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| Foto: EuropaPress |
El secretario general de EA, Pello Urizar, constata en el Fórum Europa que el debate sobre la independencia “está de plena vigencia en la UE”. Afirma que la Declaración de Aiete muestra el camino para “una normalización que consiste en solucionar el contencioso vasco ajustando el marco jurídico-político a las pretensiones mayoritarias de la sociedad vasca por vías democráticas, legales y pacíficas”. A continuación, íntegro, el discurso de su conferencia en el Fórum Europa:
Es un honor para mí haber recibido la invitación de "Forum Europa" y poder compartir con todos ustedes mi análisis sobre la actualidad política y económica en Euskal Herria. Una situación que aunque en lo económico está caracterizada por la grave crisis que estamos viviendo, viene determinada por la certeza de que nos encontramos ante una oportunidad histórica para solucionar el conflicto político que vive nuestro país.
Los movimientos políticos de los dos últimos años, la unidad de fuerzas abertzales y soberanistas; el consenso en torno a establecer una hoja de ruta para la pacificación y normalización que dio lugar al Acuerdo de Gernika; los resultados electorales de Bildu y Amaiur; el cese definitivo de la actividad armada de ETA suponen hitos históricos en nuestra historia y ponen las bases para caminar hacia la paz, la normalización y la finalización de décadas de sufrimiento y dolor. Se abre una nueva etapa que debe estar caracterizada por la profundización en la democracia. Ha llegado el momento de la política con mayúsculas.
En este contexto desde Eusko Alkartasuna consideramos que los principios de la Declaración de Aiete suponen un punto de partida válido para este nuevo tiempo político, porque ofrecen vías para encauzar la normalización y la pacificación en Euskal Herria. Como todos ustedes saben, la resolución consta de cinco puntos. Así, se hace un llamamiento a ETA para que declare un cese definitivo de su actividad armada y tras esta solicite el inicio de conversaciones a los gobiernos español y francés, cuestiones ambas ya cumplidas, que deberían ser correspondidas por parte de los citados gobiernos para tratar exclusivamente de lo que desde EA denominamos "cuestiones técnicas", o sea, presos y armas.
La Declaración insta a que se adopten pasos para avanzar en la reconciliación, así como reconocer, compensar y asistir a todas las víctimas. Reconocer el dolor causado y ayudar a sanar las heridas personales y sociales. Asimismo, habla de la constitución de una mesa en la que los partidos políticos se reúnan y discutan cuestiones políticas, con consulta a la ciudadanía, por considerar que podría contribuir a una nueva era sin conflicto.
Por tanto, entendemos que está justificado suponer que bajo estos mimbres se deberá tejer la normalización y pacificación en Euskal Herria. Una normalización que consiste en solucionar el contencioso vasco ajustando el marco jurídico-político a las pretensiones mayoritarias de la sociedad vasca por vías democráticas, legales y pacíficas. En la medida que el marco legal -normatividad- refleje las aspiraciones políticas de la sociedad -normalidad- se alcanzará la normalización.
La sociedad vasca tiene el derecho a decidir su futuro en paz y libertad. En definitiva, a decidir el modelo jurídico-político que desea para su convivencia, en el que, Eusko Alkartasuna defiende la independencia, sin ambigüedades ni cálculos electorales.
Y en este nuevo tiempo político en el que, por primera vez, todas las fuerzas soberanistas, sin excepción, apostamos exclusivamente por las vías políticas y pacíficas, Eusko Alkartasuna ha promovido la configuración de un movimiento independentista progresista que ha supuesto un verdadero "tsunami" en el mapa político vasco certificando que la sociedad vasca aspira a mayores cotas de autogobierno y no se encuentra cómodo con el actual marco jurídico.
Está claro que la apuesta por la acumulación de fuerzas ha calado en la sociedad, que hemos conseguido llevar a las urnas a personas que llevaban años quedándose en casa elección tras elección y con un mensaje nítidamente independentista. Seguramente, la decisión de los partidos políticos de anteponer un proyecto a nuestras particulares siglas para caminar hacia un objetivo común ha convencido a la ciudadanía de que la apuesta es sincera y definitiva.
La unidad abertzale no ha sido completa y no porque no lo hayamos intentado. En este punto, permítanme señalar que confío en que las últimas proclamas independentistas del PNV de boca de su presidente, Iñigo Urkullu, no se queden en el fragor de un discurso y, de una vez por todas, los jeltzales se decanten decididamente a avanzar por la independencia de este país de mano del resto de fuerzas abertzales.
He de confesar que tengo mis reservas, ya que no lo hicieron con el denominado "Plan Ibarretxe" y la posterior propuesta de consulta popular, en el que desecharon mantener un pulso con el Estado, y dejaron en la estacada al entonces lehendakari y a Eusko Alkartasuna en su defensa. Ahora, fijan 2015 en el horizonte como fecha clave para un nuevo estatus político. Ojalá que haya un cambio en la actitud y se unan con el nacionalismo independentista y progresista a una verdadera confrontación democrática con los estados español y francés.
Porque eso es lo que toca: la confrontación democrática. Confrontar proyectos políticos sin vetos ni excepciones y que la sociedad elija. Es decir, toca democracia.
