El consejero compareció hoy ante el Parlamento Vasco para explicar sus planes para esta legislatura, que espera sea la de la creación de un consejo general del poder judicial vasco y el traspaso de la competencia sobre las prisiones.
Sobre los planes para esta legislatura, Azkarraga aspira a que sea la de la descentralización, de manera que "se reflexione y dé forma a un consejo judicial vasco".
Reclamó de nuevo la transferencia de las prisiones, señalando que "negar el traspaso es un ejercicio de hipocresía política", así como el acercamiento de los presos vascos al País Vasco, ya que "no hay argumentos para discutir que el alejamiento constituye una penalización innecesaria para el preso y su familia".
Sobre este asunto, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló en abril la orden del Gobierno vasco de ayudas a los familiares de presos, y el Gobierno vasco recurrió al Supremo, que todavía no se ha pronunciado. Azkarraga dijo hoy que "acataremos lo que dicte el Supremo", pero avisó que ajustará la normativa a la sentencia del Supremo y mantendrá las ayudas a los desplazamientos de las familias de los presos. Azkarraga inició su intervención mostrando su "compromiso con el respeto a todos los derechos humanos", y "el total apoyo a jueces, fiscales y secretarios" que trabajan en el País Vasco, "por su ejemplar profesionalidad". El consejero explicó que actualmente hay una "estabilidad de los jueces en el País vasco. Así, el porcentaje de jueces que concursan para su traslado fuera de Euskadi es similar al de otras comunidades como Cataluña", y las razones para pedir el traslado son las de vuelta a sus lugares de origen o promoción profesional.
Incluso, agregó el consejero, "algunos que se fueron hace tres años", tras el asesinato del magistrado Lidón, han retornado al País Vasco o están a la espera de hacerlo. "Lo que ocurre es que ahora apenas tenemos vacantes" para que regresen, explicó Azkarraga.
Deia
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