El Tribunal Supremo ha ordenado que la bandera española deba ser colocada en los frentes de los edificios de gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, en esta oportunidad en el Parlamento vasco. Cabe recordar, que hace 25 años que la norma está vigente y que no se cumple. Las fuentes indican, que el Tribunal Superior se ha apoyado en lo establecido en la Constitución española, la cual los vascos no votaron afirmativamente, como así también, en una ley de comienzos de la década del 80, aprobada en Madrid.
No hay dudas, que esta actitud forma parte del constante avance del nacionalismo español sobre Euskal Herria, cuyo único fin, es lograr aumentar la crispación política, como lo vienen haciendo a partir de otras medidas jurídico-políticas y leyes de excepción, que se elaboran y aprueban en el Estado, para ser puestas en practica en los Territorios Históricos vascos.
Es difícil hablar sobre legalidad, en una Nación sin Estado, donde sus ciudadanas y ciudadanos no pueden ejercer el derecho a decidir, como así también, elegir libremente que futuro desean como sociedad y Nación. La bandera española resulta ajena al sentimiento del pueblo vasco, mientras que la Ikurriña ha sido aceptada como la enseña que identifica a la Nación vasca.
Sería más oportuno, que desde Madrid pusieran energía en diseñar una política que ponga fin al conflicto político vasco y permitir a los ciudadanos y ciudadanas que forman parte de ese milenario pueblo la posibilidad de construir un futuro soberano, para poder vivir en adelante: sin ETA, sin GAL, sin Tortura, sin violaciones a los Derechos Humanos y sin imposiciones. En tal sentido, le corresponderá a este pueblo como sujeto de derecho elegir cual será la bandera y lo demás símbolos que deberán engalanar sus edificios públicos al ser representativos de Euskal Herria.
Prof. César Arrondo
Universidad Nacional de La Plata
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