Gara
Joseba Azkarraga compareció ayer en la sede de la Presidencia del Ejecutivo autonómico para hacer público el posicionamiento de Lakua ante la sentencia del 18/98, sobre la que dijo que «hiere la democracia» y puede «abrir un agujero de excepción y un sumidero de garantías».
«Este Gobierno no puede permanecer en silencio cuando ve cómo las leyes penales y su interpretación son retorcidas con la consecuencia de privar injustamente a ciudadanos de su libertad», señaló. El tripartito considera que la resolución de la Audiencia Nacional española ratifica la teoría desarrollada a lo largo del macrosumario e «ignora de forma preocupante la exigencia de aportar suficientes elementos de prueba como para destruir la presunción de inocencia».
Lakua sostiene que es «una lectura política» decir que «todo es ETA», y que esa conclusión «nos sitúa ante una nueva terminología jurídico-penal, derivada de una clara presión política y que hace tabla rasa de categorías penales». No obstante, Azkarraga expresó su esperanza de que las instancias judiciales que puedan revisar la sentencia examinen el caso «sin ataduras» y con «imparcialidad».
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