Vulnerar o terminar con los derechos civiles, políticos y culturales de todos y todas parece ser el fin último del macro proceso denominado18/98. A la Audiencia Nacional le da lo mismo, inculpar a la Mesa Nacional de HB, a la Coordinadora KAS, a los miembros del Diario EGIN, a la Fundación Zumalabe, al Lehendakari Ibarretxe, al dirigente Arnaldo Otegi, a los jóvenes independentistas, o al dirigente abertzale José Luis Elkoro.
Para la Audiencia Nacional, todo lo que tiene olor a vasco debe ser el objeto de enjuiciamiento, y así ha sido durante 17 meses, en los cuales, un importante número de personas han tenido que comparecer en Madrid los días lunes, martes, y miércoles de cada semana, sin importar las distancias, los inconvenientes, los trastornos y las humillaciones.
Las penas solicitadas por el fiscal parecen constituir números provenientes del azar, donde se solicitan 50 años, como si fuera un juego de apuestas, con el singular argumento de vincular toda actividad institucional o militante nacionalista a ETA.
Hoy el Fiscal de la causa Enrique Molina ha solicitado una reducción en las penas originalmente pedidas, como si se tratara de las rebajas de las grandes tiendas.
Mientras tanto, la resolución del conflicto vasco deberá esperar, al igual que la unidad abertzale, la reanudación del diálogo y la humanitaria liberación de Iñaki de Juana.
Solo la movilización del pueblo vasco, la ausencia de violencia, el diálogo como medio de resolución del conflicto, y el respeto de todas las ideas, constituyen los denominadores que nos llevarán a concretar los grandes objetivos nacionales, que sólo serán posibles, si se logra garantizar el derecho a decidir del pueblo vasco.
Prof. César Arrondo
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