El camino de la normalización, como señalaba anteriormente y como reconocen los expertos de Aiete, exige la constitución de una mesa con representación de todos los partidos políticos. Esta mesa tendrá como objetivo buscar un acuerdo incluyente entre todas las sensibilidades políticas de este país, sobre el modelo jurídico institucional que se debe adoptar para Euskal Herria, y dicho acuerdo deberá ser refrendado por la sociedad vasca.
El debate sobre la independencia está de plena vigencia en el seno de la Unión Europea. Nuestros compañeros del Scottish National Party, partido en el Gobierno de Escocia y miembros al igual que Eusko Alkartasuna de la Alianza Libre Europea (ALE), ya han anunciado la convocatoria de una consulta sobre la independencia del país. Una decisión que en Gran Bretaña, a pesar de las condiciones que intenta imponer Londres, se debate con total normalidad, y muestra que el respeto al derecho a decidir de las naciones tiene mucho que ver con la calidad democrática de los Estados, y por desgracia, los estados español y francés tienen grandes deficiencias en este sentido.
Además del caso escocés, esta misma semana, el Parlamento Europeo, la Comisión de Exteriores más concretamente, ha instado a los que ha denominado como Estados "recalcitrantes", a aquellos que se niegan a reconocer a Kosovo como estado, a que lo reconozcan. Nos han dicho de esta forma que Kosovo, un estado nacido hace menos de cuatro años, será parte de la Unión Europea más pronto que tarde.
No hay razones para que no sea así. No tenemos más que comprobar que muchos de los estados que han entrado a formar parte de la UE en los últimos años han logrado o recuperado su independencia en los últimos años para saber que Europa no tiene problemas con los procesos de autodeterminación de los pueblos.
Son los estados español y francés quienes tienen problemas. De hecho, Madrid es uno de esos estados "recalcitrantes" que no reconoce a Kosovo y que amenaza con vetar la posible entrada de la Escocia independiente en la UE. Si decimos que es tiempo de normalización y democracia, esto no refleja ni lo uno ni lo otro.
Y no sólo en el ámbito Europeo se ve con normalidad la posibilidad de la independencia, ahí tenemos el caso de Canadá donde la Corte Suprema de este estado dictó doctrina y obliga al Gobierno Federal a negociar y pactar con Quebec su posible secesión si así lo reclama la mayoría de la ciudadanía quebecoise.
Québec desarrolló además un principio con el que Eusko Alkartasuna se siente muy identificado y que es conocido como el principio democrático. Este principio dicta que incluso en el caso de que no se reconocieran los derechos nacionales de Euskal Herria, unos derechos en los que creemos firmemente, existe algo superior a estos: existe la voluntad popular, la democracia como principio.
Ya hemos expresado públicamente el compromiso de Eusko Alkartasuna a seguir de cerca dichos procesos de independencia porque, sin duda, ése es el camino que también va a recorrer Euskal Herria, ya que ha llegado el momento en el que los vascos decidamos libremente nuestro futuro en paz y libertad.
Paz. Aunque estamos firmemente convencidos de que el cierre del ciclo de la violencia es definitivo, también sabemos que queda un camino que recorrer entre todos para asentar una paz duradera y contribuir todos a la convivencia basada en el respeto y la aceptación mutua, con el objetivo de avanzar hacia la reconciliación.
De manera inmediata, y siguiendo con el esquema de las dos mesas, Eusko Alkartasuna insta la constitución de una "mesa técnica", en el que ETA y los gobiernos español y francés hablen del desarme y de la cuestión de los presos. A ETA no le corresponde ningún otro papel en este proceso. Pero es necesario que haga el que le toca y que lo haga mediante un diálogo con los estados. No hay otra forma de llegar al desarme. Es así de simple. Esta es la receta para que deje de haber armas en la calle. Y tenemos ejemplos de otros conflictos armados que nos enseñan cómo llegar a una resolución aceptable para todas las partes.
De esta forma, el Gobierno español debe modificar inmediatamente la política penitenciaria sobre los presos de ETA, tal y como lo apoya la mayoría de la sociedad vasca, y finalizar con la práctica de la dispersión. El Acuerdo de Gernika marca una hoja de ruta clara, justa y lógica al respecto. Sencillamente, pedimos que se aplique la legislación -excarcelar a los reclusos que han cumplido tres cuartas partes de su condena, liberar a los que padecen enfermedades graves y acercar al resto a prisiones de Euskadi- y se anulen las medidas excepcionales tomadas para una situación excepcional y afortunadamente superada.
No hay que olvidar tampoco que la sociedad vasca apoya de manera mayoritaria los derechos de los presos, un apoyo que no se limita ya a las fuerzas abertzales, sino que se percibe de una manera cada vez más clara también en los sectores tradicionalmente llamados constitucionalistas.
Estas medidas son imprescindibles si deseamos avanzar hacia la reconciliación, ya que un final ordenado de la violencia conlleva un compromiso político e institucional con la humanización y la paz social que incluyen dos criterios: no añadir a la ley un plus de exigencias, humillaciones o vejaciones para quienes han decidido poner fin a la violencia; y articular un conjunto de medidas legislativas, judiciales, penitenciarias y de gracia o indulto para los presos.
