Deia.- El Parlamento Vasco aprobó ayer una iniciativa en la que rechaza la Directiva de Retorno aprobada por el Parlamento Europeo por considerar que es "racista y xenófoba" y porque "vulnera los derechos humanos fundamentales". La Cámara vasca debatió dos proposiciones no de ley, una de EHAK y otra del tripartito (PNV, EA y EB), en las que solicitaban que el Parlamento expresara su oposición a la Directiva de Retorno que aprobó el Parlamento Europeo en junio de 2008, que posibilita la retención de inmigrantes sin papeles durante 18 meses y admite la expulsión de menores no acompañados, entre otros aspectos.
Finalmente, el tripartito, EHAK y Aralar, tras un receso del pleno, transaron una iniciativa conjunta que fue la que se votó y que contó con el respaldo de dichos grupos y la oposición del PP y PSE.
En la proposición aprobada, la Cámara vasca muestra su "más enérgica oposición" a la directiva porque "penaliza y criminaliza a un colectivo de personas cuyo único delito es llamar a la puerta a los países más desarrollados en busca de empleo y unas condiciones de vida dignas a las que también tienen derecho".
El Parlamento entiende que la Directiva constituye una "vulneración grave de los derechos humanos fundamentales" y critica que la UE se suma por esta vía a las corrientes de opinión y actuaciones "más racistas y xenófobas".
Asimismo, la Cámara insta a todas las instituciones vascas, formaciones políticas y al conjunto de la ciudadanía a que creen grupos de trabajo para minimizar las consecuencias de la aplicación de esta directiva por parte del Gobierno y que hagan público en su ámbito competencial su negativa a secundar la normativa.
La propuesta aprobada también pide a los países miembros de la UE que reconsideren el contenido de la directiva y solicita al Gobierno español que pacte la política de inmigración con las comunidades autónomas.
Gema Zabaleta (PSE) acusó al tripartito de despachar un trabajo de más de tres años de la UE con un texto "panfletario" y subrayó que la directiva "obliga a los países con menos garantías pero no coarta garantías y libertades de otras naciones", "combate el tráfico de seres humanos" y no significa "ningún menoscabo" para los derechos de los inmigrantes en España.
Juan Porres (EA) señaló que siente "vergüenza irritación y tristeza" por esta normativa que "debilita a los más débiles" y supone una "regresión" de los derechos humanos, mientras que Gema González de Txabarri, del PNV, grupo que se abstuvo en el Parlamento Europeo en la votación de esta directiva, calificó la ley de "racista y contraria a los Derechos Humanos".
José Miguel Fernández (EB) aseguró que esta directiva "se carga la Constitución española" y va contra la Ley de Extranjería, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, la ley orgánica de Protección Jurídica del Menor y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Aintzane Ezenarro (Aralar) recalcó que la normativa europea hace pasar a los inmigrantes "de ser sujeto a ser objeto y de convertir a los inmigrantes en ciudadanos de segunda clase".
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