Navarra y la Transitoria Cuarta

Carlos Garaikoetxea Urriza
Mucho se viene hablando últimamente de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución que establece el procedimiento a seguir en Navarra para la eventual participación en una autonomía común con el resto del País Vasco, pero, seguramente, serán muchos los que desconocen la forma en que se pactó esta disposición en el período constituyente de la transición y la razones que justificaron aquel difícil acuerdo que hoy quieren romper, especialmente UPN y PP (también el PSN ha tenido sus veleidades), partidos que se consideran herederos de quienes participaron en aquel consenso. Como es sabido, la famosa disposición, en síntesis, establece que la eventual participación de Navarra en un marco de autogobierno vasco común deberá ser refrendada por la mayoría de los navarros en referéndum, a propuesta del Organo Foral Competente.

Bastaría, precisamente, el tenor literal de la disposición para desmentir ese alarmismo que arteramente se está creando en torno a una posible negociación a espaldas de Navarra, porque nada podría negociarse contra la voluntad de la mayoría de los navarros y de sus máximos representantes, según dispone la Transitoria Cuarta, que además señala que tal iniciativa sólo podrá plantearse transcurridos períodos mínimos de cinco años (de ahí que se trate de una transitoriedad sui géneris, de vocación duradera, que quizá habría merecido una mejor sistemática legislativa).

Pero me parece especialmente importante subrayar aquí dos aspectos que deben tenerse en cuenta, a la vista de esa obsesión de la derecha por hacer desaparecer una disposición que se limita a remitirse a la voluntad democrática de los navarros para decidir sobre una cuestión en la que, guste o no guste, en Navarra coexisten dos opciones legítimas contrapuestas: la de los que quieren una Navarra organizada políticamente de forma diferenciada de otros territorios vascos, y la de los que pensamos que Navarra es, precisamente, el territorio histórico con mayor carácter y rango histórico e institucional para encabezar un marco político común de todos los vascos, la Vasconia primigenia.

Para quien considere irrelevantes estas dos visiones de Navarra, repito, legítimas, merece la pena recordar que vienen de antiguo. Ya en 1868 era la Diputación navarra la que se dirigía en mensaje solemne a las diputaciones vascongadas, instándoles a «asociarse en la más íntima unión» invocando razones de tradición, cultura, idioma, etc...; y cada vez que se ha planteado un marco de autogobierno en el último siglo, han comparecido ambas tendencias. En el Estatuto de Estella de 1931 triunfaba la opción «pro-vasquista», posteriormente derrotada en la controvertida Asamblea del Teatro Gayarre, tras las modificaciones exigidas por la República. Cuando, tras la dictadura, se vuelve a plantear la cuestión del Estatuto vasco, se reproduce en Navarra esa doble opción, que inicialmente aparece equilibrada cuando el PSN (entonces integrado en el PSE) firma, incluso, el llamado Compromiso Autonómico para un Estatuto Común con los nacionalistas vascos, y pierde por poco las primeras elecciones en Navarra (la habitual clarividencia del autodenominado MLNV contribuyó a la victoria de la de-recha con su ausencia en las urnas, y su repudio de la única opción realista para un estatuto común, en la reciente historia).

Pero con el cambio del PSOE o sin él (también la derecha cambió en 1932), con una mayoría exigua o más amplia, como la actual, de la opción favorable a una autonomía diferenciada de Navarra, la realidad política de Navarra requería que un sector minoritario, pero no irrelevante, no podía quedar sin vías legales expeditas para poder defender democráticamente su opción «vasquista», y esto fue resuelto racionalmente en una de las más difíciles negociaciones a las que he podido asistir. Se trata de un importante consenso que hoy se quiere romper, y en el otro aspecto que deseaba subrayar.

En 1978 mantuvieron en la Presidencia del Gobierno una maratoniana negociación, una representación del máximo nivel del Gobierno Español y su partido UCD encabezada por el Vicepresidente Abril Martorell, con Lavilla, Herrero de Miñón, etc., y la participación cualificada de Navarra, entre otros por Del Burgo; otra representación del PSOE, encabezada por Enrique Múgica, (a la sazón miembro de la troika dirigente con Felipe y Guerra), junto con Benegas, Urralburu etc.; y otra representación del nacionalismo vasco que yo mismo compartí con Ajuriaguerra y Aguirre. La pretensión inicial del partido del Gobierno, evidentemente a instancias de la representación navarra, fue que se necesitara una mayoría en referéndum de tres cuartas partes de los votantes navarros, mayoría que pronto redujeron a dos tercios, para optar por un estatuto vasco común. Tras interminables discusiones en las que hicimos ver lo irracional de pretender que un 34% de la población tuviera a raya al 66% de la misma, se aceptó nuestra propuesta de un referéndum de la mayoría de los votos válidos emitidos. El último obstáculo vino constituido por la pretensión de UCD y PSOE de que la consulta sólo se pudiera realizar una vez y para siempre. Finalmente se acordó que sólo se pudiera replantear en períodos razonables mínimos de cinco años.

Este fue uno de los consensos más laboriosos que me correspondió negociar con los dos partidos hegemónicos españoles de la época, con sus representantes navarros incluidos. Naturalmente fue repudiado por los extremismos de ambos lados. Pero, al margen de constituir una salida racional, democrática y, ante todo, respetuosa con la voluntad de los navarros, para una opción alternativa de autogobierno, (la única que históricamente se ha venido planteando), la ruptura de aquel consenso plasmado en la Transitoria Cuarta y el llamado «blindaje», es decir, el cierre de una vía democrática a una aspiración permanente de un sector importante de la población navarra, constituiría una tropelía de consecuencias imprevisibles, sólo subsanable y mejorable, claro está, por un reconocimiento inequívoco de la capacidad de los navarros para optar libremente por cualquier forma de organizar su autogobierno en el futuro, solos o acompañados por quien deseen. -