Eusko Alkartasuna desde su fundación ha trabajado en la defensa de todos los derechos humanos y ha denunciado y condenado rotundamente cualquier vulneración de dichos derechos, venga de donde venga. En 2002, pusimos en marcha la campaña "Giza eskubideekin bat; Biktimekin bat; Salbuespenik gabe" "Con los derechos humanos; Con las víctimas; Sin excepciones" en la que pretendíamos suscitar la reflexión en el conjunto de la sociedad vasca sobre la importancia de implicarse en la defensa y exigencia de respeto de todos los derechos humanos. Así, salimos a la calle para denunciar tanto los atentados de ETA como el terrorismo del GAL. También salimos a la calle para denunciar las torturas a detenidos, y también para solidarizarnos con aquellas personas que sufrieron violencia de persecución.
Porque todas ellas son víctimas, sin excepción. Y las víctimas tienen tres grandes derechos: derecho al reconocimiento del daño padecido, derecho material a la reparación y derecho político a la revisión crítica del pasado. Esos son los tres grandes deberes que la sociedad y un proceso de reconciliación tienen que desarrollar con relación a las víctimas. Por ello, desde Eusko Alkartasuna vamos a continuar trabajando para alcanzar el mayor consenso posible en torno a las víctimas alejándonos de la instrumentalización partidista que sólo les perjudica.
Construir la paz nos obliga a todos a reconstruir la convivencia, y para eso es fundamental el reconocimiento del dolor ajeno. Las relaciones entre personas que han vivido enfrentadas durante años están en el centro de este nuevo escenario, y es sabido que el reconocimiento mutuo no va a llegar de la noche a la mañana, ni las heridas van a cicatrizar en un suspiro. El proceso de reconciliación implica colectivamente, pero, sobre todo, compromete individualmente. Por eso es responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras empeñarnos en un nuevo modelo de convivencia basado en el respeto mutuo y en el reconocimiento de todo dolor y de todas las víctimas sin excepción.
Debemos afianzar este proceso porque, ahora sí, la pacificación y normalización de Euskal Herria, a pesar de todos los obstáculos que vayan surgiendo, están en marcha.
La cuestión nacional es evidentemente una prioridad en un momento en el que la política ha ganado peso. Sin embargo, no podemos obviar la importancia que la economía tiene en estos momentos.
Construcción social y construcción nacional son los dos ejes de la política de Eusko Alkartasuna, que deben ir de la mano y no se pueden entender por separado. La construcción nacional tiene como objetivo la creación de una sociedad más justa, más solidaria, igualitaria e integradora.
A la unidad de fuerzas abertzales le ha tocado demostrar que es capaz de gestionar las instituciones desde otro modelo pero con eficacia, en el momento en el que vivimos una crisis económica de muy graves consecuencias tanto para las administraciones, las empresas como para la mayoría de las personas y en especial para las más desfavorecidas.
Hemos tenido que sacudirnos el sambenito de "antisistema" por proponer alternativas al sistema que ha generado esta crisis financiera y económica de ámbito global y por anunciar que no compartimos el modelo de gestión que ha llevado a las instituciones a la grave situación que en estos momentos padecen. Nos han llamado antisistema por proponer cambios cuando el sentido común dice que de seguir por la misma vía se pondrá en peligro el sistema público que sostiene el estado de bienestar.
De hecho, ya asistimos a un intento de aferrarse a la coartada de la crisis para conseguir dos objetivos históricos de la derecha. La recentralización del Estado y el desmantelamiento del estado de bienestar.
El Gobierno del PP está aprovechando la crisis para poner en marcha una estrategia recentralizadora del Estado. Si reclamar la devolución de las competencias autonómicas se ha considerado romper el acuerdo del café para todos y abrir el melón a otros debates, ahora la excusa de la crisis se ha convertido en un aliado para una estrategia política siempre latente y ese discurso comienza a ser políticamente correcto.
La organización administrativa es un debate abierto en Madrid pero también aquí, en Euskal Herria. El debate sobre la necesidad de abordar cambios en la Ley de Territorios Históricos y en el entramado institucional de la CAV es tan recurrente como vacío, porque nunca termina por abordarse en profundidad. Damos vueltas alrededor, se encarga un informe sobre duplicidades, se habla de ello en cada propuesta de Ley afectada por la LTH, pero todo queda siempre en agua de borrajas.
Unión Europea, Estados, comunidades autónomas, herrialdes, mancomunidades, cuadrillas y municipios. El actual entramado institucional que responde a esas divisiones territoriales provoca conflictos competenciales, problemas de gestión, despilfarro de dinero público y desiguales servicios públicos a la ciudadanía.
Que un país tan pequeño como éste, tenga semejante entramado institucional es un auténtico despropósito y Eusko Alkartasuna es la primera fuerza en reivindicar la necesidad de cambiarlo, para poder rediseñar el país y así definir los mejores servicios para la ciudadanía.
Ulertezina da hain txikia den herri batek hain erakunde egitura haundia izateak eta Eusko Alkartasunak aldatzearen beharra aldarrikatzen du, Euskal Herria berdiseinatu eta jendartearentzako zerbitzurik onenak zehazteko.
Lo que en estos momentos estamos viendo es un debate claramente mediatizado por las arcas vacías de las instituciones, que lleva a que algunos responsables institucionales quieran quitarse competencias de encima y pasarle la responsabilidad a otra institución.
Pero no es tan sencillo, porque no se trata sólo de establecer las competencias. Como casi todo en estos casos, el problema es el dinero: La financiación. Por eso no se trata sólo de reparto competencial, sino de establecer claramente el reparto de los fondos necesarios para desarrollar esas competencias ofreciendo un buen servicio a la sociedad.
