Gara.- Formalmente, mañana jueves se juzgará a Michel Berhokoirigoin, en calidad de presidente de Euskal Herriko Laborantza Ganbera (EHLG), por «usurpación de nombre y funciones públicas». Efectivamente, la legislación francesa establece que hay una Chambre d´Agriculture en cada departamento (pero no dice que puede haber más). Pero, en este caso, la lógica centralista acaba convirtiéndose en un boomerang, ya que al carecer el euskara de reconocimiento oficial, nadie puede inferir que legalmente Chambre d´Agriculture sea lo mismo que Laborantza Ganbara. Tampoco parece que la segunda línea de argumentación de quien ha demandado a la Laborantza Ganbara -la Prefectura- tenga bases sólidas, ya que de procesar a Berhokorigoin por usurpación de función pública, el Estado debería juzgar a los responsables de otras 10.000 asociaciones francesas que como la EHLG establecen en sus estatutos que sus funciones son las de «animar y dinamizar la agricultura».
No estamos tampoco ante un exótico caso de esos que todos creemos que tienen «justa razón», pero nadie mueve un dedo por defenderles. En este caso, la (i)legalidad (lo que se juzga: la existencia de la EHLG) debería tamizarse por la legitimidad que supone que ya en 2002 Chirac considerase que debería ser creada una Cámara Agrícola para Iparralde, contestando afirmativamente a una de las propuestas del Consejo de Electos que agrupa a la totalidad de los representantes políticos del norte. En cualquier caso, Chirac no cumplió su promesa y en 2004 se puso en marcha este organismo sólo con el apoyo popular local, cumpliéndose así una de las demandas de Batera, que además reclama la creación de un departamento, la oficialización del euskara y una universidad de pleno ejercicio.
La demanda, salta a la vista, es absolutamente legítima. Tan legítima como legal, si existiera voluntad política. Por eso no extraña la ola de solidaridad que este juicio ha generado en Iparralde. Más allá de las muestras de apoyo de significativas personalidades como la presidenta de France Libertés, Danielle Mitterrand, o del vicepresidente del Parlamento Europeo, Gerard Onesta, desde este lado de la frontera deberíamos observar con envidia cómo este proyecto de construcción vasca cuenta con el apoyo de 700 consejeros municipales, de la mayoría de absoluta de los alcaldes y consejeros departamentales o de la mitad de los consejeros regionales. También deberíamos tener en cuenta que 7.500 personas han manifestado su solidaridad a la EHLG en decenas de llamamientos de los 100, sean sectoriales o locales. Y deberíamos observar que la extrapolación de estas cifras a la CAPV supondría un número de apoyos que difícilmente habrá sido nunca alcanzado en ninguna materia a este lado de la muga.
Deberíamos tener en cuenta que decenas de ayuntamientos han sido denunciados por el prefecto por apoyar económicamente a la EHLG, y que ello, lejos de amilanar a los regidores municipales, los ha animado a continuar con su compromiso. Deberíamos tener en cuenta que los prefectos en Francia nada tienen que ver con esos «torrentes encorbatados» -carentes de la más mínima legitimidad- que han sido los delegados de Gobierno en Hegoalde. En Francia, cuando pasa un prefecto, se «cuadra» hasta la estatua de la Marianne. En Iparralde también... se cuadraban.
Efectivamente, eso ya no sucede en el norte. Por eso, a pesar de estar bajo la amenaza de la prefectura, en la presentación de la EHLG participó el presidente del Biltzar de Alcalde, un no abertzale, desafiando con su acto a la tradición de postración de los electos del norte a los representantes del Estado. Deberíamos tener en cuenta, a la hora de entender qué se juzga este jueves, que a pesar de estar judicializada, la EHLG no ha dejado de trabajar codo con codo con las instituciones regionales o municipales. Este es el caso de la feria Lurrama, que además de contar con la participación de 30.000 personas, ha gozado del apoyo del Alcalde de Baiona. Destacable es también, el caso del concurso público que EHLG ha ganado... ¡a la Cámara de Pau!, para realizar un estudio (financiado por un sindicato intermunicipal) de la calidad de las aguas del Adour. Tampoco es baladí que en pleno proceso judicial contra la EHLG, el consejo Regional de Aquitania haya firmado un convenio con este organismo por importe de 96.000 euros tras el voto unánime de los consejeros (ninguno es abertzale), a pesar de las presiones del prefecto que, en una carta oficial enviada a esta institución, exigía que se anulase tal deliberación.
Como hemos visto, lo que se juzga no es el nombre o las funciones de la EHLG. Como acabamos de ver, los apoyos mencionados dan buena prueba de que antes de ser juzgada, la Laborantza Ganbara ya ha sido absuelta por el pueblo y sus representantes. ¿Qué se juzga entonces? Lo que se juzga este jueves es un ciclo de movilización sin precedentes que se inicia a comienzos de la pasada década y que sitúa a los abertzales, de la mano de amplios sectores vasquistas, en el centro de una dinámica de reconocimiento institucional.
Se juzga la estrategia del Llamamiento del 9 de octubre de 1999, que logró convocar en Baiona la manifestación más masiva jamás conocida en Iparralde, en este caso en demanda de un Departamento vasco. Lo que se juzga es la estrategia desobediente que poco después pasó a protagonizar el movimiento Demo robando decenas de Mariannes reclamando democracia para Iparralde. Lo que se juzga es la estrategia de Batera, que ya ha recogido 34.000 de las 46.000 firmas necesarias para que el Estado pueda convocar un referéndum para la creación de un departamento.
Se juzga la estrategia que ha aunado los esfuerzos y expectativas de todo el arco político bajo el liderazgo de los abertzales. Lo que se juzga es el trabajo del nacionalismo, que se ha convertido en la llave de la gobernación local al haber crecido, gracias al trabajo descrito, el 40% de su masa electoral en las pasadas elecciones. Lo que se juzga, finalmente, es la estrategia civil de un movimiento que -como sucede con ELB, impulsor de la EHLG- lleva décadas reclamando el uso exclusivo de las vías políticas para garantizar el reconocimiento de Iparralde. Eso se juzga este jueves: el éxito de un movimiento de construcción nacional civil y contencioso.
Porque el Estado, con este juicio, tiene la esperanza de criminalizar ante la sociedad la estrategia iniciada hace una década, para aislar a estos sectores de sus redes de apoyo. O peor aún, porque podría tener la esperanza de que una condena generara tal frustración que desactivase este ciclo de movilización, o que simplemente hiciera más seductoras estrategias más radicales y difícilmente comprensibles por la población.
Por eso, desde Hegoalde tenemos que apoyar con toda nuestra energía a este organismo popular que se incardina en una dinámica sin precedentes de movilización por el reconocimiento oficial de este territorio: apoyo económico para este proyecto (www.ehlgdoitvivre.org), aliento, solidaridad, legitimación social y legitimación político-institucional. Por eso, a la vista de que lo que se juzga este jueves es el futuro de Iparralde resulta cuando menos curioso que una delegación de Agricultura del Gobierno vasco se haya reunido esta semana, para afianzar sus relaciones, con representantes de la Cámara Agrícola de Pau: junto al prefecto, los impulsores de que Michel Berokohirigoin, y con él todo el abertzalismo y el vasquismo, se sienten en el banquillo de los acusados por el mero hecho de reclamar una institución propia para Ipar Euskal Herria.
Igor Ahedo (Profesor de Ciencia Política)
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