El señuelo de la cosoberanía

Gara

Si en algo coincidimos todas las fuerzas políticas, con la excepción del Partido Popular, situado desde hace tiempo fuera de los márgenes del funcionamiento político y democrático, es que nuestros discursos tras las últimas elecciones giran en torno a las oportunidades que se abren para alcanzar la paz y la normalización política. Se habla tanto de paz y normalización, que incluso han desplazado del debate político al que fuera tema central de la pasada campaña electoral, el nuevo marco jurídico-político de relación con España. No obstante, ambas cuestiones están más ligadas de lo que parece.

En todo caso, para nosotros hay que distinguir los conceptos de paz y normalización, conceptos entrelazados sí, pero que no son lo mismo. Nuestra sociedad percibe que el periodo que se abre es un periodo de esperanza para lograr que ETA deje de una vez por todas de ejercer la violencia, algo básico y absolutamente necesario. Para ello han de abrirse los cauces de diálogo que sean necesarios (así se establece en la resolución aprobada en el Congreso de los Diputados, con el único rechazo del Partido Popular), y se han de dar los movimientos necesarios, por ejemplo en cuestiones como acercamiento de presos, derogación de la Ley de Partidos, etc.

Llegada hipotéticamente esta situación de dialogo técnico para cese de violencias, es cuando no podemos olvidar que también tenemos que llegar a una situación de normalización política, pues de no lograr un acuerdo en esta cuestión, seguirían latentes los problemas en cuya raíz continuaría levantándose el conflicto político histórico de esta tierra.

Con los intentos de confundir a la ciudadanía en cuestiones como la definición de los conceptos, claros por otro lado, de independencia, soberanía y co-soberanía (solo posible si se parte de una situación de plenitud), corremos el riesgo de creer que el cese de la violencia, junto con algunas zanahorias como puedan ser el cumplimiento íntegro del Estatuto, y alguna otra concesión graciosa (se me ocurre, por ejemplo, un aumento relativo de presencia del Gobierno Vasco en la toma de decisiones ante los órganos de la UE) van a servir para dar por cumplidas las pretensiones legítimas y justas de este pueblo.

Es tanta la necesidad de paz que tenemos, que a más de uno puede llevarle al equívoco de pensar que la desaparición de ETA, junto con algunos conejos que pueda sacar de la chistera el PSOE con la connivencia de otras formaciones (reforma estatutaria y poco más), equivale a llegar a una situación de normalidad política.

Para Eusko Alkartasuna, el objetivo clave del momento cuyos albores vivimos es precisamente lograr la normalización política, pero para ello tenemos que definir con claridad que es lo que entendemos por normalización. En mi opinión la normalización política implica necesariamente llegar a una situación tal que suponga que se dan las condiciones objetivas para que cualquier proyecto político, si tiene el respaldo de la mayoría de la ciudadanía, pueda llevarse adelante, se pueda hacer realidad.

Hoy por hoy, es claro que, con la actual arquitectura jurídica y administrativa que han diseñado la constitución española y posteriormente el llamado bloque de constitucionalidad, existe una imposibilidad clara para que pueda materializarse en la práctica un proyecto político independentista como es el que defiende Eusko Alkartasuna, que pretende la conformación de un estado, de una república, en el seno de la Unión Europea. La única salida que hoy por hoy tendría una mayoría social independentista sería mediante un proceso rupturista, con unas implicaciones en todos los órdenes difíciles de cuantificar a priori.

En consecuencia, para evitar un quebranto como el señalado, tenemos que ser conscientes, y sobre todo las formaciones nacionalistas españolas han de ser capaces de llegar a reconocer que la única posibilidad, para que podamos hablar de normalización política, entendida como existencia de condiciones para materializar cualquier opción política si es mayoritaria, tiene que haber un reconocimiento jurídico formal y explícito del derecho que este pueblo tiene a decidir su futuro.

No hacerlo sería condicionar cualquier solución a que quienes nos sentimos abertzales renunciemos a nuestras convicciones legítimas. Nosotros no pedimos a las fuerzas constitucionalistas que renuncien a su modelo de estado, y tampoco queremos imponer antidemocráticamente nuestra idea de un estado independiente en Europa a quien no opina así. Lo único que pedimos es que si la mayoría de este pueblo quiere conformar una república vasca en Europa, esa voluntad mayoritaria expresada en libertad pueda llevarse adelante. Pero eso pasa necesariamente por consultar a este pueblo, y por respetar el resultado de esa consulta que reclamamos. Nosotros nos comprometemos a respetar ese resultado, y pedimos a las formaciones nacionalistas españolas que se comprometan también a respetarlo. Eso es democracia, y lo demás son ganas de confundir. Esas son las reglas que todos tenemos que aceptar, que son las que subyacen en el preámbulo y en el título preliminar de la propuesta de nuevo Estatuto Político.

Finalizo indicando algo obvio; son los partidos que representan la sensibilidad nacionalista española quienes más se tienen que mover en este asunto, pues es su modelo de estado el que de facto impera y se mantiene desde hace más de un siglo, a pesar de que quizás no sea el mayoritario según se desprende de los apoyos políticos de las formaciones nacionalistas vascas y de los últimos estudios sociológicos.

Unai Ziarreta - Secretario general de Eusko Alkartasuna