Y en este caso, Eusko Alkartasuna lo tiene claro: nuestro modelo de país se basa en dos niveles institucionales: nacional y local. No se necesita más para desarrollar un sector público dimensionado y eficaz.
Dimensionado porque hay que evitar duplicidades, y eficaz porque tenemos que ser capaces de ofrecer los mismos servicios al conjunto de la ciudadanía. No es de recibo que vecinos de Otxandio y Legutio, que viven a escasos 10 kilómetros, tengan diferentes oportunidades en materia de haurreskolas, residencias de tercera edad o cualquier otro servicio dependiente de diputación. Y seguro que a todos y a todas nos vienen otros casos a la memoria donde se da la misma situación.
Después de ya varios años sufriendo la crisis los datos nos dicen que esto no sólo no se está acabando sino que ni siquiera ha pasado lo peor. Sin embargo, venimos de un periodo de quince años de bonanza económica que no hemos sabido aprovechar. Quince años de bonanza económica donde no ha habido una redistribución real de la riqueza, sino una priorización de la especulación y la consecución de la ganancia fácil, aunque no origine riqueza real. El nivel salarial medio se ha incrementado por debajo del coste de la vida y aún así se ha potenciado el endeudamiento general como receta para la mejora del nivel de vida. Se ha generado una burbuja artificial que ha terminado estallando y ha revelado que las fórmulas neoliberales no han traído más que precariedad para la mayoría y que la solución a futuro pasa por un cambio en el modelo a seguir, un cambio en el sistema donde el control público de las políticas garantice los derechos sociales.
Hablando del sistema público, diremos que Eusko Alkartasuna siempre ha apostado por su fortalecimiento para lograr el doble objetivo de garantizar el estado de bienestar y la creación de empleo de calidad y con garantías. Y más en estos momentos de crisis.
La creación de empleo público es una importante herramienta en manos de las instituciones para frenar el aumento del paro. Sin embargo, las medidas impulsadas por Mariano Rajoy hacen difícil poderla utilizar ya que impiden la puesta en marcha de Ofertas Públicas de Empleo y hasta la sustitución de los trabajadores que se jubilan.
Es una medida que impide a las instituciones crear empleo y que, además, para poder prestar los servicios necesarios obliga a la privatización que los hundirá más y más en el pozo de la deuda.
Y uniendo la necesidad de frenar el aumento del desempleo y el dinero público, siempre hemos creído que las inversiones en empresas se deben hacer mediante una exigencia de fidelidad con la institución que ofrece ayudas. Hemos invertido demasiado dinero a fondo perdido en empresas que luego han deslocalizado su producción dejando en la calle a miles de trabajadores. Y eso no es sostenible ni justo. Eusko Alkartasuna ha propuesto ya que si las empresas que han recibido ayudas deciden abandonar el territorio se pueda requerir el abono completo y actualizado de las cantidades aportadas durante años de diferentes formas: aportaciones, ayudas, beneficios fiscales, etc...
Necesitamos también tener nuestro propio marco de relaciones laborales, desde el que poder trabajar de manera más eficaz y más justa también, sin injerencias externas, así como desarrollar nuestro propio sistema público de protección, en el que el Estado de Bienestar no sólo es el garante de los derechos cívicos y políticos, sino también y sobre todo, de los derechos sociales.
Y desde luego, necesitamos una entidad de crédito pública y nacional, una entidad financiera donde se anteponga la función social sobre la economicista, la misma función social que alumbró el nacimiento de las cajas vascas, una entidad que sea parte activa en el reforzamiento de la industria productiva, apoyo tanto para la pequeña y mediana empresa como para los autónomos y las familias y respaldo para el desarrollo de las políticas públicas.
Así pues, podemos decir que apostamos por la economía productiva, por un sector público fuerte y por la corresponsabilidad de las empresas, apostamos también por un marco propio de relaciones laborales y por una entidad de crédito pública y nacional. Y por supuesto, a la hora de hablar de medidas económicas, Eusko Alkartasuna subraya la importancia de la fiscalidad.
Llevamos ya años, los que lleva esta crisis, haciendo continuos recortes presupuestarios y congelando sueldos pero sin tocar la fiscalidad. Es decir, para cuadrar el presupuesto hemos tocado sólo los gastos, pero no nos hemos planteado la forma de mejorar los ingresos. Es hora de modificar la fiscalidad.
Una fiscalidad que sea herramienta efectiva para la redistribución, que sea progresiva, porque es justo que más paguen los que más tienen, y que no castigue las rentas de trabajo por encima de las demás. No podemos castigar a los que trabajan y premiar a los que especulan. Y desde luego, no podemos permitir la existencia del fraude fiscal. El fraude es una lacra que existe, entre otras cosas, por la sensación de impunidad. Una sensación con la que hay que terminar, si queremos acabar con la fuga anual de 2.000 millones de euros, solo en la CAV, un fraude con el que hay que terminar si de verdad queremos ser un país con futuro, un estado en la Europa del siglo XXI.
Volviendo a enlazar la cuestión económica con la nacional, y ya para terminar, no tenemos ninguna duda de que España lastra nuestra economía. Esto es ahora más evidente que nunca, y si las ansias recentralizadoras del PP cuajan lo será mucho más todavía, porque si a un país se le limita su capacidad económica, se le limita de facto el futuro.
