EITB24.- Unos 150 juristas han suscrito un manifiesto en el que exigen la derogación de la legislación y la normativa excepcional en materia de terrorismo, como la ley de partidos, y el acercamiento de los presos, "en cumplimiento de la legalidad vigente".
En la rueda de prensa de presentación del manifiesto, el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha apostado por "la recuperación de la legislación ordinaria penal y administrativa" ya que "no puede aplicarse la ley de partidos en un contexto radicalmente distinto al de 2002".
Este es uno de los pilares del manifiesto "Iniciativa jurídica por la defensa de un proceso de paz", impulsado por la Asociación Catalana por la Defensa de los Derechos Humanos (ACDDH) y la Asociación Catalana de Juristas Demócratas (ACJD) y que cuenta ya con el apoyo de cinco entidades más y 150 personas del ámbito jurídico como magistrados, abogados, catedráticos y profesores de derecho.
Otro aspecto relevante del texto es una petición a todos los jueces para que "se enmarquen en la jurisprudencia consolidada y en el sentido común y no constituyan interpretaciones dirigidas a obstaculizar el proceso de paz en general y la reinserción en particular", ha explicado el ex fiscal.
Según Villarejo, existen incoherencias y acciones partidistas en la jurisprudencia, como por ejemplo en la aplicación de la liquidación patrimonial de las "herriko tabernas" por una supuesta vinculación con Batasuna, que el Tribunal Supremo dictó en octubre cuando "hacía un año que ya tenía en sus manos el informe pericial".
Asimismo, el ex fiscal anticorrupción se ha preguntado cómo es que, tras más de tres años sin ningún asesinato por parte de ETA, "no ha habido un gesto del Gobierno para acercar a los presos al País Vasco".
Para el ex fiscal, "no se trata de una concesión, sino una aplicación de la legalidad", ya que tanto la legislación nacional como internacional exige que los detenidos estén cerca de sus hogares.
El manifiesto se hará llegar próximamente al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; al lehendakari, Juan José Ibarretxe; al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado.
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