El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social ha comparecido hoy ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco junto a los Consejero de Interior, Javier Balza y al Consejero de vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo para presentar las líneas maestras del “Plan de Paz y Convivencia”; un plan que perfectamente podría haberse denominado “Política de derechos humanos del Gobierno vasco” porque, según ha dicho Joseba Azkarraga, “es una propuesta del Gobierno Vasco a toda una sociedad”. Para su redacción se han tenido en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, tanto oficiales como no gubernamentales. Según ha precisado Joseba Azkarraga, el propio subtítulo del plan: “Hacia una sociedad reconciliada, construida sobre la memoria a las víctimas, la justicia y el respeto a los derechos humanos”, indica que “estamos ante cuestiones que no admiten oportunismo ni pueden plantearse cabalmente sin una vocación estructural, de largo plazo”.
El conjunto del plan trasluce un programa en fases con el objetivo final de la reconciliación. “Todos convendremos en que la memoria, la justicia y los derechos humanos son retos permanentes de esta sociedad; retos que exigen un trabajo inasequible al desaliento y que no cabe sacrificar a una u otra coyuntura”, ha destacado el consejero.
Azkarraga ha subrayado que el Plan en el que ha participado activamente el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, podría ser válido para cualquier país democrático que creyera en los derechos humanos, y ha añadido que “estamos convencidos de que también contribuirá a facilitar la superación del macro-conflicto que atraviesa la convivencia en nuestro país”.
“Es una política a realizar aunque no existiera la violencia terrorista u otro tipo de manifestaciones dramáticas de violencia ilegítima”, ha añadido. “El Gobierno Vasco siempre ha defendido que la paz es algo más que la ausencia de violencia. Creemos en una paz con justicia que debe existir al margen de coyunturas, al margen de que se haya declarado un alto el fuego permanente”.
El consejero ha reconocido también que la decisión de la organización armada terrorista ETA “es un dato insoslayable que repercute directamente en el diagnóstico sobre el mapa de transgresiones de derechos humanos, y nos adentra, querámoslo o no, en lo que en el ámbito internacional se denominan procesos de paz y resolución de conflictos”.
Antes de detallar las medidas que contempla el Plan, el consejero ha expresado las dificultades propias de la coyuntura política en que se proyecta “consciente –ha dicho- de las dificultades para alcanzar y ampliar consensos en materias tan delicadas. Igualmente, ha subrayado su “carácter abierto” y su “vocación estructural”, ya que “es una propuesta a largo plazo que orienta sus medidas para posibilitar que se neutralicen todo tipo de transgresiones de los derechos humanos”.
Medidas del Plan
El Plan de Paz y Convivencia sitúa, junto a las actuaciones relativas a las víctimas del terrorismo, otras intervenciones en materias como la recuperación de la memoria histórica y la reparación de las víctimas del franquismo, el estado de los derechos civiles y políticos o, particularmente, la situación de las personas detenidas o presas. “Somos conscientes de la dificultad de lograr consensos en la pluralidad de materias que vienen ocupando el centro del debate político vasco durante décadas. Por ello, el plan presenta una propuesta de trabajo abierta a las aportaciones y a la ampliación de consenso”.
Del conjunto de medidas que contempla el Plan, en cuya elaboración han participado también otros departamentos del Gobierno Vasco, el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social ha centrado su exposición en los que forman parte de su ámbito de responsabilidades. Así, y a través de la Dirección de Derechos Humanos, el Departamento extiende su principal responsabilidad en dos bloques del Plan: el relacionado con la promoción de derechos humanos y educación por la paz (primer y último eje), y el que se centra en las problemáticas concretas del estado de las libertades civiles, políticas y situación penitenciaria (ejes 4 y 5).
El primer eje hace referencia a la defensa y promoción de todos los derechos humanos. De él el consejero ha dicho que “es el punto de partida que debería poder concitar el consenso de todos”.”Debemos planificar nuestra contribución a la promoción y difusión de los derechos humanos directamente en relación y conexión con las redes internacionales. Resulta insolidario pensar sólo en nuestros problemas como si las generaciones de derechos humanos que afectan a otros ciudadanos no fueran con nosotros”.