Y esta es una lectura que compartimos con otros pueblos en la misma situación que nosotros. Conocemos el caso de Catalunya dentro del Estado español, así como los de Flandes y Escocia en Europa, donde coinciden con nosotros en que sus naciones tienen más futuro siendo estados independientes que permaneciendo dentro de los actuales.
Los movimientos políticos de los dos últimos años, la unidad de fuerzas abertzales y soberanistas; el consenso en torno a establecer una hoja de ruta para la pacificación y normalización que dio lugar al Acuerdo de Gernika; los resultados electorales de Bildu y Amaiur; el cese definitivo de la actividad armada de ETA suponen hitos históricos en nuestra historia y ponen las bases para caminar hacia la paz, la normalización y la finalización de décadas de sufrimiento y dolor. Se abre una nueva etapa que debe estar caracterizada por la profundización en la democracia. Ha llegado el momento de la política con mayúsculas.
En este contexto desde Eusko Alkartasuna consideramos que los principios de la Declaración de Aiete suponen un punto de partida válido para este nuevo tiempo político, porque ofrecen vías para encauzar la normalización y la pacificación en Euskal Herria. Como todos ustedes saben, la resolución consta de cinco puntos. Así, se hace un llamamiento a ETA para que declare un cese definitivo de su actividad armada y tras esta solicite el inicio de conversaciones a los gobiernos español y francés, cuestiones ambas ya cumplidas, que deberían ser correspondidas por parte de los citados gobiernos para tratar exclusivamente de lo que desde EA denominamos "cuestiones técnicas", o sea, presos y armas.
La Declaración insta a que se adopten pasos para avanzar en la reconciliación, así como reconocer, compensar y asistir a todas las víctimas. Reconocer el dolor causado y ayudar a sanar las heridas personales y sociales. Asimismo, habla de la constitución de una mesa en la que los partidos políticos se reúnan y discutan cuestiones políticas, con consulta a la ciudadanía, por considerar que podría contribuir a una nueva era sin conflicto.
Por tanto, entendemos que está justificado suponer que bajo estos mimbres se deberá tejer la normalización y pacificación en Euskal Herria. Una normalización que consiste en solucionar el contencioso vasco ajustando el marco jurídico-político a las pretensiones mayoritarias de la sociedad vasca por vías democráticas, legales y pacíficas. En la medida que el marco legal -normatividad- refleje las aspiraciones políticas de la sociedad -normalidad- se alcanzará la normalización.
La sociedad vasca tiene el derecho a decidir su futuro en paz y libertad. En definitiva, a decidir el modelo jurídico-político que desea para su convivencia, en el que, Eusko Alkartasuna defiende la independencia, sin ambigüedades ni cálculos electorales.
Y en este nuevo tiempo político en el que, por primera vez, todas las fuerzas soberanistas, sin excepción, apostamos exclusivamente por las vías políticas y pacíficas, Eusko Alkartasuna ha promovido la configuración de un movimiento independentista progresista que ha supuesto un verdadero "tsunami" en el mapa político vasco certificando que la sociedad vasca aspira a mayores cotas de autogobierno y no se encuentra cómodo con el actual marco jurídico.
Está claro que la apuesta por la acumulación de fuerzas ha calado en la sociedad, que hemos conseguido llevar a las urnas a personas que llevaban años quedándose en casa elección tras elección y con un mensaje nítidamente independentista. Seguramente, la decisión de los partidos políticos de anteponer un proyecto a nuestras particulares siglas para caminar hacia un objetivo común ha convencido a la ciudadanía de que la apuesta es sincera y definitiva.
La unidad abertzale no ha sido completa y no porque no lo hayamos intentado. En este punto, permítanme señalar que confío en que las últimas proclamas independentistas del PNV de boca de su presidente, Iñigo Urkullu, no se queden en el fragor de un discurso y, de una vez por todas, los jeltzales se decanten decididamente a avanzar por la independencia de este país de mano del resto de fuerzas abertzales.
He de confesar que tengo mis reservas, ya que no lo hicieron con el denominado "Plan Ibarretxe" y la posterior propuesta de consulta popular, en el que desecharon mantener un pulso con el Estado, y dejaron en la estacada al entonces lehendakari y a Eusko Alkartasuna en su defensa. Ahora, fijan 2015 en el horizonte como fecha clave para un nuevo estatus político. Ojalá que haya un cambio en la actitud y se unan con el nacionalismo independentista y progresista a una verdadera confrontación democrática con los estados español y francés.
Porque eso es lo que toca: la confrontación democrática. Confrontar proyectos políticos sin vetos ni excepciones y que la sociedad elija. Es decir, toca democracia.
El camino de la normalización, como señalaba anteriormente y como reconocen los expertos de Aiete, exige la constitución de una mesa con representación de todos los partidos políticos. Esta mesa tendrá como objetivo buscar un acuerdo incluyente entre todas las sensibilidades políticas de este país, sobre el modelo jurídico institucional que se debe adoptar para Euskal Herria, y dicho acuerdo deberá ser refrendado por la sociedad vasca.
