lado, en este contexto , las vacilaciones del PSOE, entre su tradición más jacobina, que impone el seguidismo de las políticas centralistas y autoritarias del PP, y la tradición democrática federal, no ayudan a superar el anterior impasse. En este sentido, no es de recibo que se pretende obstruir cualquier iniciativa surgida de los distintos Parlamentos destinada a reformar el marco legal existente para mejora las cotas de autogobierno.
Después de veinticinco años de "transición democrática" incompleta, es necesario sentar ahora las bases para una "segunda transición" que nos encamine hacia una democracia de calidad. Superadas muchas de las herencias y condicionantes de un pasado dictatorial, debemos afrontar con decisión renovada unos cambios que entonces resultaron imposibles pero que hoy son imprescindibles. Debemos exigir la regeneración de las instituciones, abriendo espacios a la participación democrática; la profundización de los derechos sociales, con medidas que combatan la exclusión y garanticen una vida digna para todos y todas; y el reconocimiento de la pluralidad nacional, cultural y lingüística del Estado español, mediante la creación de estructuras federales u otras formas de Estado compuesto que garantice, en cada momento histórico, el papel al que tienen derecho nuestras naciones y que libremente decidan sus pueblos y sus Parlamentos.
Desde las izquierdas nacionales trabajaremos en todas las cámaras de representación para iniciar este proceso de democratización. Esperemos que el Gobierno del PSOE esté a la altura de las circunstancias en esa segunda oportunidad para el cambio que le ha dado el electorado.
Josep Lluís Carod Rovira, secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya; Begoña Errazti, presidenta de Eusko Alkartasuna, y Bizen Fuster, presidente de la Chunta Aragonesista.
Josep Lluís Carod Rovira, Begoña Errazti y Bizen Fuster
Veinticinco años después de la aprobación de la actual Constitución española, con la mayoría absoluta del Partido Popular hemos asistido a un momento que podemos calificar como de clara involución en lo relativo al autogobierno para las comunidades autónomas, de restricción de libertades ciudadanas y de descrédito de las instituciones democráticas, una triple amenaza al marco constitucional que nos debe conducir a todos la al reflexión ya la aportación constructiva. En este contexto, los partidos políticos que los firmantes tenemos el honor de dirigir, fuerzas que, desde la izquierda democrática, representamos a nuestras nacionalidades, queremos trasladar a la sociedad un análisis compartido y la esperanza de que en esta próxima legislatura general nuestra posición decisiva en el Congreso de los Diputados y la pérdida de mayoría por los partidos mayoritarios en el Estado permitan la cobertura de una nueva etapa que corrija los malos derroteros del último periodo. Queremos expresar nuestra voluntad de participar en la que debe ser una segunda transición que refuerce las libertades y los derechos sociales, que regenere el sistema democrático y que avance decididamente hacia el reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado.
La reforma política que dio a luz el actual marco constitucional, denominada transición democrática, permitió, en las circunstancias particulares del final de la dictadura, un desarrollo democrático razonable respecto a los derechos y libertades individuales, pero no se pudo desvincular de las inercias y condicionantes del pasado. Un cuarto de siglo después, la derecha conservadora, retomando la tradición más autoritaria y centralista, recuperó el Gobierno del Estado, democrática y legítimamente, eso sí, lo que le permitió aplicar de forma restrictiva el ya de por sí limitado marco legal existente de libertades, derechos sociales y pluralidad nacional.
Si bien el bloque constituyente entendía España como un Estado plurinacional y compuesto, que permitía, aunque con limitaciones de partida, ejercer el derecho al autogobierno a sus componentes, la realidad no ha pasado de ser sólo una descentralización administrativa y del gasto, al renunciarse, a cualquier medida de acercamiento real a la estructura propia de los Estados federales o compuestos. Los sucesivos Gobiernos centrales han abusado de las leyes de bases y de la aplicación de directivas europeas para invadir competencias autonómicas, con el respaldo del Tribunal Constitucional que ha realizado habitualmente una relectura centralista, al igual que otros órganos generales del Estado cuya composición no refleja la realidad plural. La mayoría absoluta del Partido Popular en la pasada legislatura puso en marcha una febril actividad legislativa para recortar incluso, con la excusa de la coordinación de las comunidades autónomas y su tutela, las competencias que acababan de transferirse, a la vez que negó furibundamente cualquier participación autonómica en las instituciones europeas, como vienen haciendo con toda naturalidad otros Estados compuestos. Todo ello, aderezado con un rancio discurso nacionalista español que, disfrazado de patriotismo constitucional, ha pretendido fosilizar ese marco legal una vez vaciado de contenidos, vulnerando en la práctica, repetidamente, la letra y el espíritu más progresista y plural del bloque constituyente.