En este apartado se establece una triple línea de actuación: política de fomento que potencie proyectos de derechos humanos; creación de una estructura institucional interna que pueda ser el interlocutor directo con las organizaciones sociales; y apertura a las redes internacionales de la estructura institucional en materia de derechos humanos (Convenios permanentes de colaboración con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, o con el Consejo de Europa; o potenciar la actividad de la red europea de prevención de conflictos)..
Por otro lado, el eje final marca Un camino por recorrer: La educación para la paz y la convivencia. La reconciliación. Al igual que en el primero de los ejes, las medidas se reconducen, en clave de índole preventiva, a la creación de una estructura permanente que permita a las nuevas generaciones crecer y formarse con una sana conciencia de la importancia, centralidad y verdadero significado de lo que representa la asunción de los derechos humanos como piedra angular del edificio social.
Algunas medidas relacionas con este apartado son el impulso del Plan interdepartamental de Educación para la Paz, y la firma de convenios con los medios de comunicación. “más allá de la estructura, este eje revela una voluntad de caminar hacia la reconciliación mediante un modelo que parte de la memoria, la reparación y la justicia”, ha destacado Azkarraga, para quien “no cabe una política efectiva de educación para la paz si no somos capaces de ir pactando las verdades parciales de las que sepamos sacar conclusiones y adoptar la determinación social y moral de no repetir errores, omisiones, o falsos relativismos”.
“En materia de víctimas del terrorismo se ha recorrido un camino que tiene reflejo en esa política de educación para la paz. El reto pendiente es ir ampliando y extendiendo los contenidos concretos que todavía nos dividen y nos llevan a lecturas diversas de la realidad e, incluso, a negar transgresiones de derechos fundamentales, igualmente rechazables y necesitadas de intervenciones preventivas”.
Los ejes 4 y 5, que conforman el segundo bloque en el que interviene directamente el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, se refieren a la Defensa de las libertades y la recuperación de los derechos civiles y políticos, y a La prevención de la tortura y el respeto de los derechos humanos de las personas presas y detenidas.
“Al abordar las iniciativas en estos ejes partimos del diagnóstico de que el Estado de Derecho no puede permitirse el lujo de activar políticas punitivas que desconozcan las garantías básicas de los ciudadanos sin perder su legitimidad y su grandeza moral”, ha significado el consejero.
Las medidas que se plantean en este segundo bloque persiguen elevar la tensión de vigilancia en áreas críticas como la normativa penal o procesal penal antiterrorista, la legislación de partidos, la política penitenciaria o la prevención de la tortura. En este sentido, el Plan propone un esquema de intervención que aspira a elevar los controles mediante la elaboración de informes independientes que acrediten qué aspectos de la legislación penal, procesal penal o penitenciaria resultan en flagrante contradicción con derechos humanos esenciales, sea en su diseño o en su aplicación.
Se proponen también multitud de seminarios en los que comparar nuestro marco jurídico y nuestras prácticas con lo que en estas materias se desarrolla en otros países europeos de nuestro entorno.
CONCLUSIONES
1. El plan de paz y convivencia, quiere trabajar para la reconciliación pero sin precipitaciones.
2. Es una propuesta a largo plazo que orienta sus medidas para posibilitar que se neutralicen todo tipo de transgresiones de los derechos humanos.
3. Las necesidades de reconocimiento, reparación y justicia guían la propuesta con un planteamiento estructural y consciente de que la coyuntura debe aprovecharse sin quiebra de principios esenciales.
4. Se trata de un plan abierto a la contribución de todos ustedes porque entre todos deberemos acertar en la difícil tarea de dar a cada problema su justa solución.
5. Nuestra respuesta debe apostar por una resolución justa de los sufrimientos injustos. Para ello, el Plan propone una Paz y Convivencia con justicia que se traduzca en minimizar las violencias ilegítimas y maximizar los derechos.
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