El debate sobre la independencia está de plena vigencia en el seno de la Unión Europea. Nuestros compañeros del Scottish National Party, partido en el Gobierno de Escocia y miembros al igual que Eusko Alkartasuna de la Alianza Libre Europea (ALE), ya han anunciado la convocatoria de una consulta sobre la independencia del país. Una decisión que en Gran Bretaña, a pesar de las condiciones que intenta imponer Londres, se debate con total normalidad, y muestra que el respeto al derecho a decidir de las naciones tiene mucho que ver con la calidad democrática de los Estados, y por desgracia, los estados español y francés tienen grandes deficiencias en este sentido.
Además del caso escocés, esta misma semana, el Parlamento Europeo, la Comisión de Exteriores más concretamente, ha instado a los que ha denominado como Estados "recalcitrantes", a aquellos que se niegan a reconocer a Kosovo como estado, a que lo reconozcan. Nos han dicho de esta forma que Kosovo, un estado nacido hace menos de cuatro años, será parte de la Unión Europea más pronto que tarde.
No hay razones para que no sea así. No tenemos más que comprobar que muchos de los estados que han entrado a formar parte de la UE en los últimos años han logrado o recuperado su independencia en los últimos años para saber que Europa no tiene problemas con los procesos de autodeterminación de los pueblos.
Son los estados español y francés quienes tienen problemas. De hecho, Madrid es uno de esos estados "recalcitrantes" que no reconoce a Kosovo y que amenaza con vetar la posible entrada de la Escocia independiente en la UE. Si decimos que es tiempo de normalización y democracia, esto no refleja ni lo uno ni lo otro.
Y no sólo en el ámbito Europeo se ve con normalidad la posibilidad de la independencia, ahí tenemos el caso de Canadá donde la Corte Suprema de este estado dictó doctrina y obliga al Gobierno Federal a negociar y pactar con Quebec su posible secesión si así lo reclama la mayoría de la ciudadanía quebecoise.
Québec desarrolló además un principio con el que Eusko Alkartasuna se siente muy identificado y que es conocido como el principio democrático. Este principio dicta que incluso en el caso de que no se reconocieran los derechos nacionales de Euskal Herria, unos derechos en los que creemos firmemente, existe algo superior a estos: existe la voluntad popular, la democracia como principio.
Ya hemos expresado públicamente el compromiso de Eusko Alkartasuna a seguir de cerca dichos procesos de independencia porque, sin duda, ése es el camino que también va a recorrer Euskal Herria, ya que ha llegado el momento en el que los vascos decidamos libremente nuestro futuro en paz y libertad.
Paz. Aunque estamos firmemente convencidos de que el cierre del ciclo de la violencia es definitivo, también sabemos que queda un camino que recorrer entre todos para asentar una paz duradera y contribuir todos a la convivencia basada en el respeto y la aceptación mutua, con el objetivo de avanzar hacia la reconciliación.
De manera inmediata, y siguiendo con el esquema de las dos mesas, Eusko Alkartasuna insta la constitución de una "mesa técnica", en el que ETA y los gobiernos español y francés hablen del desarme y de la cuestión de los presos. A ETA no le corresponde ningún otro papel en este proceso. Pero es necesario que haga el que le toca y que lo haga mediante un diálogo con los estados. No hay otra forma de llegar al desarme. Es así de simple. Esta es la receta para que deje de haber armas en la calle. Y tenemos ejemplos de otros conflictos armados que nos enseñan cómo llegar a una resolución aceptable para todas las partes.
De esta forma, el Gobierno español debe modificar inmediatamente la política penitenciaria sobre los presos de ETA, tal y como lo apoya la mayoría de la sociedad vasca, y finalizar con la práctica de la dispersión. El Acuerdo de Gernika marca una hoja de ruta clara, justa y lógica al respecto. Sencillamente, pedimos que se aplique la legislación -excarcelar a los reclusos que han cumplido tres cuartas partes de su condena, liberar a los que padecen enfermedades graves y acercar al resto a prisiones de Euskadi- y se anulen las medidas excepcionales tomadas para una situación excepcional y afortunadamente superada.
No hay que olvidar tampoco que la sociedad vasca apoya de manera mayoritaria los derechos de los presos, un apoyo que no se limita ya a las fuerzas abertzales, sino que se percibe de una manera cada vez más clara también en los sectores tradicionalmente llamados constitucionalistas.
Estas medidas son imprescindibles si deseamos avanzar hacia la reconciliación, ya que un final ordenado de la violencia conlleva un compromiso político e institucional con la humanización y la paz social que incluyen dos criterios: no añadir a la ley un plus de exigencias, humillaciones o vejaciones para quienes han decidido poner fin a la violencia; y articular un conjunto de medidas legislativas, judiciales, penitenciarias y de gracia o indulto para los presos.
Eusko Alkartasuna desde su fundación ha trabajado en la defensa de todos los derechos humanos y ha denunciado y condenado rotundamente cualquier vulneración de dichos derechos, venga de donde venga. En 2002, pusimos en marcha la campaña "Giza eskubideekin bat; Biktimekin bat; Salbuespenik gabe" "Con los derechos humanos; Con las víctimas; Sin excepciones" en la que pretendíamos suscitar la reflexión en el conjunto de la sociedad vasca sobre la importancia de implicarse en la defensa y exigencia de respeto de todos los derechos humanos. Así, salimos a la calle para denunciar tanto los atentados de ETA como el terrorismo del GAL. También salimos a la calle para denunciar las torturas a detenidos, y también para solidarizarnos con aquellas personas que sufrieron violencia de persecución.
