La Sala N° 61 del Tribunal Supremo ha ilegalizado a Acción Nacionalista Vasca (ANV). El presidente del alto tribunal español, Francisco Hernando, explicó que la declaración de ilegalización contra la formación política vasca, se ha llevado adelante de acuerdo a lo solicitado por el juez Baltazar Garzón. En este sentido, no sólo se impedirá a ANV hacer política en el futuro, sino que también, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, se le incautarán sus bienes, ya que estos militantes vascos, son un peligro para la armónica vigencia de la constitución española, y además, un instrumento político de la banda armada.
Seguramente la determinación tomada por el Tribunal Supremo del Estado, a la cual, podemos calificar como antidemocrática y violatoria de la soberanía popular, será arropada por el nacionalismo constitucional español (PSOE, PP), quienes solicitarán su inmediata ejecución, con el fin de desalojar ANV del Parlamento vasco, de las alcaldías, como así también, de los 400 Concejales que la agrupación política vasca posee en la Comunidad Autónoma Vasca y de los casi 100 concejales que representan a ANV en los municipios de Navarra.
Es esta medida un eslabón más, en la larga cadena de prohibiciones que el Estado español, de acuerdo a sus leyes, que no son las del pueblo vasco, lleva adelante. En tal sentido, el cierre de diarios, la ilegalización de formaciones políticas, la prohibición de la consulta prevista para el 25 de octubre, los juicios contra Udalbiltza, la dispersión de los presos vascos, y la limitación de los derechos elementales de ciudadanos y ciudadanas, son un claro ejemplo de lo antes afirmado. Ante la situación actual, es responsabilidad de todos los partidos políticos vascos, agentes sociales y sindicales, poner un freno al avance sobre Euskal Herria del nacionalismo constitucional español, y en este sentido, para vertebrar una estrategia, los lineamientos de Lizarra Garazi adquieren una vigencia insoslayable.
Prof. César Arrondo
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