Columna del diario Clarín

Marcelo Cantelmi
El momento histórico que España vive hoy incluye dos conceptos centrales que demandan atención: "cautela" que pronuncia el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero y "permanente", que apunta ETA como atributo del cese del fuego que acaba de anunciar.

Aunque hubo dos antecedentes similares y fallidos que encabezaron Felipe González, en 1989, y José María Aznar, en 1999, el proceso que se ha abierto ahora tiene una especial singularidad. Lo que distingue esta experiencia es que, si bien se sostiene que la formación aún cuenta con 50 comandos activos y gran poder de fuego, su debilidad como estructura de presión es mucho más evidente que en el pasado.

A ese deterioro han contribuido una diversidad de elementos: la pérdida de apoyo al accionar terrorista como efecto de los atentados ultraislámicos del 11 de marzo de 2004 en Atocha; la mejor acción de las fuerzas de seguridad como consecuencia de esa vulnerabilidad; y, lo que ahora se sabe, el avance de negociaciones secretas para frenar la violencia.

Pero por encima de esas cuestiones, se alza el dato de la ausencia nítida de condiciones objetivas para continuar con la violencia. Y la noción, fortalecida a partir de la propuesta autonómica del presidente regional Juan José Ibarretxe, respecto a que esa violencia irracional conspira contra la resolución de la principal contradicción en este dilema que no es el terrorismo sino un antiguo choque de soberanías.

La cautela que esgrime Zapatero tiene el sentido de que este paso puede implicar el final de la organización terrorista. Pero la evolución del proceso puede a su vez ser imprevisible. No es extraño, aunque improbable, que se produzca, incluso, una ruptura en el grupo y surja un sector halcón renuente a bajar las armas.

El concepto de "permanente" que ETA le dio a su anuncio no alcanza a alejar el espectro de un eventual derrumbe de la esperanza que se ha montado. Permanente no es necesariamente definitivo.

Como en un juego de cajas chinas, lo importante quizá tampoco sea este escenario así descripto. La desaparición a sus ritmos pero eventualmente definitiva del terrorismo vasco tiene una implicancia política para España de niveles espectaculares.

Es claro que si se le retira el cencerro de la violencia a la discusión independentista, ésta alcanzará una jerarquía más compleja. Y demandará un debate que se deberá librar en otro tipo de contexto. Es mayoritaria la población vasca que repudia la violencia y que no acepta que sus reivindicaciones, anteriores por cierto a este fenómeno de terror de cuatro décadas, sean leídas como nacidas en la usina de ETA.

El ministro de Justicia del País Vasco, Joseba Azkárraga, le señaló a este columnista hace menos de un mes, que la tregua estaba en marcha, pero que con ello no se disipará el conflicto vasco. "Tenemos dos problemas en nuestro país (el vasco): el de la violencia que dura muchos años, y el problema político por la falta de reconocimiento del derecho de decisión de la sociedad vasca", sostuvo.

Azkarraga, y otros en su vereda, traducen la ecuación no en autonomía sino en independencia con la creación de una nación, que para ellos ya existe, con las 3 provincias vascas españolas, Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, más la región de Navarra y otras tres en el País Vasco francés: Lapurdi, Nafarroa Behera (Baja Navarra) y Zuberoa.

Ese es el extremo que una parte, y justamente no violenta, en el País Vasco aspira a que sea la meta de la discusión. Es decir llevando aún más allá de los límites la propuesta de Ibarretxe, rechazada por Madrid, pero que dejó sin discurso al terrorismo etarra.

El verdadero delicado conflicto vasco cruza así lateralmente la cuestión de la violencia y la supera. A partir de la negociación que saque del mapa a ETA, emergerá y deberá ser encarado de un modo que nunca antes fue planteado.

El escenario de una discusión sin el componente terrorista posiblemente se convierta en la mochila más difícil pero necesaria del paso negociador que, ahora se sabe, ha puesto en marcha Zapatero. El anuncio de la tregua ha sido un éxito propio para el líder socialista, de impacto tal que su más duro adversario, el responsable del Partido Popular, Mariano Rajoy, moderó el discurso y anunció que acompañará al Ejecutivo para que no se aborte esta chance de paz. Es evidente que cualquier actitud de sabotaje sería nefasta para quien lo intente en un país en el que, según las encuestas, 80% de la población respalda hoy que se negocie con ETA para que se desarme.

Son diversas, entonces, las cuestiones sobre la mesa. Los conservadores y parte de los socialistas no están dispuestos a una autonomía total de los vascos que se insinúa fuerte detrás de este capítulo. La derecha demanda, además, que quede clara la derrota de ETA en cualquier escenario cuestionando tanto la idea oficialista de un final "sin vencedores ni vencidos" como la alternativa de canjes en las negociaciones.

Pero algo está en movimiento ya. Un punto sería la relocalización en el País Vasco de los 544 detenidos de ETA repartidos por toda España. El fiscal general del gobierno en Madrid, Cándido Conde-Pumpido ha pedido ya a los jueces que evalúen la situación a la luz de esta tregua en un esfuerzo para que se evite la prisión inminente de Arnaldo Otegui, líder de Herri Batasuna, rama política de ETA, y que sería un interlocutor inevitable en un proceso de paz.

Son medidas con el sabor de un purgante para una parte no menor de España. Y que requerirá del gobierno socialista una habilidad de orfebre para mantener la estructura en equilibrio.