Porque todas ellas son víctimas, sin excepción. Y las víctimas tienen tres grandes derechos: derecho al reconocimiento del daño padecido, derecho material a la reparación y derecho político a la revisión crítica del pasado. Esos son los tres grandes deberes que la sociedad y un proceso de reconciliación tienen que desarrollar con relación a las víctimas. Por ello, desde Eusko Alkartasuna vamos a continuar trabajando para alcanzar el mayor consenso posible en torno a las víctimas alejándonos de la instrumentalización partidista que sólo les perjudica.
Construir la paz nos obliga a todos a reconstruir la convivencia, y para eso es fundamental el reconocimiento del dolor ajeno. Las relaciones entre personas que han vivido enfrentadas durante años están en el centro de este nuevo escenario, y es sabido que el reconocimiento mutuo no va a llegar de la noche a la mañana, ni las heridas van a cicatrizar en un suspiro. El proceso de reconciliación implica colectivamente, pero, sobre todo, compromete individualmente. Por eso es responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras empeñarnos en un nuevo modelo de convivencia basado en el respeto mutuo y en el reconocimiento de todo dolor y de todas las víctimas sin excepción.
Debemos afianzar este proceso porque, ahora sí, la pacificación y normalización de Euskal Herria, a pesar de todos los obstáculos que vayan surgiendo, están en marcha.
La cuestión nacional es evidentemente una prioridad en un momento en el que la política ha ganado peso. Sin embargo, no podemos obviar la importancia que la economía tiene en estos momentos.
Construcción social y construcción nacional son los dos ejes de la política de Eusko Alkartasuna, que deben ir de la mano y no se pueden entender por separado. La construcción nacional tiene como objetivo la creación de una sociedad más justa, más solidaria, igualitaria e integradora.
A la unidad de fuerzas abertzales le ha tocado demostrar que es capaz de gestionar las instituciones desde otro modelo pero con eficacia, en el momento en el que vivimos una crisis económica de muy graves consecuencias tanto para las administraciones, las empresas como para la mayoría de las personas y en especial para las más desfavorecidas.
Hemos tenido que sacudirnos el sambenito de "antisistema" por proponer alternativas al sistema que ha generado esta crisis financiera y económica de ámbito global y por anunciar que no compartimos el modelo de gestión que ha llevado a las instituciones a la grave situación que en estos momentos padecen. Nos han llamado antisistema por proponer cambios cuando el sentido común dice que de seguir por la misma vía se pondrá en peligro el sistema público que sostiene el estado de bienestar.
De hecho, ya asistimos a un intento de aferrarse a la coartada de la crisis para conseguir dos objetivos históricos de la derecha. La recentralización del Estado y el desmantelamiento del estado de bienestar.
El Gobierno del PP está aprovechando la crisis para poner en marcha una estrategia recentralizadora del Estado. Si reclamar la devolución de las competencias autonómicas se ha considerado romper el acuerdo del café para todos y abrir el melón a otros debates, ahora la excusa de la crisis se ha convertido en un aliado para una estrategia política siempre latente y ese discurso comienza a ser políticamente correcto.
La organización administrativa es un debate abierto en Madrid pero también aquí, en Euskal Herria. El debate sobre la necesidad de abordar cambios en la Ley de Territorios Históricos y en el entramado institucional de la CAV es tan recurrente como vacío, porque nunca termina por abordarse en profundidad. Damos vueltas alrededor, se encarga un informe sobre duplicidades, se habla de ello en cada propuesta de Ley afectada por la LTH, pero todo queda siempre en agua de borrajas.
Unión Europea, Estados, comunidades autónomas, herrialdes, mancomunidades, cuadrillas y municipios. El actual entramado institucional que responde a esas divisiones territoriales provoca conflictos competenciales, problemas de gestión, despilfarro de dinero público y desiguales servicios públicos a la ciudadanía.
Que un país tan pequeño como éste, tenga semejante entramado institucional es un auténtico despropósito y Eusko Alkartasuna es la primera fuerza en reivindicar la necesidad de cambiarlo, para poder rediseñar el país y así definir los mejores servicios para la ciudadanía.
Ulertezina da hain txikia den herri batek hain erakunde egitura haundia izateak eta Eusko Alkartasunak aldatzearen beharra aldarrikatzen du, Euskal Herria berdiseinatu eta jendartearentzako zerbitzurik onenak zehazteko.
Lo que en estos momentos estamos viendo es un debate claramente mediatizado por las arcas vacías de las instituciones, que lleva a que algunos responsables institucionales quieran quitarse competencias de encima y pasarle la responsabilidad a otra institución.
Pero no es tan sencillo, porque no se trata sólo de establecer las competencias. Como casi todo en estos casos, el problema es el dinero: La financiación. Por eso no se trata sólo de reparto competencial, sino de establecer claramente el reparto de los fondos necesarios para desarrollar esas competencias ofreciendo un buen servicio a la sociedad.
Y en este caso, Eusko Alkartasuna lo tiene claro: nuestro modelo de país se basa en dos niveles institucionales: nacional y local. No se necesita más para desarrollar un sector público dimensionado y eficaz.
