El Gobierno Vasco, haciéndose eco de los múltiples mensajes que hemos recibido, desea manifestar su indignación por la admisión a trámite de la querella presentada por el Foro de Ermua contra el Lehendakari por reunirse con representantes de la izquierda abertzale.
Es la primera vez en la historia en la que a un Lehendakari se le abre un proceso penal por defender la palabra y el diálogo.
Resulta gravísimo que la democracia española pretenda homologarse a las democracias europeas, cuando existen leyes que posibilitan que un Presidente de Gobierno pueda ser acusado de delito por el simple hecho de mantener encuentros con agentes políticos y personas que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos y deberes fundamentales, con el encomiable objetivo de consolidar un proceso de paz.
¿Dónde se ha visto que llevar a cabo un diálogo para conseguir la Paz esté penado por la Ley?
Es evidente que la responsabilidad última de muchas de las situaciones inadmisibles que estamos viviendo es de quien impulsó y aprobó una Ley de Partidos que constituye una aberración política y democrática.
Esta Ley, aprobada por el PSOE y el Partido Popular, es una Ley del pasado que no sirve para avanzar hacia el futuro de la Paz.
A juicio del Gobierno es un disparate mayúsculo imputar un delito y sentar en el banquillo de los acusados a quien se ha comprometido con la ciudadanía a impulsar el diálogo y que cuenta, además, con la confianza mayoritaria y democrática de la mayoría de la sociedad.
En este sentido, el Lehendakari representa en sus actos y decisiones al conjunto del Gobierno, por lo que todas y todos los miembros del Consejo nos afirmamos autoinculpados en esta causa absurda y sin sentido.
No es aceptable que se cuestionen en sede judicial las decisiones políticas de un Gobierno y de su Lehendakari destinadas a fomentar y practicar el diálogo con los representantes de las distintas sensibilidades de la ciudadanía.
Resulta inverosímil e inadmisible que un tribunal de justicia establezca cómo o de qué forma debe actuar políticamente el Lehendakari.
Ante la gravedad de esta situación, los partidos que apoyan al Gobierno nos han transmitido su decisión de solicitar la comparecencia urgente del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para que explique en el Parlamento de este país qué razones justifican la grave quiebra que se ha producido en el sistema de separación de poderes que sustenta el correcto funcionamiento de la Democracia, así como de sus continuas manifestaciones sobre las actuaciones políticas de las instituciones vascas.
Asimismo se solicitará su comparecencia para que explique la grave vulneración de los derechos fundamentales del Lehendakari en el ejercicio de sus funciones públicas, para las cuales ha sido elegido democráticamente por los ciudadanos y ciudadanas de este país.
El Lehendakari está sometido al Derecho y a la acción de los tribunales exactamente igual que todos los ciudadanos y ciudadanas.
Pero los tribunales no pueden establecer cómo un Gobierno y su Lehendakari han de ejercer su legítimo patrimonio de acción política, destinado a alcanzar la paz definitiva y a lograr acuerdos políticos entre las formaciones que representan a la sociedad. Precisamente a esto se le llama separación de poderes, un principio que se ha quebrado irresponsablemente.
Es oportuno también que la ciudadanía sepa que los tribunales debieran aprender a trabajar con más rigor y competencia, porque tres días después de que todos conozcamos que se ha imputado penalmente al Lehendakari, aún no se ha recibido notificación oficial alguna en la sede de la Lehendakaritza.
Por último, el Gobierno desea transmitir con serenidad y contundencia que vamos a utilizar todas las vías e instrumentos jurídicos a nuestro alcance, incluidos el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para desenmascarar la vergüenza jurídica que ha cometido el tribunal que ha dictado este auto judicial.
Sólo a través de un diálogo sin vetos y sin exclusiones podremos resolver los problemas y alcanzar un Acuerdo integrador y democrático que dé solución al conflicto vasco.
Vitoria-Gasteiz, 13 de junio de 2006
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