Azkarraga reafirma las ayudas a familiares de presos aunque asumirá la decisión judicial

Deia
Propiciar medidas para que los presos internos en las cárceles de fuera de Euskadi puedan mantener el contacto con sus allegados. Es uno de los objetivos que se marca el Departamento de Justicia del Gobierno vasco para los próximos cuatro años. Una legislatura que, según confía el consejero Joseba Azkarraga, será la del traspaso de las competencias de política penitenciaria y dará forma al Consejo Judicial Vasco.

Mientras, el Ejecutivo vasco se compromete a mantener las ayudas a los familiares de los presos vascos, habilitadas para financiar los desplazamientos para visitar a quienes cumplen condena fuera de la Comunidad Autónoma Vasca. El titular de Justicia realizó estas declaraciones en la presentación de las líneas de trabajo de su Departamento ante la Cámara vasca.

Unas palabras que explican la postura de Lakua ante la anulación de las subvenciones por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Al entender que existe una invasión de competencias del Estado, este órgano judicial optó por anular las ayudas el pasado mes de abril. Una decisión que ya ha sido recurrida por el Gobierno vasco, a la espera de la decisión última del Tribunal Supremo.

«Acataremos la sentencia del Supremo en todos los casos», adelantó Azkarraga a este respecto, si bien puntualizó que «ajustaremos la normativa para que se adecue siempre a a la legalidad».

No obstante, quiso subrayar que el TSJPV «ha dejado claro que el programa de ayudas no pone en peligro alguno la política antiterrorista del Gobierno del Estado». Se trata de ayudar a las familias en situación de debilidad económica «que se han visto obligadas a los gastos extraordinarios que originan los traslados para mantener el contacto con sus allegados en prisión», aclaró el consejero.

Traspaso de competencias

Unas medidas que van en consonancia con el objetivo de «humanizar» la política penitenciaria asumido por el Ejecutivo vasco. En este contexto, Azkarraga insistió en subrayar la necesidad de que Madrid transfiera la citada competencia.

«Negar el traspaso es un ejercicio solemne de hipocresía política», sentenció, al tiempo que destacó que el Gobierno vasco «está preparado» para asumir la competencia «hurtada» por los diferentes ejecutivos en Madrid.

No en vano, adelantó que el Departamento vasco de Justicia ha concluido el proyecto de modelo propio de política penitenciaria, que será presentado al Parlamento próximamente. «Nos hemos puesto en contacto con la realidad penitenciaria de distintos países, hemos dialogado con las diversas administraciones y se han realizado estudios, análisis e informes», puntualizó.

Como conclusión, el consejero de Justicia destacó que «nuestro modelo es puntero y está respondiendo con solvencia a las necesidades». Un extremo que, a su juicio, «demuestra la importancia del autogobierno en beneficio de los ciudadanos».

Desde la oposición, ni PSE-EE ni PP se refirieron al traspaso de competencias. Sí que hicieron alusión, en cambio, a la intención del Gobierno de mantener las ayudas a los familiares de los presos desplazados. «Le da igual lo que diga el Supremo, buscará cómo burlar la sentencia», criticó el "popular" Leopoldo Barreda, para quien «hay una obsesión en el Gobierno vasco por privilegiar la relación con el colectivo de presos de ETA».

Por su parte desde las filas socialistas, Emilio Guevara acusó a Joseba Azkarraga de «hacer ideología». «Cuando al consejero le gustan las resoluciones judiciales dice que la justicia funciona bien y, cuando no, dice que los magistrados están al servicio del Gobierno», espetó.