Dimensionado porque hay que evitar duplicidades, y eficaz porque tenemos que ser capaces de ofrecer los mismos servicios al conjunto de la ciudadanía. No es de recibo que vecinos de Otxandio y Legutio, que viven a escasos 10 kilómetros, tengan diferentes oportunidades en materia de haurreskolas, residencias de tercera edad o cualquier otro servicio dependiente de diputación. Y seguro que a todos y a todas nos vienen otros casos a la memoria donde se da la misma situación.
Después de ya varios años sufriendo la crisis los datos nos dicen que esto no sólo no se está acabando sino que ni siquiera ha pasado lo peor. Sin embargo, venimos de un periodo de quince años de bonanza económica que no hemos sabido aprovechar. Quince años de bonanza económica donde no ha habido una redistribución real de la riqueza, sino una priorización de la especulación y la consecución de la ganancia fácil, aunque no origine riqueza real. El nivel salarial medio se ha incrementado por debajo del coste de la vida y aún así se ha potenciado el endeudamiento general como receta para la mejora del nivel de vida. Se ha generado una burbuja artificial que ha terminado estallando y ha revelado que las fórmulas neoliberales no han traído más que precariedad para la mayoría y que la solución a futuro pasa por un cambio en el modelo a seguir, un cambio en el sistema donde el control público de las políticas garantice los derechos sociales.
Hablando del sistema público, diremos que Eusko Alkartasuna siempre ha apostado por su fortalecimiento para lograr el doble objetivo de garantizar el estado de bienestar y la creación de empleo de calidad y con garantías. Y más en estos momentos de crisis.
La creación de empleo público es una importante herramienta en manos de las instituciones para frenar el aumento del paro. Sin embargo, las medidas impulsadas por Mariano Rajoy hacen difícil poderla utilizar ya que impiden la puesta en marcha de Ofertas Públicas de Empleo y hasta la sustitución de los trabajadores que se jubilan.
Es una medida que impide a las instituciones crear empleo y que, además, para poder prestar los servicios necesarios obliga a la privatización que los hundirá más y más en el pozo de la deuda.
Y uniendo la necesidad de frenar el aumento del desempleo y el dinero público, siempre hemos creído que las inversiones en empresas se deben hacer mediante una exigencia de fidelidad con la institución que ofrece ayudas. Hemos invertido demasiado dinero a fondo perdido en empresas que luego han deslocalizado su producción dejando en la calle a miles de trabajadores. Y eso no es sostenible ni justo. Eusko Alkartasuna ha propuesto ya que si las empresas que han recibido ayudas deciden abandonar el territorio se pueda requerir el abono completo y actualizado de las cantidades aportadas durante años de diferentes formas: aportaciones, ayudas, beneficios fiscales, etc...
Necesitamos también tener nuestro propio marco de relaciones laborales, desde el que poder trabajar de manera más eficaz y más justa también, sin injerencias externas, así como desarrollar nuestro propio sistema público de protección, en el que el Estado de Bienestar no sólo es el garante de los derechos cívicos y políticos, sino también y sobre todo, de los derechos sociales.
Y desde luego, necesitamos una entidad de crédito pública y nacional, una entidad financiera donde se anteponga la función social sobre la economicista, la misma función social que alumbró el nacimiento de las cajas vascas, una entidad que sea parte activa en el reforzamiento de la industria productiva, apoyo tanto para la pequeña y mediana empresa como para los autónomos y las familias y respaldo para el desarrollo de las políticas públicas.
Así pues, podemos decir que apostamos por la economía productiva, por un sector público fuerte y por la corresponsabilidad de las empresas, apostamos también por un marco propio de relaciones laborales y por una entidad de crédito pública y nacional. Y por supuesto, a la hora de hablar de medidas económicas, Eusko Alkartasuna subraya la importancia de la fiscalidad.
Llevamos ya años, los que lleva esta crisis, haciendo continuos recortes presupuestarios y congelando sueldos pero sin tocar la fiscalidad. Es decir, para cuadrar el presupuesto hemos tocado sólo los gastos, pero no nos hemos planteado la forma de mejorar los ingresos. Es hora de modificar la fiscalidad.
Una fiscalidad que sea herramienta efectiva para la redistribución, que sea progresiva, porque es justo que más paguen los que más tienen, y que no castigue las rentas de trabajo por encima de las demás. No podemos castigar a los que trabajan y premiar a los que especulan. Y desde luego, no podemos permitir la existencia del fraude fiscal. El fraude es una lacra que existe, entre otras cosas, por la sensación de impunidad. Una sensación con la que hay que terminar, si queremos acabar con la fuga anual de 2.000 millones de euros, solo en la CAV, un fraude con el que hay que terminar si de verdad queremos ser un país con futuro, un estado en la Europa del siglo XXI.
Volviendo a enlazar la cuestión económica con la nacional, y ya para terminar, no tenemos ninguna duda de que España lastra nuestra economía. Esto es ahora más evidente que nunca, y si las ansias recentralizadoras del PP cuajan lo será mucho más todavía, porque si a un país se le limita su capacidad económica, se le limita de facto el futuro.
Y esta es una lectura que compartimos con otros pueblos en la misma situación que nosotros. Conocemos el caso de Catalunya dentro del Estado español, así como los de Flandes y Escocia en Europa, donde coinciden con nosotros en que sus naciones tienen más futuro siendo estados independientes que permaneciendo dentro de los actuales.
Fuente: EUSKO ALKARTASUNA
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