DEIA.- El Gobierno vasco reclamó ayer el respeto de los derechos humanos de los presos y el fin de la política penitenciaria «vengativa» del Gobierno español, al que acusó de «recortar» los derechos civiles «al amparo de determinadas iniciativas legales y políticas». Además, solicitó la resolución del «conflicto político» de Euskadi y el reconocimiento de «todas las víctimas» para superar las «dificultades» del proceso iniciado con la tregua de ETA.
A través de una declaración institucional leída por el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, con motivo del LVIII Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se celebra hoy, el Ejecutivo vasco reclamó la «implicación profunda» de la sociedad vasca en favor de los derechos humanos de «todas las personas».
El gabinete de Juan José Ibarretxe consideró que los ciudadanos vascos deben tener una «militancia activa» en favor de los derechos humanos de «todas las personas». Esta actitud, según consta en el documento leído por Azkarraga, «supone la condena de la violencia y exige, también, el respeto de los derechos humanos de las personas detenidas y la denuncia, sin complejos, del recorte de derechos civiles al amparo de determinadas iniciativas legales y políticas impulsadas desde el Estado».
El Ejecutivo considera que la actualización de los Derechos Humanos en Euskadi «pasa por una reivindicación consecuente, hasta el final, del derecho a la paz de la sociedad vasca». El tripartito estima que la Declaración Universal y su evolución a través del derecho internacional de los derechos humanos «están reclamando en nuestra tierra mensajes nítidos para toda la sociedad».
Ante esta situación, reclama el fin de las «amenazas, los daños a las personas o bienes y de la tortura en cualquier lugar del mundo». El Gobierno vasco también pide que se acabe con la dispersión de presos de ETA y con una política penitenciaria «vengativa». «No más delitos de opinión. No más restricciones de los derechos civiles y políticos», continúa el texto.
El Ejecutivo solicita «verdad, justicia, memoria, reconocimiento y reparación para todos los sufrimientos injustos» y recuerda que éstos no han de ser «mezclados ni comparados», pero que tampoco hay que olvidar «ninguno» de ellos.
Según consta en la declaración, el camino hacia la paz y la convivencia debe articularse en torno a un eje «fundamental»: el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos.
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