El Correo.- Eusko Alkartasuna presentó ayer una iniciativa ante las Juntas Generales de Guipúzcoa para que el Parlamento provincial repruebe la «detención por orden del juez Garzón de industriales vascos, víctimas de la amenaza y el chantaje revolucionario de ETA».
EA considera que «resulta loable intentar atajar las vías de financiación de ETA» y que entiende que «acabar con la extorsión» de los terroristas es «una prioridad ética», pero ve «inaceptable tratar a la víctima de la extorsión como cómplice de la misma, sin valorar el estado de necesidad bajo el que muchos sucumben ante el chantaje».
Para la formación integrante del Gobierno vasco, es el Estado, uno de cuyos «brazos» es la Justicia, «el que ha fallado en su obligación principal» de «proteger a los ciudadanos de la amenaza de una organización terrorista».
A su juicio, los casos de Guibert, Jainaga y las hermanas Bruño -a las que se les acusa de haber pagado a la banda de manera voluntaria- «han creado un estado de alarma en el colectivo de empresarios vascos chantajeados y perseguidos por ETA» que ahora se encuentran «bajo la amenaza de procesamiento judicial».
Por este motivo, reclama a las JJGG de Guipúzcoa que insten «a la judicatura» a que «se ocupe del seguimiento y detención de los causantes del chantaje y la extorsión, en lugar de hostigar a las víctimas».
En una línea similar se expresaron Joseba Azkarraga y Patxi Zabaleta. Para el consejero vasco, Baltasar Garzón «está haciendo un flaco servicio al conjunto de la Justicia», mientras que el dirigente de Aralar denunció «con fuerza» la situación.
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