De la misma forma, a pesar de que los derechos fundamentales y las libertades públicas están razonablemente reconocidas, existen diversos ámbitos donde éstas se han venido restringiendo (menoscabo del papel del Parlamento en el control al Gobierno o en la entrada en una guerra, concentración del poder mediático y falta de pluralismo informativo en los medios públicos, negación de libertades en la legislación de extranjería, mal funcionamiento y lentitud de la Administración de justicia,)
La obsesión por fortalecer a los partidos tras el franquismo justificó unas reglas de juego propias se una partitocracia bipolar e introdujo notables obstáculos el ejercicio de la democracia participativa (referéndum de ámbito local, nacional o estatal o diversas iniciativas ciudadanas), lo que contradice por cierto la Carta de Derechos Fundamentales de la UE que consagra los derechos de petición, participación activa, etc.
Por otra parte, frente a los derechos a la salud y a la educación, que son universales y encabezan hoy los avances del Estado del bienestar, aunque aún por debajo del nivel europeo de prestaciones, otros derechos sociales consagrados en la Constitución se han quedado en pura retórica. Son los llamados derechos de tercera generación que necesitan un nuevo despliegue: el derecho al trabajo, una vivienda digna, una protección social y económica de la familia, al medio ambiente, e incluso la libertad de empresa (cuando se favorece la concentración, privatización y centralización de antiguas empresas públicas en detrimento de la libre competencia y del servicio de calidad a los usuarios). Ante estos déficits sociales, la obsesión del PP por el déficit cero y su política fiscal basada en la imposición indirecta y regresiva ha puesto en riesgo el Estado del bienestar, encaminándonos hacia una ruptura de la cohesión social y el aumento de la exclusión.
En cuanto a la credibilidad del sistema democrático, los escándalos de transfuguismo y corrupción que involucran a cargos políticos han venido a contribuir al creciente desprestigio de la actividad política.
Por otro lado, en este contexto , las vacilaciones del PSOE, entre su tradición más jacobina, que impone el seguidismo de las políticas centralistas y autoritarias del PP, y la tradición democrática federal, no ayudan a superar el anterior impasse. En este sentido, no es de recibo que se pretende obstruir cualquier iniciativa surgida de los distintos Parlamentos destinada a reformar el marco legal existente para mejora las cotas de autogobierno.
Después de veinticinco años de "transición democrática" incompleta, es necesario sentar ahora las bases para una "segunda transición" que nos encamine hacia una democracia de calidad. Superadas muchas de las herencias y condicionantes de un pasado dictatorial, debemos afrontar con decisión renovada unos cambios que entonces resultaron imposibles pero que hoy son imprescindibles. Debemos exigir la regeneración de las instituciones, abriendo espacios a la participación democrática; la profundización de los derechos sociales, con medidas que combatan la exclusión y garanticen una vida digna para todos y todas; y el reconocimiento de la pluralidad nacional, cultural y lingüística del Estado español, mediante la creación de estructuras federales u otras formas de Estado compuesto que garantice, en cada momento histórico, el papel al que tienen derecho nuestras naciones y que libremente decidan sus pueblos y sus Parlamentos.
Desde las izquierdas nacionales trabajaremos en todas las cámaras de representación para iniciar este proceso de democratización. Esperemos que el Gobierno del PSOE esté a la altura de las circunstancias en esa segunda oportunidad para el cambio que le ha dado el electorado.
Josep Lluís Carod Rovira, secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya; Begoña Errazti, presidenta de Eusko Alkartasuna, y Bizen Fuster, presidente de la Chunta Aragonesista.
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